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Salta

Ordenan un embargo millonario contra el intendente de La Merced

Su caso aún no llego a juicio, sin embargo, ya se ordenó que se confisque bienes y el 20 % de su sueldo por un monto de tres millones y medios de pesos, suma que podría ser mayor si se comprueban todas las acusaciones contra el jefe comunal.

La Merced
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SALTA-. A pedido de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, el Juzgado de Garantías 8 dispuso un embargo por la suma de 3.521.772 pesos contra el actual intendente de La Merced, Javier Wayar. La medida se dictó en el marco de la causa penal seguida en su contra por los delitos de retención indebida, incumplimiento de deberes de funcionario público y peculado, acusación penal que arrastra desde el 8 de febrero pasado.

En este caso, según lo explicado por la abogada Eliana Verchán, representante legal del Concejo Deliberante de ese municipio, el embargo se dispuso en el marco de la primera de las tres imputaciones, en la cual Wayar está acusado de retener de manera indebida fondos destinados a ese cuerpo deliberativo, entre diciembre de 2019 a septiembre de 2020.

En ese lapso, según la imputación penal difundida por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, el intendente Wayar habría dispuesto la derivación de fondos al Concejo Deliberante con la aplicación de una alícuota menor a la que correspondía, cuyo porcentaje había sido actualizado mediante la ordenanza Número 33/18.

Al respecto, la fiscal indicó que, según de la investigación, el Intendente “habría efectuado transferencias presupuestarias correspondientes a diciembre 2019, enero 2020, febrero 2020, marzo 2020, abril 2020, mayo 2020, junio 2020, julio 2020 y septiembre 2020 a favor del Concejo Deliberante, aplicando una alícuota del 4,5%, omitiendo aplicar la que correspondía según lo establecido por el artículo 21 de la Ordenanza 33/18 (modificado por la Ordenanza 02/2019), que era del 6,92%”.

Para la defensa del Concejo, la maniobra usada por el intendente afectó de manera considerable el correcto funcionamiento de la Administración Pública, en especial, de ese cuerpo, pues la falta de fondos se trasladó a todos los órdenes, entre ellos, el pago de las dietas de los ediles.

El caso, como se sabe, se inició a partir de una denuncia del presidente del Concejo Deliberante, Horacio Santiago Huerga, quien formalizó la acusación penal contra Wayer en la Fiscalía Penal de Cerrillos, desde donde luego fue derivada a la unidad especializada de Delitos Económicos Complejos.

Peculado

Sobre la acusación por peculado, una investigación realizada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales permitió establecer que, desde cuentas bancarias de la Municipalidad, se efectuaron -en septiembre de 2020- tres transferencias por un monto de 57.081 pesos cada una a las cuentas de tres concejales, quienes también fueron imputados como partícipes necesarios de dicho delito.

En cuanto al incumplimiento a los deberes de funcionario público, la fiscalía señaló que Wayaer suscribió la Resolución 535/21, la que aprobaba contratos de obras públicas relacionados con el concurso “Cristo de la Hermandad” habría omitido los procedimientos establecidos y exigidos por la ley 8.072, sobre el Sistema de Contrataciones de la Provincia y su Decreto Reglamentario n° 1319/18.

Tras la imputación, registrada el 8 de febrero pasado y en la cual Wayar se abstuvo de prestar declaración, la investigación siguió su curso, incluso la fiscalía solicitó ya la elevación a juicio del caso, circunstancias en la que la defensa del Concejo impulsó el pedido de embargo a fin de asegurar la reparación de los daños causados por el acusado.

Sobre esta medida, la actual presidenta del Concejo, Soledad Chocobar, dijo que sin dudas esta sentencia económica contra Wayer sienta un precedente y recordó que inclusive ella misma denunció al intendente por irregularidades en el municipio.

Agregó también que, actualmente, hay 16 pedidos de informes sin contestar y si se responden, se hace en una carilla de A4 sin mayores detalles: se compró una minivan y no se sabe de dónde salieron los fondos, no se responden las solicitudes de vecinos por cuestiones de salud, no se conoce lo referido al festival del Carnaval de Antaño, al convenio que entrega por dos años un predio municipal a una agrupación para hacer la separación de residuos sin autorización del Concejo, no se sabe cuánto se pagó por la Fiesta de Sumalao y se sigue construyendo y solicitando cosas sin consultar a los ediles.

Sueldo y bienes

Wayar no respeta lo que dice la Carta Orgánica y su intención es perjudicar el normal funcionamiento del Concejo Deliberante”, resaltó y descartó el descargo del intendente, quien justificó las acusaciones en una maniobra discriminatoria hacia su persona.

Verchan, abogada defensora del Concejo, confirmó el embargo del sueldo del intendente Wayar. Explicó que el Juzgado de Garantías de Octava Nominación ordeno el embargo ante el delito de retención indebida de los sueldos de los concejales, hecho que se encuentra a esperas de juicio.

La retención ordenada por el Juzgado se ejecuta por el 20% del sueldo de Wayar hasta que se junten 3.5 millones, que es lo estimado como el monto en perjuicio.

Además, se pidió informes a todos los bancos, Dirección General de Inmuebles y a la Dirección Nacional del Registro del Automotor a fin de saber los bienes que el mandatario posee y hacer efectiva la medida más rápida. Y aclaró que el embargo ya dispuesto es de carácter preventivo hasta tanto se lleve a cabo el juicio y, en caso que se determine la culpabilidad del imputado, ese monto podría ser mayor.

Según explicó Verchán, se pidió que el Juzgado implemente la medida de embargo a fin de evitar que el intendente Wayar “enajene los bienes que posee y después no pueda asumir el costo de los daños causados pedimos preventivamente el embargo”.