(SALTA) – (Por Diego Nofal).- Matías Cruz, la Justicia de Salta y el Concejo de Rosario de Lerma exponen una decisión judicial que reabre un debate urgente sobre idoneidad, seguridad y responsabilidad pública en la provincia. El caso de Matías Cruz no debería leerse como una anécdota menor porque involucra conductas graves, decisiones judiciales controvertidas y efectos concretos sobre la vida institucional de Rosario de Lerma. La discusión pública debe centrarse en la protección de los ciudadanos y en la calidad de las autoridades que ocupan cargos de representación en el Concejo de Rosario de Lerma.
Un sociópata por definición es una persona que no muestra empatía por el otro y que tampoco respeta las normas sociales que sostienen la cohesión de una comunidad organizada. Esa descripción resulta pertinente para analizar el caso de Matías Cruz porque su conducta pública y vial contradice los mínimos deberes de cuidado que cualquier funcionario debería respetar. La política no puede convertirse en un refugio para personas que demuestran desprecio por la seguridad ajena y por las reglas más elementales de convivencia.
Matías Cruz fue expulsado del Concejo Deliberante de Rosario de Lerma después de protagonizar un hecho que demostró que no estaba capacitado para ejercer un cargo público. Su conducta también reveló que no estaba preparado para moverse entre personas socialmente adaptadas ni para asumir con seriedad las responsabilidades que su función pública exigía. La expulsión del concejal Matías Cruz apareció entonces como una respuesta política razonable frente a una conducta que afectaba la confianza pública y la seguridad de la comunidad.
El concejal dio positivo en un control de alcoholemia luego de evadirse del procedimiento y de poner en peligro su propia vida y la de todas las personas que circulaban por la ruta. Días antes de que la Justicia decidiera devolverle su cargo como concejal, lo encontraron conduciendo con casi cuatro gramos de alcohol en sangre, una cantidad inadecuada para manejar y potencialmente letal. Conducir bajo los efectos del alcohol no solo lo exponía a él mismo sino que además podía haber matado a cualquiera de los ciudadanos para los que legisla y a los que juró proteger.
La Justicia de Salta devolvió a Matías Cruz al Concejo Deliberante de Rosario de Lerma tras hacer lugar a un amparo que carece de asidero jurídico razonable y que desacredita aún más al Poder Judicial. Esa decisión resulta una locura institucional cometida por un poder judicial cada vez más cuestionado y sin contar el hecho de que la expulsión de un concejal es una cuestión política no judiciable. Quienes hemos estudiado derecho sabemos que la expulsión de un concejal pertenece al ámbito político y que los jueces de Salta parecen ignorar ese principio básico.
La decisión de la Justicia de Salta no solo rehabilita a Matías Cruz sino que también envía una señal peligrosa sobre la impunidad y la falta de consecuencias reales. Un concejal que condujo con casi cuatro gramos de alcohol en sangre y que evadió un control debería estar inhabilitado para representar a los vecinos de Rosario de Lerma. La sociedad salteña necesita autoridades confiables y una justicia que no premie conductas temerarias con la devolución de cargos públicos que exigen ejemplo y responsabilidad.
El caso de Matías Cruz debe servir para exigir controles más severos y decisiones judiciales coherentes con el riesgo que generan ciertas conductas públicas y privadas. La Justicia de Salta debe revisar sus criterios y entender que devolver un cargo a una persona que puso en peligro a otros no fortalece el Estado de derecho. El Concejo de Rosario de Lerma y la ciudadanía deben recordar que la representación pública exige empatía, respeto por las normas y una conducta intachable dentro y fuera del cargo.
