Sin lugar a dudas, la cadena de estafas conocida como la causa “Ríos y Asociados”, que afectó principalmente a integrantes de la policía, es la de mayor impacto, no sólo por la cantidad de hechos ya comprobados, el que asciende a 772, sino también por la envergadura, logística, cantidad de implicados y, en especial, por el perjuicio económico causado, el que asciende a casi 700 millones de pesos.
Mientras la lista de imputados asciende a 34, incluidos los acusados los nuevos acusados, la de víctimas se mantiene, por ahora, en 772. La investigación del caso la lleva adelante la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, titular de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos.
Este miércoles, casualmente, la fiscal imputó provisionalmente a una mujer y a un hombre por el delito de encubrimiento por ayudar a asegurar el producto del delito agravado por actuar con ánimo de lucro. Se trata de la madre y el hermano de Cynthia Moya, líder de Ríos y Asociados y principal imputada por las estafas reiteradas cometidas a partir de la falsa financiera.
Los nuevos acusados, asistidos por el mismo abogado de Moya, escucharon la imputación y luego se negaron a prestar declaración y responder a preguntas de la fiscalía, la que fundó la acusación en la falta de justificación en torno a dos vehículos secuestrados en el operativo del 25 de marzo de 2022, cuando el caso salió a luz.
El primer vehículo se trata de una camioneta Nissan Frontier sin rodamiento, secuestrada en la concesionaria, que fue adquirida por la madre de Moya por un valor de 9.100.000 pesos, pagados de contado. Respecto al origen de fondos, la profesional contable que realizó la certificación de los mismos, sostuvo que el dinero empleado para el pago del vehículo provenía de ingresos por actividad en relación de dependencia de la mujer en función de haber tenido a su vista recibos de sueldos por los periodos comprendidos entre el 01 de enero del 2019 y 01 de marzo de 2022.
Del entrecruzamiento de datos, sin embargo, los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, División UDEC, constataron que la madre de Moya percibió como empleada en relación de dependencia del Hospital Público de Autogestión por el periodo enero de 2021 a marzo de 2022, la suma de 1.043.155,24 pesos; es decir un promedio de 74.500 pesos por mes.
Se estableció también que la mujer se encontraba inscripta como monotributista en la categoría C, desde marzo de 2017 y a partir de febrero 2021, en la categoría B; como actividad económica ejercida Servicio Desarrollado con la Salud Humana (pedicura). En cuanto a la facturación efectuada, AFIP informó que facturó la suma total de $406.226,33, desde enero de 2021 a marzo de 2022; unos 29 mil pesos por mes.
Asimismo, surgió que la madre de Moya se encontraba pagando un crédito por la compra de un vehículo Nissan Nicks modelo 2021 y que fue adquirido el 27 de agosto de ese año. Abonó 2.005.000 de pesos de contado y financió 12 cuotas de $850.000 en 12 meses.
También se estableció que los dos rodados constaban de cédulas de autorización para conducir (ex cédula azul) a nombre de Cynthia Moya, su hermano y otros familiares. A su vez, se detectaron transferencias desde las cuentas bancarias de Moya y su madre.
En vista de la información reunida, la fiscal consideró que con lo producido de su actividad como pedicura en forma independiente, sus ingresos por su labor en el Hospital Público de Autogestión, acreditaciones al ser destinataria de un beneficio de ANSES, préstamos recibidos y teniendo en cuenta además egresos por cuotas de los préstamos adquiridos, extracciones en efectivo, compras con tarjeta de débito, cuotas de la prenda inscripta y transferencias a la cuenta de su hija, la mujer no poseía una capacidad financiera y económica suficiente que le permitiera realizar la adquisición de rodados.
BMW Sedán
El segundo vehículo se trata de un BMW, Tipo Sedán 4 (cuatro) puertas, 0 km, adquirido el 22 de febrero de 2022 por un valor de 10.500.000 pesos y que fuera secuestrado también el 25 de marzo del año pasado. Se encuentra registrado a nombre del hermano de Cynthia Moya, con cédula de autorización para conducir (ex cédula azul) a nombre de ésta.
Al respecto, la fiscalía confirmó que la certificación contable sobre el origen de fondos de acuerdo a lo reglamentado por la Unidad de Información Financiera (UIF), fue realizada por una contadora, la que indicó que los fondos provenían de los ingresos que tuvo el hombre por una cifra de 10.980.000,00 desde el 01 de enero de 2018 al 01 de febrero del 2022.
Sin embargo, los Informes Financieros y Económicos sindicaron que el comprador revestía la condición de monotributista categoría C desde 11 de marzo de 2017 hasta el 29 de mayo del 2021 y a partir de 12 de junio de 2021 hasta la actualidad categoría B; como actividad económica principal: Servicio Desarrollado con la Salud Humana
La fiscalía dijo que, aún si hubiera facturado el máximo que le permitía su categoría de monotributo, en el periodo indicado por la profesional, desde 2018 a 2022, no le era suficiente ya que ascendería a $1.505.730,12; es decir un 14,34% de lo que pagó por el vehículo BMW 0 Km, incluso sin considerar que no tuvo gastos en dichos periodos, lo cual no resulta probable, dado que existen gastos necesarios de supervivencia.
En vista de evidencias, el hombre y la mujer fueron imputados por el delito de encubrimiento por ayudar a asegurar el producto del delito agravado por actuar con ánimo de lucro.De acuerdo a lo estimado por los investigadores, el monto total en efectivo y bienes al que asciende la estafa perpetrada ascendería a los 493.766.730 pesos y 509.631 dólares.
Respecto a los acusados, la fiscalía imputó por estafas reiteradas (772 hechos) y falsedad de instrumento privado (772 hechos) en concurso ideal a 21 personas; por asociación ilícita y abuso de autoridad a 4 personas; por asociación ilícita a 2; por violación de secreto y encubrimiento por favorecimiento personal en concurso real, a 2; por encubrimiento por ocultamiento de dinero agravada por su condición de funcionario público a una; por encubrimiento de dinero por ocultamiento, a uno; por asociación ilícita y abuso de autoridad en concurso real, a uno y por encubrimiento por ayudar a asegurar el producto del delito agravado por actuar con ánimo de lucro, a dos.
Del total de imputados, hasta el momento en la causa, hay 12 detenidos, entre ellos la líder de la organización Cynthia Moya. Ocho de los acusados se encuentran en libertad con medidas sustitutivas y cinco permanecen en libertad por disposición del juez Pablo Arancibia. Otros seis implicados, en tanto, fueron imputados por la fiscalía sin solicitud de detención por considerar que no entorpecían la investigación de la causa. Tres personas se encuentran prófugas y son intensamente buscadas por las Fuerzas de Seguridad.
