SALTA – El caso, uno más de abuso por parte de la policía, quedó expuesto a partir de un pedido realizado en los últimos días por el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, quien requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 5 del Distrito Centro, contra los policías Gonzalo Rodrigo Wayar Gómez, de 31 años, por los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia, privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica, todo en concurso real y contra Esteban Joel Yurquina, de 45 años, por los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y privación ilegítima de la libertad.
La acusación surge de un hecho ocurrido en la madrugada del 25 de noviembre de 2022, cuando la víctima caminaba con un amigo por el corredor de calle Balcarce esquina Necochea, cuando de la nada, varios efectivos que realizaban el despeje del corredor, los interceptaron, cortándoles el paso, circunstancias en que hubo un cruce de insultos y golpes de puño.
En ese fragor, Yurquina comenzó a darle de golpes con la mano abierta y también de puño en la cara al joven, lo que le causó hematomas en rostro frontal y malar derecho, según quedó registrado en el certificado emitido por el médico legal y Hospital San Bernardo.
El incidente no terminó ahí, pues apareció el oficial auxiliar Wayar Gómez, quien lejos de llamar a la calma a su camarada, se sumó a la golpiza. Agredió en la cara al muchacho, ataque que fue filmado por el amigo del damnificado, imágenes que luego resultaron claves.
Entre los fundamentos del pedido de juicio, el fiscal citó un informe realizado por el Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), en el que se analizó todo el material fílmico aportado, tanto por el amigo, otros testigos y las cámaras de video públicas, las que permitieron cómo sucedió el incidente denunciado.
En su denuncia, la víctima se mantuvo firme y reveló que luego de ser golpeado, lo esposaron y lo llevaron a la Comisaría 1º, después a la Alcaidía, al Hospital San Bernardo, para más tarde regresarlo a Alcaidía y de allí a la Comisaría, sin permitirle al joven que llamara a sus padres ni mucho menos solicitar un abogado.
Del compilado de imágenes reunidas por la fiscalía, se observa a los dos amigos, uno de ellos sujetando un teléfono móvil, mientras el otro mantiene un altercado con un efectivo policial que le propina un golpe de puño, que lo hace perder el equilibrio. Además, se pudo visibilizar a dos oficiales que tomaron del cuello al mismo civil, para luego esposarlo.
Proceder ilegítimo
De la coartada brindada por Wayar Gómez, se advierte que el relato dado en su informe no resulta coincidente con la brindada por el damnificado, el testigo y las filmaciones. Para la fiscalía, tergiversó la verdad respecto al origen de la lesión del denunciante, razón por la cual se estima que su conducta encuadra en el delito de falsedad ideológica, en virtud de haber insertado en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento debía probar.
El fiscal González reconoció que ambos efectivos ejercían un acto de servicio, como el despeje en el corredor, pero que se excedieron en su función. Y “como consecuencia de ese ilegítimo proceder, le provocaron lesiones al damnificado, que fueron constatadas por el examen médico, expedido por el médico del Hospital San Bernardo, quien dejó constancia que, tras sufrir la agresión de terceros, el denunciante presenta hematomas en rostro, a nivel frontal y zona malar derecha”.
Según la historia clínica, el profesional médico diagnosticó traumatismo superficial que afecta la cabeza y el cuello. Además, el joven agredid no tuvo inconvenientes para reconocer a los dos policías, quienes fueron imputados el 23 de marzo pasado.
A manera de fundamentos, sostuvo que los acusados actuaron “con claro exceso en el ejercicio de sus funciones y sin que existieran motivos razonables u orden de la autoridad competente, se privó ilegítimamente de la libertad ambulatoria a ambos damnificados, a quienes retuvieron en la Comisaría 1°, sin causa”.
“Se advierte una práctica de violencia institucional, que corresponde erradicar mediante sanción del sistema policial de nuestra provincia y país”. Y continúa expresando que “es preciso destacar que la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad es una práctica estructural de violación de derechos humanos, por parte de funcionarios públicos policiales y del servicio penitenciario”.
Por último, indicó que “la violencia institucional referida conlleva un plus de reproche, por cuanto es cometida por funcionarios públicos que, por sus responsabilidades y deberes, se encuentran autorizados en los supuestos legales, para hacer uso de la fuerza pública, el que debe ser racional y cuya práctica contraria se transforma en violatoria de derechos humanos”.
