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Salta

Otro fallo adverso dejó a Matías Huergo y compañía más cerca del juicio oral

Se trata ya del enésimo intento del empresario, quien está acusado de comandar maniobras con facturas “truchas”, hechos por los que fue procesado junto a otros ocho imputados.

Matías Huergo
Matías Huergo
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SALTA.- A casi tres años del escándalo que salió a luz por el millonario fraude cometido en perjuicio de las arcas municipales, hecho por el cual fue procesado el empresario Matías Huergo, el Tribunal Oral Federal 1, que se prepara para llevar adelante el juicio, rechazó el 17 de marzo otro planteo defensivo interpuesto para evitar el debate.

En este nuevo reclamo, el abogado Sebastián Espeche y su colega Raymundo Sosa, por Huergo y Arturo Mimessi Sormani respectivamente, plantearon la nulidad y el sobreseimiento de sus clientes, procesados por el juez federal Julio Bavio como jefe e integrantes de una asociación ilícita tributaria.

Por la misma calificación, en junio de 2021 la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó los procesamientos de ambos acusados y de Aníbal y Álvaro Anaquín, Sebastián Héctor Silva, Gerardo Rubén Romero y Juan Norberto Llanos.

Como ya se conoce, Matías Huergo, está acusado de dirigir maniobras de fraude que, en este caso, tuvieron como eje central la emisión de facturas truchas respecto a obras que no se ejecutaron, o bien, eran sobrevaluadas, usina mediante la cual se despejó al estado municipal de sumas millonarias durante los años 2015 al 2017.

La causa, sindicada como el mayor caso de corrupción estatal dada la calidad de funcionarios públicos de algunos de los acusados, fue dirigida por el juez Bavio, quien al dictar el procesamiento resolvió dividir la competencia del caso y mantuvo en el fuero federal, solamente los delitos tributarios.

Las pruebas reunidas respecto a delitos de orden penal, en tanto, fueron remitidos a la justicia provincial, donde ahora duerme el sueño de los justos, razón por la cual toda la atención está puesta en el trámite que los tribunales federales llevan adelante.

En tal sentido, cabe señalar que la causa logró sortear ya varios planteos defensivos de la defensa Huergo y otros acusados, los que fueron rechazados sucesivamente por el juez Bavio, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal y ahora, por el Tribunal Oral Federal 1, quien tramita la causa para llevar adelante el debate.

Reclamos

Ante los jueces que deberán juzgar el caso, los defensores de Huergo y Mimessi Sormani plantearon la nulidad de los que llamaron “tareas de inteligencias” que la AFIP llevo adelante y que fungieron como disparador de la investigación penal que, en el caso de Huergo, lo llevó a prisión por tres meses.

Para ambos defensores, estas diligencias fueron contrarias a la ley de Inteligencia Nacional 25.520 y las intervenciones telefónicas sirvieron para “incriminar a su defendido, a funcionarios de la Municipalidad de la ciudad de Salta y del gobierno de la provincia, por supuestos delitos de vaciamiento de fondos públicos, lavado de activos, cohecho y evasión de impuestos”.

En base a esto, y según lo afirmado por ambas defensas, “los fiscales y jueces que intervinieron en la causa se limitaron a conceder todo lo requerido por la AFIP y que comenzó la investigación con un año de escuchas telefónicas a numerosas personas, entre ellas, a funcionarios públicos”.

A partir de estas tareas investigativas –agregó la defensa de Huergo- es que “a su defendido se lo involucró como autor de los supuestos delitos de fraude a la administración pública provincial y municipal, negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho mediante una expedición de pesca, todo ello publicitado en forma permanente a la prensa, situación que le habría generado desprestigio personal, laboral y moral”.

Por otra parte, las defensas reclamaron el sobreseimiento de sus clientes y del resto de los acusados por entender que la ley, en la que se establecieron los delitos imputados, fue drogada posterior a la supuesta comisión de los hechos y, por el principio de aplicación de la ley más benigna, corresponde que sean sobreseídos.

Rechazo

Al referirse a los planteos y argumentos esgrimidos por los defensores, el fiscal general Carlos Martín Amad pidió al tribunal el rechazo de plano ambos pedidos, a la vez que señaló que los planteos interpuestos no son nuevos, pues ya fueron realizados por las mismas defensas ante otros tribunales, siendo, en todos los casos, denegados.

El tribunal, en su fallo, coincidió con el dictamen del fiscal y rechazó los pedidos defensivos. “El fiscal remarcó que las nulidades referenciadas ya fueron planteadas a lo largo de la instrucción de la causa y que fueron rechazadas por la Cámara Federal de Apelaciones, encontrándose por lo tanto ya resueltas, incluso por la Cámara Federal de Casación Penal, motivo por el cual debía estarse a ello, en tanto no ha variado la situación fáctica, ni jurídica del evento a juzgarse, calificando de dilatorios a los planteos, con el fin de que no se produzca el debate”, dijeron los jueces.

El fiscal, agregó incluso, que “los cuestionamientos” pretendidos resultan carentes de “lógica jurídica y que se plantea la nulidad por la nulidad misma, extremo insustancial e inviable, y que tampoco se observa menoscabo alguno que deba ser compuesto, en tanto no existen agravios que deban ser reparados”.

En cuanto al planteo de sobreseimiento, en tanto, indicó que “no resulta cierto lo esgrimido por las defensas en torno a la pretendida benignidad de las leyes y que se hicieron interpretaciones arbitrarias y antojadizas de los textos legales, denostando la actividad jurisdiccional del juez de instrucción y de la Cámara Federal de Apelaciones”.

“Se comparte lo dictaminado por el representante del Ministerio Público Fiscal, como así también la opinión vertida por la representante de la querellante particular (AFIP), en cuanto a que la totalidad de las cuestiones traídas a conocimiento de este Tribunal ya fueron oportunamente planteadas y resueltas en etapas anteriores, habiendo sido incluso confirmados dichos decisorios por la Excma. Cámara Federal de Casación Penal”, sostuvo el tribunal.

Con este fallo, el caso quedó más cerca de fijar fecha de juicio, instancia que la defensa del empresario intentar evitar a toda costa, tanto por el impacto negativo que la exposición pública de la investigación penal podría causar, sino también porque ello podría movilizar la causa penal en la justicia provincial.