Este miércoles, el juez Guillermo Pereyra, de la Sala VI del Tribunal de Juicio anunció el inicio del juicio seguido contra el ex intendente de Campo Quijano y la ex secretaria de Hacienda Carmen Rosa Méndez. El debate, según lo comunicado, se extenderá desde el 12 al 30 de junio próximo.
La acusación será dirigida por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, titular de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos, la que inició la investigación contra Cornejo el 28 de enero del 2020, a partir de una denuncia radicada por el actual intendente de esa localidad, Carlos Héctor Folloni, quien busca renovar su cargo en mayo próximo.
En su denuncia, Folloni, sucesor de Cornejo en el cargo, señaló que desde el inicio de su gestión advirtió un incumplimiento injustificado e intencional por parte del acusado con respecto al a normativa vigente, incluso habló de desorden y ausencia de documentación en el ejido municipal relacionada a la actividad contable.
Folloni admitió que las irregularidades señaladas pudieron ser comprobadas por informes internos y otras medidas contables, razón por la cual decidió acudir a la justicia para que se investigue a su antecesor por graves hechos de corrupción.
Desde ese momento, la fiscalía llevó adelante una intensa investigación, la que incluyó numerosas diligencias procesales, entre ellas pedidos de informes, pericias contables, testimoniales y otras tareas de campo. Todo esto llevó no sólo a imputar a Cornejo, sino también a Méndez, quien fue su secretaria de Hacienda.
En noviembre de ese mismo año, la fiscal Verónica Simensen de Bielke completó las pesquisas y pidió al Juzgado de Garantías 6 la elevación a juicio del caso. Fue en esas instancias en la que confirmó la acusación contra Cornejo por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado (4 hechos) en concurso real y en carácter de autor.
Por los mismos delitos, también pidió juicio para Méndez. En vista de este pedido, el 4 de marzo del 2021, la jueza Sandra Espeche, del Juzgado de Garantías 6, mandó a juicio a Cornejo, siendo radicada la causa en la Sala III del Tribunal de Juicio, a cargo del juez Ángel Longarte.
En busca de resolver la situación del ex intendente, su defensa pidió resolver el conflicto de su cliente con un juicio abreviado, el cual acordó con la misma fiscal Simensen de Bielke, quien acordó una pena de tres años y dos meses de prisión condicional para el acusado, más el cumplimiento de otras exigencias económicas en favor del municipio, consistentes en la entrega de vehículos y el pago de una suma de 5 millones de pesos.
El acuerdo, presentado el 5 de mayo del 2021, lejos de prosperar, no tuvo éxito, pues el juez Longarte, tras evaluar el planteo de las partes, resolvió no hacer lugar al pedido por considerar que se debía exigir un mayor conocimiento de los hechos en un juicio oral y público y no en un proceso abreviado.
A esta resolución, siguieron una serie de planteos defensivos que fueron resueltos de manera negativa para Cornejo y Méndez, quienes iban a ser juzgado a fines del año pasado, sin embargo, una nueva presentación de la defensa demoró el inicio del debate en razón de una pericia contable que aún estaba pendiente.
Vehículos y maquinarias
Del requerimiento de juicio, surge que Cornejo “omitió dar cumplimiento a los deberes propios de sus funciones al desplegar conductas contrarias a las leyes y ordenanzas y determinando la disposición de fondos apartada de los principios contables, bajo los cuales se rige el gasto público”.
En tal sentido, el informe de la Auditoria General de la Provincia, dio cuenta de la inexistencia de documentos de respaldo de gastos efectuados, el incumplimiento de la normativa financiera y la transparencia de la gestión pública en el manejo de fondos, además de la falta de registración contable que permitiera establecer el destino real de los fondos asignados durante su gestión y, además, controlar la legitimidad del gasto.
Para la fiscalía está acreditada la participación el exjefe comunal en el delito de peculado (cuatro hechos). El primero ocurrió el 30 de agosto de 2018, cuando el imputado adquirió -en beneficio personal- una camioneta Chevrolet S10, dominio AC840GK, que fue abonada con fondos municipales, a través del libramiento de dos cheques girados sobre la cuenta de titularidad del Municipio por la suma de 750.000 mil pesos. El vehículo fue inscripto a nombre de Gonzalo Fernando Cornejo, según consta en el formulario 08 secuestrado.
Segundo hecho: el imputado Cornejo, a pocos días de finalizar su mandato como Intendente, sustrajo maquinaria pesada y otros bienes muebles, que fueron llevados a una finca, con el fin de evitar ser descubiertos. Es que el 2 de diciembre de 2019, Cornejo firmó un contrato de locación de un predio de 3000 metros cuadrados del Loteo Pucará de Rosario de Lerma, donde depositó las maquinarias que luego fueron secuestradas y que según expresó verbalmente Cornejo, le pertenecían.
De la declaración del titular del predio, se estableció que Cornejo le pidió un sector de la finca para guardar la maquinaria, a fines de noviembre o principios de diciembre de 2019, sin darle mayores explicaciones. Tampoco supo quién llevó hasta allí la maquinaria. Sin embargo, un empleado que se desempeñó por 14 años en el municipio y que estuvo cargo del parque automotor; sostuvo que, en los primeros días de diciembre de 2019, hizo un inventario en el que consignó todas las maquinarias del taller y del parque automotor.
En ese inventario, solamente consignó las máquinas que había en el canchón, pero que había otras en el predio de la Usina Municipal. Sobre las máquinas secuestradas en el predio de la Finca Pucará, sostuvo que cuando llegó al lugar, las reconoció a todas como las que antes estaban en el Municipio, pues se encargaba de su reparación. Ello dio cuenta que el imputado, días previos a finalizar su función, dispuso en su beneficio personal sobre las maquinarias del municipio, además de haber pagado con fondos municipales los seguros correspondientes de los vehículos.
Perjuicio millonario
Tercer hecho: de las declaraciones testimoniales y de la documentación hallada en el municipio, Cornejo habría sustraído fondos municipales para ser entregados en forma discrecional; a razón de 500 pesos a las personas que lo solicitaran como ayuda social, sin verificar la existencia real de dicha necesidad. Surgió de los recibos, que no se estableció ni el beneficiario ni el monto que se otorgaba, por lo que la maniobra fue utilizada para disponer libremente de fondos municipales en beneficio propio.
Cuarto hecho: mediante constancias del Banco Macro, se acreditó que el imputado extrajo a través de diversas personas, fondos municipales sin haberse podido determinar el destino asignado y que llevó a cabo la misma maniobra respecto de los fondos depositados en el Banco Patagonia. Sobre estos últimos, se giraron cheques con extracciones de sumas de dinero del municipio y se constituyeron plazos fijos, con los consecuentes beneficios financieros.
Luego, se extrajeron los fondos públicos que no ingresaron al municipio sin haberse podido determinar tampoco su destino real, dada la inexistencia de un circuito administrativo y respaldo documental. Ello produjo un grave perjuicio al erario municipal, del orden de los 84 millones de pesos. Para justificar el retiro del dinero, se ordenó a los auxiliares de tesorería que se imputaran a la cuenta “gastos reservados”, según surgió de distintas declaraciones.
La maniobra también fue acreditada con los mensajes extraídos del teléfono celular del acusado, de los que surgió la maniobra descripta: esperar la trasferencia de fondos nacionales o provinciales, transferirlos a la cuenta del Banco Patagonia, constituir plazos fijos para generar intereses y luego disponer de esos fondos, los que incluso, fueron retirados en bolsos, meses antes de finalizar su mandato.
En definitiva, la fiscalía dio por probado que tanto Cornejo como Méndez, desplegaron conductas penales típicas del peculado, pues eran quienes tenían a su cargo la administración y custodia de los caudales públicos, de los que se apropiaron y que les correspondía administrar, con abuso del poder de Cornejo en disponibilidad que le fuera otorgado en razón de su cargo y con el consiguiente quebranto para las arcas públicas.
