El director del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Morello, anunció que buscan quitarles privilegios a los barrios privados por el bajo precio que pagan por el agua. En esta línea, dijo que no se puede permitir sectores sin control en el uso del recurso en la provincia de Salta. “Encima pagan precios irrisorios”, sentenció y remarcó las dificultades para acceder al servicio en el territorio.
“Buscamos cuidar un recurso escaso implementando controles de la cantidad utilizada para que se respeten los cupos asignados por la Secretaría de Recursos Hídricos. Hoy esos controles son inexistentes, lo que permite que se violen fácilmente los montos asignados a cada desarrollo inmobiliario. Por eso, entre otras cosas, establecemos la medición obligatoria de la cantidad de agua que toman los subprestadores de las fuentes”, explicó.
En los últimos días, los técnicos del Ente Regulador de los Servicios Públicos redactaron un proyecto de reglamentación de la subprestación. De esta manera, establecieron regular el uso de agua en los countries y ubicar a los mismos bajo la órbita del organismo, medir su consumo y modificar la tarifa. En la mayoría de los casos, aunque suena ilógico, los barrios humildes pagan casi 100 veces más que los privados.
Con la última resolución, los barrios privados están obligados a inscribirse en el RUSSPS quedando bajo la órbita del ENRESP. El organismo podrá inspeccionar, controlar y velar por el adecuado cumplimiento de calidad y seguridad para las personas. Otro punto importante, es que los desarrollos inmobiliarios tendrán que instalar macromedidores para evitar irregularidades en el pago.
Estos medidores arrojarán con precisión los siguientes datos: captación de agua superficial o subterránea; caudal que ingresa al mismo y el caudal de agua tratada y suministrada. Además, los controles incluyen a cada uno de los municipios ubicados en los desarrollos inmobiliarios. Por su parte, el otro titular del ENRESP, Carlos Saravia, detalló que estos pagan, cada mil metros cuadrados $4 por mes, mientras los barrios humildes $500.
La quita del subsidio a la Iglesia Católica
Por otro lado, el Ente Regulador de los Servicios Públicos rechazó el recurso de amparo presentado por la Iglesia y de ahora en más deberá pagar por el servicio de agua. Hasta el momento, un total de 550 inmuebles registrados contaban con el subsidio. De este número, más de 400 no estaban destinados al culto. También contaban con capillas, oficinas y escuelas privadas.
En relación a las escuelas de Salta, Saravia dijo que 12 instituciones presentaron el amparo contra el organismo. “Ellos invocan unas leyes del año 50, donde se establecía que algunas congregaciones religiosas que tienen colegios no deben pagar porque estaban eximidas de los tributos. Por supuesto que en esa época lo consideraban una tasa porque el servicio de aguas y cloacas lo prestaba el Gobierno de la provincia de Salta”, explicó.
En esta línea, aclaró que hoy ese servicio está concesionado a la empresa Cosaysa y no corresponde en términos legales que se los subsidie. Por otro lado, insistió en que las leyes a las que hacen referencia en el amparo los colegios católicos no aplican en esta situación ya que aluden a los impuestos por servicios estatales. Sin embargo, aclaró que se va a respetar a los templos y a aquellas instituciones escolares que cuenten con cuota social.
En el relevamiento de subsidios se encontraron con que la Iglesia se ahorraba 25 millones de pesos al año por no pagar los servicios. Al observar la situación, se enviaron 10 pedidos de informes y nunca fueron respondidos, por lo que se decidió proceder a la quita del beneficio. Entre los inmuebles que alquilaban aparecían capillas, oficinas y también instituciones educativas, que sin la ayuda aumentarán sus cuotas.
