El Gobierno nacional autorizó a las empresas de medicina prepaga a implementar dos aumentos de hasta un 6% en marzo y abril. La decisión lleva la firma de la ministra de Salud, Carla Vizzotti y habilita a las entidades a llevar adelante los incrementos. Estos serán complementarios y acumulativos a la suba aprobada en el mes de enero pasado.
La resolución del Gobierno nacional autoriza “a todas las Entidades de Medicina Prepaga inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) aumentos generales; complementarios y acumulativos de aquel que ha sido aprobado para el mes de enero de 2022 mediante la Resolución N° 2125/21 del Ministerio de Salud; de hasta un 6% a partir del 1° de marzo de 20222 y de hasta un 6% a partir del 1° de abril de 2022”.
Por otro lado, la norma determina que los aumentos podrán percibirse una vez cumplida la notificación prevista en el artículo 5. El mismo obliga a las empresas del sector a informar a los usuarios los incrementos que se registrarán en el monto de las cuotas con una antelación no inferior a 30 días. Además, detalla que los aumentos se podrán efectuar en marzo y abril.
Las prepagas y los agentes del seguro deberán incrementar los valores retributivos de las prestaciones médico-asistenciales brindadas a sus beneficiarios y usuarios por los prestadores inscriptos en el Registro Nacional de Prestadores de la Superintendencia de Servicios de Salud; en un porcentaje similar a la Cláusula de Revisión de la Paritaria 2021; negociada con la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA).
Los argumentos de la cartera sanitaria
“Del análisis efectuado sobre la evolución de los incrementos de costos del sector desde la fecha del último aumento de cuotas autorizado y considerando especialmente los acuerdos salariales paritarios alcanzados recientemente; se desprende que resulta necesario promover la actualización de nuevos aumentos”, argumentó la cartera sanitaria.
En esta línea, la intención del Gobierno nacional es que los incrementos permitan garantizar un adecuado financiamiento para afrontar tales costos y mantener la calidad de los servicios prestados. En la resolución se nombran los altos costos y la inversión que tuvieron que realizar los prestadores para hacer frente a la pandemia y evitar el colapso del sistema sanitario.
“Se vieron asimismo acompañados por la reducción de las tasas de uso de otras prestaciones habituales y/o de rutina no vinculadas con Covid-19. Y postergadas en función de la priorización sanitaria de esta enfermedad lo que repercutió, al mismo tiempo; en un menor ingreso económico por tales prestaciones para los prestadores”, concluyó el Ministerio de Salud.
