SALTA – En otro hecho que no deja de sorprender, en especial en un día que se conmemora a la mujer, ayer se dio a conocer detalles de un prostíbulo que funcionaba en una vivienda de Rosario de la Frontera, en el sur de la provincia. El antro, según lo informado, funcionaba con un aditamento muy particular: gozaba de protección policial.
El caso es investigado por el fiscal general Eduardo José Villalba, quien inició las pesquisas a partir del llamado de una joven que logró escapar del prostíbulo, donde estaba cautiva y era obligada a brindar servicios sexuales a los clientes que llegaban al domicilio dirigido por dos mujeres.
A partir de este llamado, se llevaron adelante rápidas tareas investigativas que, en cuestión de horas, derivaron en la detención de las acusadas, a quienes se les imputó el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, acusación que fue admitida por el juez federal de Garantías 1, Julio Bavio.
Tanto que el magistrado no tuvo inconveniente de hacer lugar a la imputación presentada contra dos mujeres, ambas detenidas el sábado pasado en medio de un fuerte despliegue montado por efectivos de Gendarmería Nacional, fuerza que se quedó con la investigación del hecho.
En su exposición, el fiscal Villalba precisó detalles del hecho, entre los cuales resaltó el llamado que hizo la joven apenas pudo huir de la casa donde se hallaba recluida y era obligada a prostituirse, lo que sucedía también con otras víctimas.
Ante el llamado de la víctima, se activaron todas las alarmas y rápidamente se inició un operativo para salvaguardar a la víctima y detener a los responsables, tarea supervisada por la auxiliar fiscal Roxana Gual. Las acusadas son dos mujeres que, en su haber, tienen un amplio historial de denuncias por los delitos de amenazas, algunas con uso de armas.
Sobre la víctima que escapó del lugar, el fiscal indicó que la joven había sido captada en Buenos Aires a través de un supuesto tour de compras que iba hasta la la ciudad de Rosario (Santa Fe), sin embargo, nunca llegó a ese destino sino a una casa de Rosario de la Frontera.
El lugar, mucho menos era un residencial. Apenas ingresó, los acusados le quitaron el documento de identidad y destruyeron su teléfono celular. Enseguida, la mujer fue amedrentada y obligada a ejercer la prostitución, actividad cuyas ganancias quedaban en manos de las dos imputadas.
Impunidad
Pero esto no fue todo, pues del relato de la víctima, se pudo establecer que dicho prostíbulo contaba con “protección policial” e incluso, algunos policías eran clientes asiduos de los servicios sexuales que ofrecían las acusadas, quienes habían logrado infundir gran temor, tanto en la joven que denunció como en otras compañeras y hasta en varios vecinos.
El miedo a las acusadas, -según explicó la fiscalía- radicaba en gran parte en el hecho de que todos sabían que la policía no les hacía nada, sino que les era funcional a la actividad delictiva que llevaban adelante, la que salió a luz a partir de un ardid que la víctima, junto a una compañera, ejecutaron para escapar.
También informó que las jóvenes convencieron a las acusadas sobre un cliente que debían atender en un motel, lo que significaba un ingreso de dinero mayor, razón por la cual les permitieron salir de la casa. Así, logro escapar y refugiarse en un domicilio vecino, desde donde llamaron en busca de ayuda.
Posteriormente, la víctima recibió atención y asistencia de distintos organismos que brindan protección a la mujer, entre ellas la Dirección de Género de la Municipalidad de ese municipio, a cargo de la Dra. Mónica Saravia, el Polo Integral de la Mujer, a cargo de la Laura López Ahanduni.
Desde la Unidad Fiscal Salta, en tanto, también se brindó asistencia a través del área de asistencia a la víctima. En la audiencia de imputación, en tanto, estuvo presente el titular de la Defensoría Pública de Víctimas, Nicolás Escandar.
En base a estos elementos de pruebas, y otros que se mantienen en reserva, la fiscalía propició el allanamiento y detención de las imputadas, lo que se concretó con personal de Gendarmería Nacional, que llevan adelante otras diligencias en el marco de este caso.
Por otra parte, y a partir de datos que surgieron de la denuncia, el fiscal solicitó la intervención de la Asesoría de Menores e Incapaces de la Provincia, ya que existen indicios fuertes de que un hijo menor de las imputadas sería también víctima de malos tratos.
“En vista de estos argumentos, el magistrado hizo lugar a la imputación presentada por la fiscalía, como así también a la prisión preventiva de las acusadas y otras medidas investigativas que están en curso a fin de poder establecer la magnitud de este hecho, calificado como trata de personas con fines de explotación sexual, informó la fiscalía.
