(SALTA).- (Por Diego Nofal).- La decisión del Gobierno de Gustavo Sáenz de presentar un amparo con medida cautelar para levantar el paro de anestesistas revela la falta de herramientas de negociación de un Ejecutivo que prefiere judicializar los conflictos antes que resolverlos en la mesa de diálogo. La Fiscalía de Estado pidió a la Justicia Civil que suspenda la medida de fuerza que afecta las cirugías programadas en los hospitales públicos de la provincia.
El conflicto se remonta a mediados de octubre y se profundizó cuando los profesionales de los hospitales San Bernardo y Materno Infantil se sumaron a la protesta por falta de actualización en las prestaciones y por deudas que el Ministerio de Salud niega. La presentación judicial busca que la Asociación Salteña de Anestesia, Analgesia y Reanimación restablezca el servicio, pero no aborda las causas estructurales que originaron la medida.
El Gobierno provincial insiste en que no existe deuda y sostiene que los plazos de pago no están vencidos, mientras los anestesistas denuncian atrasos desde julio del año pasado y la falta de pago de agosto. Esta discrepancia de relatos expone la ausencia de una comunicación transparente y de un sistema de auditoría que permita dirimir el conflicto sin recurrir a los tribunales.
La Justicia terminó destrabando lo que la política no pudo resolver y fijó una tregua hasta el 30 de noviembre con una mesa técnica que sesionará entre el 16 y el 20 de ese mes. El acuerdo alcanzado en una audiencia encabezada por el juez Nicolás Postigo Zafaranich demuestra que el diálogo era posible, pero el Ejecutivo optó por la vía judicial antes de agotar las instancias de negociación directa.
La salud pública de Salta no puede quedar rehén de un pulso entre funcionarios y profesionales que deberían estar coordinados para garantizar la atención de los pacientes. El amparo es una salida legal, pero no resuelve el fondo del problema, que es la falta de una política de recursos humanos y de financiamiento sostenible para el sistema sanitario provincial.
Sáenz tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud de los salteños y de construir un ámbito de confianza con los trabajadores del sector. Judicializar cada conflicto es una forma de eludir el debate y de trasladar a los tribunales una responsabilidad que es eminentemente política y que requiere decisiones de fondo y no solo cautelares transitorias.
