(SALTA) – (Por Diego Nofal).- El Senado de Salta aprobó una reforma a la Carta Orgánica de la Capital que elimina la exigencia de contar con el título secundario completo para asumir como concejal, una decisión que merece un análisis sereno pero firme sobre el tipo de dirigencia que la provincia quiere construir. La medida, aprobada con media sanción, tira por tierra el trabajo de los convencionales municipales que habían incorporado este requisito como una condición elemental de idoneidad para legislar sobre los intereses de los vecinos. El argumento oficialista de que la exigencia «limitaba los derechos políticos» suena más a una excusa para nivelar hacia abajo que a una defensa genuina de la igualdad.
La comparación con la realidad cotidiana es inevitable y dolorosa. Mientras a cualquier joven o trabajador se le exige el analítico secundario para acceder al empleo más básico, a quienes aspiran a redactar las ordenanzas de la ciudad y administrar los tributos de los salteños se les allana el camino para hacerlo sin acreditar la educación obligatoria formal. Esta asimetría no es un detalle menor, es una señal de que la política provincial sigue priorizando la conveniencia de los dirigentes por encima de la calidad institucional.
La eliminación del requisito educativo no fue el único recorte. El Senado también borró los límites a la publicidad oficial, descartó la regulación de la duración de los mandatos y eliminó los artículos que buscaban reformar la estructura de los tribunales municipales. En conjunto, estas modificaciones configuran una reforma que fortalece al poder de turno y debilita los controles, un patrón que se repite con preocupante frecuencia en la legislatura salteña.
Quienes defienden la medida argumentan que el título secundario no garantiza la capacidad de un concejal. Es cierto, pero la educación formal tampoco es un adorno, es una herramienta básica para comprender los problemas complejos de una ciudad que requiere soluciones técnicas y no solo voluntad política. La idoneidad no se mide únicamente en años de militancia, también se construye con formación y conocimiento.
El proyecto pasó ahora a la Cámara de Diputados, que tiene la oportunidad de revertir este desacierto y devolverle a la Carta Orgánica un estándar mínimo de exigencia para quienes aspiran a gobernar la capital. La política salteña no necesita más atajos, necesita dirigentes preparados para enfrentar los desafíos de una ciudad que crece y se complejiza.
