(SALTA).- (Por Diego Nofal).- El periodista Carlos Pagni señaló que el gobernador Gustavo Sáenz necesita un aval de la Corte Suprema para habilitar su reelección en Salta, donde la reforma constitucional estableció un máximo de dos mandatos para los gobernadores. Según el análisis de Pagni, Sáenz buscaría un tercer período y para eso requeriría que el máximo tribunal interprete la norma de manera favorable a sus intereses. La columna periodística también mencionó que el nombre de Ariel Lijo, actual ministro de la Corte, aparece vinculado a las gestiones del Gobernador para garantizar esa interpretación.
La crítica serena pero necesaria se centra en la contradicción entre el discurso de respeto institucional y la búsqueda de una habilitación judicial para perpetuarse en el poder. La Constitución de Salta establece un límite claro de dos mandatos y ese límite no es un obstáculo menor sino una garantía republicana que protege la alternancia y evita la concentración del poder. Si Sáenz quiere un tercer mandato debería impulsar una reforma constitucional que discuta el tema de manera transparente y no buscar un atajo judicial que vacíe de contenido la norma vigente.
La referencia de Pagni a la Corte Suprema y al juez Lijo introduce un elemento de preocupación institucional que trasciende la coyuntura electoral. La independencia del Poder Judicial es uno de los pilares del sistema republicano y cualquier gestión que busque influir en sus decisiones mediante vínculos personales o políticos constituye una amenaza para la calidad democrática. El Gobernador tiene derecho a aspirar a la reelección si la Constitución lo permite pero no tiene derecho a torcer la interpretación de la norma para satisfacer sus ambiciones personales.
La crítica tranquila pero firme también se dirige a la lógica de la perpetuación en el poder que se ha vuelto moneda corriente en varias provincias argentinas. Gobernadores de distintos signos políticos buscan mecanismos para extender sus mandatos más allá de los límites constitucionales y esa tendencia debilita la institucionalidad y desalienta la renovación política. Salta no es una excepción y la posibilidad de que Sáenz busque un tercer mandato es una señal de que la cultura política provincial sigue aferrada a las lógicas caudillistas que tanto daño le han hecho al país.
El Gobernador no ha confirmado públicamente sus intenciones de reelección y sería injusto atribuirle sin pruebas una estrategia judicial. Sin embargo las versiones periodísticas son lo suficientemente consistentes como para exigir una aclaración pública y transparente. La ciudadanía tiene derecho a saber si el Gobernador respetará el límite constitucional o si intentará sortearlo por vías indirectas. Esa claridad es indispensable para el debate electoral que se avecina y para la salud de la democracia salteña.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la responsabilidad de actuar con independencia y de no dejarse influir por presiones políticas de ningún signo. Si el caso llega a sus manos debe resolverlo con apego estricto a la Constitución provincial y a los principios republicanos que rigen el sistema federal. La ciudadanía debe estar atenta a ese proceso y exigir que la institucionalidad salteña no sea moneda de cambio de ambiciones personales.
