(SALTA).- (Por Diego Nofal).- El cierre de las mesas regionales encabezadas por el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, junto a intendentes y legisladores de Anta, Iruya, Santa Victoria y Los Andes busca proyectar una imagen de federalismo interno que rara vez se traduce en equidad real. Aunque el Ejecutivo provincial presenta estos seis encuentros territoriales como un ejercicio ejemplar de participación, la distribución efectiva de los recursos en Salta continúa fuertemente centralizada.
La experiencia de años anteriores demuestra que los listados de obras y prioridades elaborados en estas reuniones previas suelen sufrir severos recortes o postergaciones indefinidas una vez que se aprueba la ley de leyes. Muchos jefes comunales del interior profundo asisten a estas convocatorias sabiendo que su margen de negociación frente al poder central es mínimo y que dependen de la buena voluntad oficial para subsistir.
Resulta particularmente sensible la situación de departamentos postergados, donde las carencias en caminos, conectividad y servicios básicos arrastran décadas de promesas incumplidas. Escuchar los reclamos de sus representantes es apenas el primer paso de una obligación institucional que solo se honra cuando las partidas presupuestarias se ejecutan en tiempo y forma.
Además, la concentración de las decisiones financieras en la Jefatura de Gabinete refuerza un esquema de dependencia política que condiciona la autonomía de los municipios salteños. Cuando los intendentes deben peregrinar para conseguir financiamiento para obras elementales, el federalismo provincial se convierte en una consigna discursiva carente de sustento práctico.
El próximo envío del proyecto de Presupuesto 2027 a la Legislatura será la verdadera prueba de fuego para comprobar si las demandas recogidas en el territorio tienen correlato en las planillas de inversión. La ciudadanía espera encontrar allí metas verificables y criterios objetivos de reparto, lejos de la discrecionalidad que suele caracterizar la asignación de fondos públicos en la provincia.
No alcanza con multiplicar las fotografías institucionales ni los comunicados oficiales sobre rondas de diálogo si los pueblos del interior continúan viendo cómo el desarrollo se concentra en unos pocos centros urbanos. La transparencia en la ejecución presupuestaria y el respeto por las autonomías municipales siguen siendo las grandes deudas de la administración provincial.









