El debate, que estaba anunciado para el 3 de este mes y que fue suspendido, se realizará el 9 de mayo y se extenderá hasta el 23 de junio. Cuatro jóvenes, dos de ellos menores, deberán responder por su participación en el brutal homicidio de Sandra Palomo.
Pese a las reformas procesales que se impulsaron en Salta hace ya 10 años, las que introdujeron el sistema acusatorio en materia penal y se anunciaron como la panacea que sacaría a la justicia de su letargo, nada de eso parece haber sucedido.
El proceso penal iniciado a partir del asesinato de la docente Sandra Palomo, es un claro ejemplo de ello, pues el caso, que se resolvió en cuestión de días, lleva ya más de dos años y medio de un despacho a otro, algo que a los jueces les encanta, a menos que se trate de una causa con intereses políticos.
Palomo, en un repaso histórico, fue asesinada el 31 de agosto de 2019; a los dos días, el 2 de septiembre, la Unidad de Graves Atentados contra las Personas dio a conocer la detención del principal sospechoso, un adolescente de 15 años.
El 6 de septiembre, cuatro días más tarde, se anunció la captura de otros dos menores, mientras que el 13 de ese mismo mes se sumaron Ian Esteban Caro y Ricardo Nahuel Bonifacio, con lo cual se cerró el caso con cinco imputados, de los cuales quedaron los últimos cuatro, ya que el menor, por su edad, fue sobreseído por inimputabilidad.
O sea que, entre la fecha en que fue cometido el crimen y la detención de los dos mayores, pasaron menos de dos semanas, sin embargo, la causa recién llegará a juicio el 9 de mayo próximo, a casi 2 años y 9 meses del asesinato de la docente.
Una demora de casi tres años, cuando el caso estaba prácticamente resuelto en cuestión de días, sin dudas, no representa las promesas de celeridad realizadas con la reforma del Código Procesal Penal, un avance que, en definitiva, parece haber sido puro humo.
Si bien, las fiscalías se mostraron más proactivas a estos cambios, desde el Poder Judicial, parece no haber ocurrido lo mismo, en especial, en el Tribunal de Impugnación, fuero responsable de analizar apelaciones y planteos de excepción.
En esta causa, casualmente, dos salas de este tribunal se pasaron la pelota de un lado a otro, lo que derivó en la suspensión del juicio, el cual estaba programado inicialmente para el 3 de febrero, pero nunca comenzó debido a que los camaristas de Impugnación no habían resuelto una apelación presentada por la querella.
Primer traspié
Esto, según lo informado por fuentes oficiales, frustró el inicio del debate, pues aún no estaba claro que sucederían con una serie de pruebas que los querellantes pidieron, diligencias que apuntaban a complicar aún más la situación de los cuatro acusados.
El pedido de la querella, a los días de la suspensión del juicio, fue tratado por la sala IV del Tribunal de Impugnación, cuyos jueces hicieron lugar a las pruebas que se plantearon, resolución dictada con un tirón de orejas al fiscal de la causa y al Juzgado de Garantías por no haber atendido el pedido de los querellantes.
Con esta devolución de favores, se ordenaron medidas tendientes a no sólo establecer la identidad genética de los cuatro sospechosos llevados a juicio, sino también a determinar el rol de cada uno de los cuatro acusados en el brutal crimen.
Estas pruebas, que se podrían haber realizado años atrás, son ahora el motivo del retraso. En su fallo, los jueces de Luciano Martini, Virginia Solórzano y Guillermo Polliotto, criticaron el criterio cerrado de la fiscalía por no admitir las diligencias planteadas por la querella. Igual recriminación recayó sobre el juez de Garantías interviniente.
Pero la queja de los jueces de Impugnación, que previamente habían sido atacados por no haber resuelto en tiempo y forma el planteo de la querella, no se quedó con estos dos operadores judiciales, sino también se extendió a los jueces de la Sala IV del Tribunal de Juicio.
Día de furia
Ayer, los magistrados de este tribunal, Norma Beatriz Vera (presidenta), Roberto Lezcano y Maximiliano Troyano (vocales), informaron oficialmente el inicio del juicio desde el 9 de mayo próximo, debate que busca dilucidar en qué grado los cuatro acusados participaron o no del crimen de Palomo.
Los dos menores, caro y Bonifacio serán juzgados por el delito de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía en perjuicio de Palomo, quien tuvo una penosa agonía tras ser atacada a cuchilladas en el subsuelo de un supermercado de barrio Tres Cerritos.
La docente, de 53 años, fue sorprendida por el menor de 15 años, quien la agredió con el fin de robarle la camioneta Toyota Hilux, en cuya caja cargó el cadáver de la mujer, para luego pasearse por toda la ciudad al volante del rodado, con el cual presumió entre sus amigos.
Ese 31 de agosto, al llegar a la medianoche, el menor sumó al vehículo robado a los dos menores, Caro y Bonifacio, quienes lo acompañaron hasta un descampado de barrio Solís Pizarro, donde se deshicieron del cuerpo de Palomo, quien murió debido a las graves lesiones cortante sufridas en el subsuelo del supermercado.
Al día siguiente, el adolescente fue detenido y confesó el crimen, como así también reveló quiénes fueron los otros cómplices que lo acompañaron ese día, al menos, hasta el momento de arrojar el cuerpo en un baldío, lo cual conmovió a toda Salta que, ahora espera que se haga justicia por este salvaje homicidio.
