SALTA – La investigación en curso se encuentra a cargo del fiscal penal Ramos Ossorio, quien tomó intervención a partir de la denuncia realizada por vecinos de barrio Tres Cerritos, quienes advertían de gritos y otras situaciones de alerta que involucraban a niños, niñas y adolescentes alojados en el dispositivo de protección “Casita Feliz”.
Al respecto, Ramos Ossorio, informó que la denuncia no descarta supuestos malos tratos, razón por la cual inició la investigación a fin de lograr el esclarecimiento del hecho. En ese marco, dispuso que los menores sean examinados por un médico legal, se analicen los registros fílmicos de las cámaras de seguridad internas y que se de intervención a las autoridades de la Secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, organismo a cargo de la supervisión del hogar.
El fiscal, cabe señalar, ya tiene en sus manos otra causa vinculada a un hecho similar, por el cual la coordinadora y otras siete operadoras de ese mismo hogar ya fueron imputadas por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en calidad de autoras, investigación iniciada el pasado mes de febrero.
En este caso, en cambio, la secretaria de Primera Infancia de la Provincia, Carina Iradi, salió al cruce de las denuncias de los vecinos. La funcionaria, en distintas declaraciones públicas, sostuvo que lo ocurrido es como resultado de situaciones que se suscitan al cuidar a los chicos, circunstancias en la que se generan “crisis”.
“Entiendo la preocupación de los vecinos, pero nos toca gestionar infancias y adolescencias bien complejas, Y dentro de esas complejidades, a veces, nuestros niños tienen crisis”, recalcó, para luego agregar que algunas ocurren en situaciones domésticas, “por ejemplo a la hora de acostarse y dejar de usar los equipos electrónicos”.
En el caso puntual denunciado por los vecinos, surgió de un incidente registrado a la hora de dormir, cuando se le pidió a un chico que deje de usar una Tablet, lo que originó esta crisis, a la que se sumaron “otros dos niños más”, con lo cual la situación derivó en gritos.
Iradi subrayó que “son distintas las situaciones en este lugar y con infancias complejas, uno entiende la preocupación desde afuera, pero por dentro están abordados con psicólogos, profesionales, equipos interdisciplinarios”.
Por otra parte, mencionó que estos sucesos no son esporádicos, sino que suelen ocurrir, con instancias donde los chicos “encuentran la forma de subirse al techo” inclusive. “Hemos tenido situaciones complejas con chicos en el espacio, ayer a la 1 les pedí que vayan a dormir y no querían”, recalcó antes de aclarar también que el hogar cuenta con servicio eléctrico y que está iluminado por dentro, a contramano de las denuncias de los vecinos.
Al margen de estas explicaciones, la fiscalía avanzó con la apertura de la causa, la que dejó de lado las justificaciones aludidas frente a las denuncias de vecinos, que seguramente serán citados a fin de brindar mayores presiones respecto a los hechos ahora investigados.
Antecedente
Las imputaciones ya formalizadas contra operadores de ese hogar, surgieron a partir de medidas probatorias fundadas en entrevistas con los menores a través de circuito cerrado de televisión, de las que se advierte -por parte de las acusados, tanto Operadoras, como de la Coordinadora del hogar- la reiteración de conductas inapropiadas respecto del trato dispensado a los menores que manifestaban un “mal comportamiento”, utilizando como mecanismo disciplinador reiterado, la metodología de introducirlos de manera violenta y con prendas de vestir a la ducha con agua fría, mencionándose que tal actitud, era orden de la jefa del hogar.
Para Ramos Ossorio la conducta desplegada por las acusadas comprometió la seguridad general del Dispositivo de Protección, contrariando los mecanismos de cuidado, abordaje y tratamiento respetuoso para con los niños, niñas y adolescentes bajo su órbita de cuidado, y que importa un quebranto a las pautas previstas.
Además, afirmó que, si bien no se constatan lesiones físicas en los menores, de la información brindada en forma conjunta por los niños y niñas alojados en el lugar, mediante sendas entrevistas con psicólogos y asistentes sociales de la Secretaria de Primera Infancia, como así también, de las entrevistas de Circuito Cerrado realizadas por personal del CIF se evidenció violencia psicológica o moral en contra de los menores.
