SALTA – Desde el 11 de mayo próximo, la Sala VI del Tribunal de Juicio llevará adelante el debate contra Salomé Abigail Soria, de 20 años, por el homicidio calificado por alevosía y criminis causae de la docente Rosa Sulca, mientras que Martín Oscar Laime, de 26, deberá responder por la acusación de encubrimiento agravado.
Bajo la dirección de la jueza Mónica Mukdsi, el tribunal también juzgará a siete personas más. Se trata de operadores y policías que cumplían funciones en el Sistema de Emergencia 911 (Centro de Coordinación Operativa y Demanda Ciudadana), cuando la víctima llamó para pedir ayuda, sin que los operadores implicados hayan podido coordinar una respuesta adecuada al auxilio requerido.
Los acusados, en este caso, son Marcelo Tintilay Cordeyro, Héctor Roberto Herrera, Gustavo Javier González, Antonio Exequiel Sanhueso, Juan Carlos Vizgarra, Gabriela Valeria Casasola Moyano y Normando Domingo Corbera. Todo, están imputados por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Por el Ministerio Público intervendrá el fiscal de la UGAP 1, Leandro Joaquín Flores, y la fiscal de la UGAP 2, Verónica Simesen de Bielke. Por la parte querellante actuarán Pablo Tort y Juan Pablo Ochoa (Fundación Cintia Fernández).
La defensa de los acusados estará a cargo de Miguel Fernando Páez (Soria), la defensora oficial penal Patricia González (Laime), el defensor oficial penal Jorge Eduardo Bonetto (Tintilay Cordeyro), Andrés Chibán (Casasola Moyano), Pablo Alberto González (Herrera y González), Carlos Fernando Rojas (Corbera), Ariel Vázquez (Sanhueso) y Nicolás Ceferino Vedia (Vizgarra).
El debate, según lo informado, podría extenderse hasta el 24 de mayo, dada la cantidad de testigos y otras pruebas documentales. Incluso, no se descarta que se lleve adelante una inspección ocular en la casa de la docente asesinada.
Es que el asesinato, además de causar una gran conmoción por ser cometido a poco de un mes de haberse declarado la pandemia por el COVID 19, cuando en Salta y todo el mundo se habían implantado medidas extremas de cuarentena, generó cierta indignación por la falta de ayuda por parte de la policía y el servicio del Emergencia 911.
El homicidio
Como se sabe, el brutal asesinato de la docente ocurrió el 28 de abril de 2020, a poco más de un mes de la declaración de pandemia por el COVID 19. La maestra fue asesinada en su vivienda de Villa Mitre. El parte forense indicó que recibió varios golpes y heridas de arma blanca.
En el requerimiento de elevación a juicio del caso, resuelto el 10 de septiembre de 2021 por la jueza de Garantías 1, Ada Guillermina Zunino, Soria fue responsable material del crimen de la docente, mientras que Laime encubrió el asesinato.
Por otra parte, la jueza sólo sobreseyó a Pablo Exequiel Verón como autor del delito de homicidio calificado por alevosía, criminis causa y femicidio, ya que del desarrollo de la investigación, y particularmente, de la reconstrucción del evento, no se advierte indicio probatorio alguno que permita aseverar que el acusado haya participado en la comisión del hecho investigado.
La magistrada avanzó también contra los supervisores del área de Demanda Ciudadana, Tintilay Cordeyro y Moyano como autores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que “desempeñándose ambos como funcionarios públicos incumplieron un acto propio de su cargo, esto es llevar adelante la supervisión de las llamadas que ingresan al SE 911 y en su caso, disponer las medidas necesarias para verificar que dicho incidente sea catalogado correctamente y que se asignen los recursos necesarios para asistir en la emergencia”.
Al respecto, cabe recordar que la noche del homicidio, la docente, mal herida, alcanzó a llamar al 911 y pidió auxilio, sin embargo, desde esa área no se pudo coordinar una respuesta inmediata y, mucho menos, acorde al tenor del pedido de ayuda.
La misma acusación recae contra los miembros del Centro de Coordinación Operativa, Herrera (despachante policial), González (jefe de Despacho de Emergencias Policiales), Corbera (Supervisor de Despacho) y los efectivos policiales Antonio Ezequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra, puesto que cada uno de ellos incumplió con la función asignada con la consecuencia de la muerte evitable de Sulca.
Dictó auto de sobreseimiento, en cambio, para los operarios Pablo Ezequiel Bisón Enriquez y Héctor Fabián Tolaba, imputados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte, luego de comprobarse que ambos actuaron de acuerdo al protocolo de trabajo vigente.
