(SALTA).- El gobernador Gustavo Sáenz enfrenta una de las discusiones centrales de cara al próximo año: decidir qué obras tendrán financiamiento y cuáles deberán esperar. En el marco de la elaboración del Presupuesto 2027, el Ejecutivo provincial mantiene reuniones con intendentes para relevar necesidades de infraestructura y servicios, aunque la disponibilidad de recursos aparece como el principal condicionante.
La vocera del Gobierno provincial, Paula Benavides, confirmó que las consultas continúan con distintos municipios. Entre las localidades incluidas en esta ronda de encuentros figuran Molinos, Coronel Moldes, Rosario de la Frontera y Salta Capital. También se anunciaron reuniones con representantes de Orán.
La funcionaria reconoció que los pedidos de los municipios son numerosos, pero advirtió que los recursos tienen límites. Una definición que anticipa el escenario que deberá afrontar el Ejecutivo: no todas las demandas podrán convertirse en partidas presupuestarias ni todas las obras reclamadas tendrán garantizada su ejecución.
El proyecto de Presupuesto 2027 tiene prevista su presentación ante la Legislatura a comienzos de diciembre. Hasta entonces, el Gobierno deberá ordenar prioridades y establecer cuánto dinero destinará a infraestructura, servicios esenciales y asistencia financiera a los municipios.
Un presupuesto atravesado por la política
La discusión tendrá en cuenta el año electoral entrante. En ese contexto, la distribución de los recursos no solamente determinará el ritmo de las obras públicas, sino también la relación política entre el Gobierno provincial y los intendentes. De esta manera, Gustavo Sáenz deberá equilibrar tres necesidades: sostener el funcionamiento de los servicios públicos, responder a los reclamos de los jefes comunales y mantener un nivel de inversión que permita mostrar resultados de gestión.
Las reuniones regionales también permitirán observar qué municipios y departamentos consiguen mayor capacidad de negociación dentro del oficialismo. Los intendentes buscarán garantizar obras para sus localidades, mientras que el Ejecutivo tendrá que definir qué proyectos considera prioritarios.
Sin embargo, participar de las reuniones y presentar demandas no significa obtener financiamiento. La verdadera señal estará en el texto final del presupuesto, donde se podrá comprobar qué compromisos se traducen en recursos concretos.
Las áreas que concentrarán la disputa
Entre los sectores que deberán seguirse de cerca aparecen la infraestructura hídrica, la salud, la educación, el transporte y las rutas. Se trata de áreas con demandas acumuladas y necesidades que exceden, en muchos casos, la capacidad financiera de los municipios.
Otro punto clave será la asistencia económica a las comunas. En un contexto de restricciones presupuestarias, habrá que observar cuánto dinero prevé destinar la Provincia para sostener a los municipios y si esos fondos alcanzarán para atender sus obligaciones y necesidades.
La relación con el Gobierno nacional también será determinante. Buena parte de las obras de infraestructura dependen de transferencias, convenios o mecanismos de financiamiento federal. La continuidad o paralización de esos recursos puede modificar sustancialmente las posibilidades de ejecución.
