El Gobierno de la Provincia de Salta y la Municipalidad de La Caldera sufrieron un revés judicial ante el reclamo que impulsaron los vecinos de la localidad por la contaminación del río local. Como consecuencia, las autoridades de ambos distritos deberán presentar los planes de manejo de la cuenca de agua. Todo comenzó por las numerosas denuncias que se registraron por irregularidades. “Es fundamental la protección del agua para que la naturaleza mantenga su funcionamiento como sistema”, sentencia el fallo.
De esta manera, el Poder Judicial de la Provincia de Salta informó este lunes que se hizo lugar a un amparo colectivo impulsado por los vecinos de La Caldera contra la municipalidad a cargo de Diego Sumbay. No obstante, la magistrada María Victoria Mosmann también incluyó en su condena al Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta, que conduce Martín de los Ríos. Ambos distritos deberán “confeccionar, presentar y ejecutar un Plan de Manejo Integral de la microcuenca del Rio La Caldera“.
Los detalles de la condena contra Salta y La Caldera
“Se condenó a las demandadas a confeccionar, presentar y ejecutar un Plan de Manejo Integral de la microcuenca del Rio La Caldera“, remarca el comunicado del logro de los vecinos. En este sentido, el fallo explica que para esta condena se valoró como “fundamental la protección del agua para que la naturaleza mantenga su funcionamiento como sistema”. También apunta: “Es la lógica ecosistémica la que debe primar por sobre la tecnocrática y antropocéntrica”.
“Se acudió al concepto de cuenca, y de vulnerabilidad, tornándose decisiva la aplicación de la garantía de no repetición prevista por el Acuerdo de Escazu, vigente a partir de este año”, agregó el fallo de la juezaMosmann. La condena implica que deberán presentar el plan de manejo que fija varias etapas: la primera etapa se realizará en una línea de base ambiental o diagnostico y luego la presentación del plan que deberá realizarse respetando los parámetros mínimos fijados por la legislación nacional y provincial.
Por otra parte, cabe mencionar que el plan debe considerar una “estrategia de estabilización de la microcuenca” que se base en acciones de “infraestructura verde”. “Tales como la reforestación y relocalización de elementos obstructores o desequilibrantes de la dinámica ecológica, entre otros”, apuntó la jueza. Luego, sobre la “infraestructura gris” mencionó obras civiles, de maquinaria pesada y edificación hormigonada, entre otros. Todo esto se debe realizar “evaluando un balance progresivo de la recuperación y saneamiento de la cuenca”.
Ante la demanda judicial de los vecinos de La Caldera, la magistrada resaltó en su sentencia que durante proceso se realizaron “acciones en las que participaron las accionadas y los actores”. Se trata de una “mesa de trabajo” conformada en una de las audiencias que tuvo avances como la confección del protocolo para crecidas e inundaciones de La Caldera, y también en la creación de la Junta Municipal de Defensa Civil de La Caldera.
Los reclamos en Vaqueros
Cabe remarcar que no es un episodio aislado, ya que se trata de una problemática que desató fuertes polémicas y denuncias en Vaqueros por las obras de extracción de áridos que no tenían permiso ambiental. En septiembre pasado, como bien informó Salta 4400, la propia Secretaría de Minería y Energía de Salta intimó y ordenó paralizar las obras de extracción de áridos en el Río La Caldera.
Una medida que se dio tras verificar lo que los vecinos de los dos municipios del departamento ya venían denunciando. También a Procuración General exigió en marzo informes a la cartera, a cargo de Martín de los Ríos, que debe hacer los controles correspondientes. Por su parte, desde la Municipalidad de Vaqueros no respondieron ninguno de los reclamos y demandas por contaminación y otros daños a la población.
Los vecinos, además, denunciaron al intendente Daniel Moreno porque permite que se instalen sobre la margen del Río La Caldera empresas mineras que extraen áridos. Se trata de seis empresas privadas y una municipal. Sin embargo, los vecinos señalan que esta actividad se realiza sin permisos correspondientes, ni tampoco estudios de impacto ambiental. Denunciantes apuntaban que con estas acciones se generan, entre otras cosas, la contaminación del acuífero del que viven más de 200.000 personas de esas localidades.
