(SALTA).-( Por Diego Nofal)- La investigación por trata laboral en Salta contra José Antonio Fernández García, dueño de Cerdo Negro y finca La Montanera, nació de una denuncia anónima a la línea 145. Desde el 26 de febrero pasado, cuando el caso se abrió en Salta, la fiscalía federal tuvo una tarea investigativa ardua que aún seguirá por seis meses más.
A una semana de la audiencia donde José Antonio Fernández García resultó imputado por trata de personas con fines de explotación laboral, agravada por el número de víctimas, sus condiciones de vulnerabilidad y su consumación, surgieron más detalles. La hoja de ruta comenzó el 26 de febrero cuando una persona llamó a la línea gratuita 145 y denunció irregularidades laborales en finca La Montanera, propiedad del reconocido empresario.
La denuncia no llegó directamente a la fiscalía federal de Salta, ya que el 145 recibe llamados y luego organismos como la Procuraduría de Trata de Personas redireccionan los casos. Así las actuaciones fueron derivadas a la Unidad Fiscal Salta, bajo la dirección del fiscal general Eduardo Villalba, quien avanzó junto a la fiscal subrogante Paula Gallo y su equipo.
Como primer paso, la fiscalía solicitó a la Agencia de Recaudaciones y Control Aduanero una fiscalización en la finca para relevar la situación laboral de todos los empleados. Para esa inspección también fueron convocados personal de Asistencia a la Víctima de Trata, del gobierno provincial, y un grupo operativo perteneciente a Gendarmería Nacional, entre otros agentes.
El 4 de marzo se llevó adelante la fiscalización en finca La Montanera, donde se inspeccionaron todas las instalaciones dedicadas al tabaco, la aceituna y la producción porcina. Como resultado, la fiscalía confirmó las irregularidades denunciadas en la finca y detectó anomalías en siete de veinte trabajadores, además de condiciones insalubres de extrema gravedad y hacinamiento.
El 20 de marzo la fiscalía notificó formalmente al empresario sobre las actuaciones preliminares en la causa y dos abogados se presentaron en representación de sus intereses legales. Entre abril y julio se tomaron entrevistas con el personal que participó de la fiscalización y se citó a trabajadores de la finca con presencia de la defensa de Fernández. El 11 de junio se levantó el secreto bancario, financiero y bursátil del empresario, y el 24 de ese mes la agencia finalmente remitió su perfil patrimonial completo. Luego, entre julio y agosto, la agencia analizó la situación salarial y descubrió que muchos empleados figuraban como tabacaleros aunque realizaban otras tareas en la misma finca rural.
Entre el 26 y 28 de agosto, por iniciativa de la diputada nacional Yolanda Vega, el Congreso concedió a Cerrillos el título de Capital Nacional del Cerdo Negro con 203 votos afirmativos. Ese logro fue adjudicado directamente al dueño de finca La Montanera y del restaurante Cerdo Negro, por donde pasaron figuras artísticas y políticas, como la vicepresidenta Victoria Villarruel. Parece que el aroma del jamón de bellota tapó por un rato otros aromas laborales que la fiscalía sí percibió en la finca mientras el Congreso aplaudía de pie. A contramano de ese reconocimiento, el 2 de septiembre, ante el juez federal Diego Anzorreguy, el afamado empresario resultó imputado por trata laboral agravada en perjuicio de siete de sus veinte empleados. Aunque se declaró ajeno a la imputación, el magistrado consideró que la fiscalía reunió suficientes evidencias y dispuso que Fernández no tenga contacto directo con tres trabajadores víctimas. También le prohibió salir del país y admitió un plazo de seis meses de investigación para que la fiscalía reúna el resto de evidencias necesarias en la causa penal.
