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Salta

Gustavo Solís se comparó con Cristina Kirchner y ahora va a juicio por los mismos delitos de la vice

Se trata de Gustavo Solís Mónico, jefe comunal de Rosario de la Frontera. El mismo que firmó un manifiesto de repudio contra el pedido de pena en contra de la vicepresidenta. “Yo también fui víctima del armado de causas”, había asegurado.

Gustavo Solís
Gustavo Solís
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SALTA.- A casi un año y medio del pedido de juicio realizado por la fiscal Verónica Simense de Bielke, ayer el juez de Metán, Mario Teseyra, elevó a juicio una de las causas penales existente en contra del intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, quien hace unas semanas se comparó con la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien asegura ser víctima de una campaña judicial que busca perjudicarla.

Teseyra formalizó el pedido de juicio en el cual Solís Mónico está acusado como autor de los delitos de incumplimiento a los deberes de funcionario público (tres hechos), fraude a la administración pública y cohecho en concurso real.

En esta causa, cabe resaltar, el jefe comunal fue denunciado por las autoridades de la Auditoría General de la Provincia, cuando se advirtieron irregularidades en contrataciones realizadas por el Departamento Ejecutivo Municipal, durante el período 2017.

Por estos hechos, Solís Mónico deberá responder penalmente ante la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, a cargo del juez Ramón Haddad, quien será el encargado de dirigir el debate e impartir justicia respecto a las acusaciones contra el intendente rosarino.

Desde el 23 de agosto, cuando firmó un manifiesto de repudio en rechazó a la causa que afronta Cristina Kirchner por presunta corrupción en la obra pública en Santa Cruz, no pasaron ni diez días, que ya le llegó la notificación del primero de los juicios que la fiscalía pidió en su contra por delitos de fraude, incluso en uno de ellos, está acusado de ser jefe de una asociación ilícita.

En defensa de la vicepresidenta, Solís repudió el pedido de 12 años de prisión realizado por el fiscal Diego Luciani en contra de su jefa política. Y dijo “estar en contra de toda persecución judicial ya sea sobre la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, o cualquier otra persona, porque esta situación constituye una práctica violatoria de los derechos humanos”.

Sobre su adhesión al documento para repudiar el proceder de la Justicia en la causa Vialidad, sostuvo que fue contactado desde el gobierno nacional “para saber si estaba de acuerdo con el documento, al leerlo inmediatamente entendí que es una práctica donde se politiza la Justicia, es por eso que decidí apoyar y enviárselo a mis pares”.

“Además del evidente armado que existe en la causa Vialidad, tengo convicciones, pero esto me toca de cerca, es por eso que apoyo a la Vicepresidenta porque yo he sido víctima de un armado de causas judiciales y persecuciones”, afirmó en relación a las causas que acumula en la justicia.

Junto a la firma de Solís Mónico, curiosamente, se encuentra la de Fernando “Casita” Almeda, intendente de Cafayate, contra quien también existe un pedido de juicio pendiente por delitos de fraude. En este caso, a mediados de septiembre del año pasado, la jueza María Virginia Toranzos notificó a la fiscalía y al imputado sobre la decisión formal de dar lugar a pedido de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio.

Toranzos comentó que la investigación realizada por la Fiscal Odorisio cumple correctamente con todos los pasos de forma correcta y garantiza que están dadas las condiciones para que se realice el juicio contra el intendente Almeda.

Se trata de la causa número 11458/21 seguida contra Almeda, la que fue iniciada por la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), luego de una inspección ocular realizada en el loteo Finca el Socorro II en abril, en respuesta a las denuncias realizadas por integrantes del Movimiento Social Resistencia Kallchaki. Esta, cabe señalar, es la primera denuncia realizada por vecinos de Finca el Socorro II que llega a juicio. Existe otra por supuesto intento de soborno que aún está siendo investigada.

Noticia criminis

El primero de marzo del 2021, cuando la fiscal solicitó el enjuiciamiento de Solís Mónico lo hizo por considerarlo responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público (tres hechos), fraude a la administración pública y cohecho, todo en concurso real.

Sobre estos hechos, la fiscal afirmó que “está acreditada la existencia del ilícito endilgado y la responsabilidad penal del acusado”, quien fue imputado el 21 de diciembre de 2020, cuando asistido por su defensa, prestó declaración.

La causa se inició por una noticia criminis, surgida de una publicación del 26 de febrero de 2020, en la que surgió la falsificación de facturas en el municipio. A partir de allí y mediante un pedido de informe a la Auditoria General de la Provincia, se informó que el área de control realizaba en ese momento una auditoría financiera y de legalidad en el Departamento Ejecutivo Municipal de Rosario de la Frontera, por el período 2017, del que posteriormente surgieron irregularidades.

Respecto al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, la fiscalía dio por probado que el imputado desplegó conductas contrarias a las leyes y ordenanzas, al llevar a cabo la contratación de Mirta Verónica Corimayo, en clara violación a las normativas que prohíben la contratación por parte del Estado de personas físicas o jurídicas afectadas por medidas judiciales cautelares que afecten su solvencia o capacidad de contratación. Es que sobre Corimayo pesaban sendas medidas cautelares sobre las cuales fue debidamente informado el acusado, según consta en expedientes judiciales.

Sostuvo que la conducta desplegada en torno a la contratación de Corimayo, encuadra dentro del incumplimiento de las normas de prevención de lavado de dinero del Banco Central de la República Argentina, dictadas para determinar el circuito financiero del dinero público y que prohíben la emisión de cheques por sumas inferiores cuando el monto de los anticipos así lo permiten, como ocurrió en este caso.

También dio por acreditado que el intendente aceptó facturas duplicadas, por lo que incumplió las disposiciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos, relacionada con la emisión obligatoria de facturas electrónicas.

Sobre el fraude, la fiscal indicó que Mónico emitió en 2017, una resolución que dio por rescindido en forma unilateral el contrato con Corimayo, sin arbitrar medida alguna tendiente al resarcimiento por la desvinculación unilateral. Todo ello, pese a que la contratista percibió fondos en concepto de anticipos, lo que causó un claro perjuicio al patrimonio municipal.

También se le atribuyó un segundo hecho por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al efectuar 12 contrataciones directas de obra pública con una fundación, sin que se verificaran los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Asimismo, acusaron al jefe comunal de haber incurrido en el delito de cohecho, pues de una denuncia y de la transcripción del audio agregado en legajo, se observó una promesa directa por parte del jefe comunal al presidente de una fundación, de una suma de dinero a cobrar por cada metro cuadrado que se ejecutara.

Dicha propuesta era de un precio de $163 por metro cuadrado, de los cuales, si el contratista facturaba todo, debía entregar la suma de $93 por metro cuadrado a Solís y solo le quedarían $20 como condición para suscribir las contrataciones. Ello permitió verificar el dolo del imputado.

Por último, Solís Mónico incurrió nuevamente en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, al efectuar contratos de obra pública con otra persona que no estaba inscripta en el Registro de Contratistas de la Provincia, por la suma de $10.819.777,50.

En este sentido, el jefe comunal celebró contratos con una persona física que, del 23 de mayo de 2017 al 10 de mayo de 2018, presentó 99 cheques rechazados por un monto de $22.608.759.03, según el informe del Banco Central de la República Argentina, sin verificar la situación financiera del contratado, además de emitir cheques en incumplimiento de las normas de prevención de lavado de dinero emitidas por el Banco Central de la República Argentina, dictadas con el fin de determinar el circuito financiero del dinero público y que precisan que no deben emitirse cheques por sumas inferiores, cuando el monto de los anticipos así lo permiten.