En un fallo que, es verdad, debería haber sido resuelto antes de la fecha de juicio, fijada para el 3 de febrero pasado, los jueces de la Sala IV salieron con los botines de punta contra toda la investigación penal que la fiscalía presentó para avanzar con el juicio de los cuatro acusados por el crimen de la docente Sandra Palomo.
En su resolución, dada a conocer ayer, los jueces Luciano Martini, Virginia Solórzano y Guillermo Polliotto fallaron a favor del planteo de los abogados de la querella, María Gabriela Arellano y Pablo Del Pino, quienes festejaron la decisión.
Palomo, cabe recordar, fue asesinada el 31 de agosto de 2019, cuando fue atacada en el subsuelo de un supermercado de barrio Tres Cerritos, a donde había ido en su camioneta Toyota Hilux para hacer unas compras en vista del bautismo de uno de sus nietos.
Antes de llegar a su rodado, la mujer, de 53 años, fue acuchillada por un menor de 15 años, quien estaba a la pesca de algún comprador. La fatalidad hizo que fuera ella, quien nada pudo hacer para repeler el mortal ataque, cometido con el fin de robar la camioneta.
Tras acuchillar a Palomo, a quien cargó en la caja del vehículo, el adolescente se fue con lo que había ido a buscar: la camioneta, con la cual se pavoneó durante todo ese día, jornada que concluyó en un descampado del barrio Solís Pizarro, en donde fue abandonado el cadáver de la docente.
En el medio, el asesino subió al rodado a otros cuatro jóvenes, dos de ellos también menores y otros dos mayores: Ian Esteban Caro y Ricardo Nahuel Bonifacio, los que, casualmente, esperan ahora que se resuelvan todos los incidentes para ser juzgados.
Debate frustrado
El 3 de febrero pasado, la Sala IV del Tribunal de Juicio debía iniciar el debate, pero debido a un planteo de la querella, que no fue resuelto en tiempo, todo fue suspendido y, probablemente, siga así por un largo tiempo, tanto por las nuevas pruebas que se ordenaron, como por posibles planteos que las defensas de los imputados puedan interponer.
La querella, como ya lo informó este medio, había pedido que se lleven adelante varias pericias, las cuales fueron prácticamente dejadas de lado por la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. La misma postura fue adoptada por el juzgado de Garantías, el que, casualmente, debe controlar que la fiscalía, la querella y las defensas lleguen a juicio con toda la carga probatoria.
Por este pedido desoído, los abogados querellantes plantearon ante la sala de Juicio que se ordenen estas nuevas pruebas, sin embargo, la jueza Norma Vera, designada presidenta del tribunal, rechazó el planteo y esto llevó a Arellano y Del Pino a presentar una apelación.
Ese recurso fue resuelto ayer por los jueces de impugnación, quienes le dieron la razón a la querella y ordenaron la mayoría de las pericias requeridas, las que ahora la sala IV de Juicio deberá velar que las mismas se lleven adelante antes de que se dé inicio al debate.
Obviamente, en su fallo los jueces Martini, Solórzano y Polliotto no se olvidaron de la actuación de la fiscalía, como así tampoco del juzgado de garantías y de la sala de juicio, contra quienes lanzó duras críticas por haber omitido las pruebas de la querella.
Sistema acusatorio
Recordaron que la fiscalía, como nuevos directores del proceso penal, deben velar para que se ejecuten todas las pruebas que permitan arribar a la verdad del hecho llevado a juicio, lo cual no sucedió, al menos, en el caso de la querella.
El segundo anillo, el juzgado de Garantías, en tanto, tampoco intervino para corregir esta irregularidad ni tampoco lo hicieron los jueces de juicios. Todos estos operadores del sistema tildaron las pruebas de irrelevantes y sin suficientes motivos que ameriten su necesidad.
Entre las medidas probatorias, se encuentran la realización de una segunda reconstrucción del crimen; el cotejo de muestras tomadas y resguardadas con el perfil genético de uno de los menores acusados; el análisis del rostro del acompañante de la camioneta en la imagen captada desde la cámara del puente peatonal de la Coca Cola; la disposición de las grabaciones en crudo de las cámaras de seguridad del Supermercado Vea y su cotejo con las de los imputados y testigos.
Asimismo, los camaristas ordenaron la puesta a disposición de la querella de los videos de las cámaras de seguridad no comprimidos ni seteados ni editados, y quesean entregados en la misma calidad que su captación o creación.
Estas nuevas medidas podrían ser motivo de una nueva presentación, en este caso por parte de las defensas de los acusados, cuya situación procesal ingresó en un serio riesgo, pues no se descarta que estas pericias compliquen a alguno de los cuatro detenidos.
Este, el definitiva, era el efecto que la querella buscaba, pues ahora existe una chance más que remota de conocer al resto de los implicados en el asesinato de la docente, caso que podría llegar a juicio en el segundo semestre del 2022.
