(SALTA).- (Por Diego Nofal).- La preocupación expresada por los concejales de Salta ante las medidas nacionales sobre las Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral pone en primer plano la vulnerabilidad de amplios sectores de la población local. Sin embargo, las declaraciones y proyectos aprobados en el ámbito deliberativo corren el riesgo de quedarse en expresiones de deseo si no se acompañan de asistencia concreta y articulación efectiva.
Las personas con discapacidad y sus familias en Salta enfrentan cotidianamente dificultades de acceso, trámites complejos y costos crecientes que se agravan cuando surgen revisiones o recortes en las prestaciones sociales. Limitar la respuesta institucional a una declaración de preocupación resulta insuficiente cuando los beneficiarios necesitan orientación jurídica, contención social y gestiones ágiles para conservar sus derechos.
Tanto el municipio capitalino como el gobierno provincial tienen responsabilidades cercanas con los vecinos de Salta y no pueden escudarse únicamente en el origen nacional de las resoluciones administrativas. La cercanía territorial exige redes de acompañamiento reales, información clara y equipos técnicos que ayuden a los ciudadanos a sortear obstáculos burocráticos sin quedar desamparados.
El debate en el Concejo Deliberante es valioso como señal de atención política, pero la eficacia de las instituciones locales se mide por la capacidad de brindar soluciones prácticas en los barrios. Las familias que atraviesan situaciones de fragilidad requieren respaldo sostenido y políticas de inclusión que no dependan del calendario de sesiones.
Construir una ciudad más justa en Salta implica transformar las expresiones legislativas en mecanismos concretos de apoyo social y defensa de los sectores más postergados. La sensibilidad institucional se demuestra con gestión cercana y resultados tangibles, no solo con pronunciamientos formales.









