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Salta

Cannabis made in Salta: los misteriosos planes de Juan Carlos Romero en Cafayate y una carrera que ganó Jujuy

Gustavo Sáenz apoyó oficialmente el misterioso emprendimiento privado de Juan Carlos Romero para producir cannabis medicinal en Salta.

Juan Carlos Romero
Juan Carlos Romero con Gustavo Sáenz y Gerardo Morales
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El Gobierno de Jujuy anunció este 15 de diciembre el inicio de la dispensación en farmacias de toda la provincia del primer aceite de cannabis para uso medicinal desarrollado íntegramente en ese territorio por la empresa estatal local «Cannava«. Mientras tanto, el mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, se lanzó en una intermediación oficial para el misterioso emprendimiento privado del clan familiar del senador nacional Juan Carlos Romero. Por otra parte, la idea de producción de marihuana medicinal en tierras salteñas por parte del Estado Provincial se expresó como deseo en 2017, pero la carrera la ganó Gerardo Morales con su hijo.

«Cannava»: entre plantas de marihuana y denuncias

En el marco del anuncio, el mandatario jujeño explicó que el precio del aceite de cannabis medicinal inicialmente será de 2990 pesos en una gotero de 10 mililitros. Mientras que a partir de enero se dispensará un frasco de 30 mililitros a 7.690 pesos. Algo que describió como «precios accesibles para atender situaciones de salud». Según fuentes oficiales, este medicamento cumpliría con «los más altos estándares de calidad internacionales» y se denomina «Cannava CBD10«.

Además, señalaron que el remedio surge del primer lote comercial con lo producido por la empresa estatal en la Finca El Pongo, ubicada en Perico. En este sitio, Cannava tiene 35 hectáreas y nueve invernaderos. Para el 2022 Gerardo Morales prevé ampliar el espacio de siembra a 220 hectáreas y extenderlas rápidamente a 600. Sin embargo, el mandatario jujeño enfrenta graves denuncias por parte de los trabajadores del lugar y pobladores de la región.

Hace solo una semana hubo una manifestación de productores de verduras, frutas y hortalizas donde denunciaron que los administradores del lugar, dirigidos por Gastón Morales (hijo del gobernador), hacen abuso del poder y empleados fueron intimados para ser desalojados, según el sitio Jujuy al Momento. Además de las acusaciones, se oponen al cambio del uso de la tierra remarcando que el gobierno quiere dejarlos a la deriva. También reclaman por la falta de agua para la producción de alimentos en la zona.

En tanto, el laboratorio de la firma estatal donde se procesa el material vegetal de la cosecha, es decir, la flor de la planta hembra, procesa unos 45 kilos por hora. Una hectárea rinde entre 1.800 y 2.000 kilos de flores de la planta de marihuana, aseguró Infobae. Y desde el gobierno jujeño explicaron que el aceite contiene como principio activo el «cannabidiol«, que es una concentración de 100 miligramos por mililitro.

Con este negocio millonario que realiza la compañía creada en 2017, el gobernador Gerardo Morales asegura que Jujuy se encamina «hacia la diversificación productiva» y a una «nueva matriz económica». Lo expresó en la «Cannabis Talks» celebrada en Barcelona en noviembre, donde reveló que ya invirtió más de «10 millones de dólares en infraestructura y equipamiento» para la producción de cannabis medicinal.

El misterioso plan del Clan Romero en 240 hectáreas de Cafayate

Como bien informó El Intra, el gobernador, Gustavo Sáenz, estaría actuando como operador de máxima para un negocio a favor del clan Romero, quienes ingresarían de forma legal, pero privada, en el negocio de la marihuana medicinal. En octubre se reveló una resolución firmada por la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien a pedido del mandatario aprobó un «proyecto de investigación» de la firma Compañía de Investigación y Desarrollo S.A.

El principal dato sobre esta iniciativa que llamó la atención es que implica un cultivo de 240 hectáreas de cannabis en el departamento de Cafayate, aunque en un sitio específico que se desconoce. Se trataría de una plantación a la que Jujuy todavía no llegó a pesar de que lleva casi tres años en el negocio con la compañía mencionada. Además, se observa un conflicto de tierras con comunidades originarias de Cafayate, quienes ya se manifestaron en contra a penas se conoció la misteriosa iniciativa del senador nacional y su familia.

Sobre la dudosa sociedad comercial mencionada podemos mencionar que está constituida por Alberto Paganelli y Diego Glazman, quienes a su vez dieron un poder especial a Julio Ricardo Lávaque. Este último quedó designado como director de la sociedad Finca Quara SA. Y se trataría, de nada más y nada menos, que del hermano de Francisco Lávaque, pareja de la intendenta de Salta Capital, Bettina Romero.

En cuanto al lobby de Gustavo Sáenz cabe precisar que el 9 de septiembre pasado informó a la ministra Vizzotti con una nota: «Este gobierno vería con agrado se agilicen los trámites tendientes al otorgamiento de todos los permisos o autorizaciones tendientes a la puesta en marcha del futuro proyecto”. Otro dato no menor es que en el convenio se establece el acompañamiento técnico del INTA en la iniciativa privada.

Una carrera que ganó Jujuy

Sobre el negocio millonario que se lleva adelante en varios países y recién comienza en el norte argentino tenemos que apuntar que en 2017 se había manifestado la posibilidad de producir aceite de cannabis para uso medicinal en Salta con una iniciativa estatal. Lo hizo el ministro de Salud Pública de Salta, Roque Mascarello, en un encuentro realizado con representantes del INTA, la Universidad Nacional de Salta, el Colegio de Farmacéuticos y grupos que promueven el cultivo de la planta.

Mascarello prometió esa jornada que Salta sería «la primera provincia en cultivar cannabis», aunque aclaró que «esa circunstancia no depende sólo de Salud Pública». “Vamos a hacer las cosas con prudencia, responsabilidad y rigor científico». El pronóstico del funcionario estuvo lejos de cumplirse, al menos, en tierras salteñas.

Más cerca en el tiempo, recién el 19 de noviembre de 2020, la Cámara de Senadores de Salta dio sanción definitiva a la adhesión a la Ley Nacional 27.350, de Investigación Médica y Científica de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados. Es la normativa sancionada en 2017 y que reglamentó por decreto el presidente Alberto Fernández.

Tras la sesión de sanción, la senadora provincial Silvina Abilés prometió que la normativa permite que terceros, como las ONG, “puedan invertir, producir, investigar y comercializar el cannabis medicinal”. Hasta el momento las únicas novedades en esta materia son los misteriosos proyectos privados de la familia del exmandatario Juan Carlos Romero gracias a la intermediación oficial (por miedo o amistad) de Gustavo Sáenz.