(SALTA) – (Por Diego Nofal).- La comisión de Legislación General del Senado de Salta advirtió que adherir sin reservas a la ley eléctrica nacional dejaría a 36 municipios y a Aguas del Norte sin el cobro de tasas en la factura de Edesa.
El debate por el régimen eléctrico expone una vez más la improvisación provincial porque la provincia busca excluir el artículo 71 de la ley federal para evitar responsabilidades solidarias y preservar la ley 8457. Los 36 municipios afectados y Aguas del Norte dependen de la factura de Edesa para cobrar tasas y servicios, y una decisión apresurada en el Senado podría generar un desfinanciamiento inmediato en comunas pequeñas.
El Gobierno provincial debería explicar con claridad qué parte de la ley nacional piensa aplicar y cómo garantizará la recaudación municipal sin cargar nuevos costos sobre los usuarios. La crítica tranquila a esta negociación no rechaza la adhesión a un marco federal, aunque exige que Salta defienda los intereses de sus municipios y que no acepte condiciones que profundicen las asimetrías.
Los senadores provinciales tienen la responsabilidad de analizar el impacto real de la ley eléctrica nacional y de no votar por presión del oficialismo sin medir las consecuencias sobre 36 pueblos. Aguas del Norte también quedaría expuesta si se prohíbe incluir tributos locales en la boleta eléctrica, porque perdería un mecanismo de cobro que hoy sostiene parte de su financiamiento operativo.
La provincia de Salta necesita una estrategia jurídica sólida y no una sucesión de parches que dejan a los municipios y a la empresa provincial en una situación de incertidumbre permanente. La ley eléctrica nacional tiene aspectos que merecen discusión, aunque el Senado de Salta no puede aprobar una adhesión sin estudiar el artículo 71 y sin escuchar a los intendentes de los municipios afectados.
Los vecinos de esos 36 pueblos no deberían pagar los costos de una negociación entre funcionarios provinciales y nacionales que no explica cómo se sostendrán los servicios municipales. El oficialismo provincial debe presentar un informe público sobre el régimen eléctrico y permitir que los intendentes expongan sus preocupaciones antes de que el Senado tome una decisión definitiva.
La crítica serena consiste en reclamar que Salta defienda a sus 36 pueblos con argumentos técnicos y no con improvisaciones que después se traducen en pérdida de recursos para servicios esenciales.
