SALTA – A poco más de un mes de la detención de Andrea Roxana Pérez como supuesta autora de la sustracción de una beba del hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, la unidad fiscal que investiga el caso apeló una resolución judicial dictada este lunes, a partir de la cual la acusada, de 25 años, resultó beneficiada con el arresto domiciliario.
El fallo que favoreció a Pérez fue dictado por el juez Fernando Mariscal Astigueta, del Juzgado de Garantías 2 de ese distrito. Contras esa resolución, los fiscales Pablo Cabot, Rafael Medina y Lorena Martínez, presentaron una apelación a fin de revertir la decisión y provocar que la acusada vuelva a la cárcel.
Como argumento, los fiscales, designados por el Procurador General, Pedro García Castiella, alegaron que Pérez, desde su casa, en una comunidad aborigen, podría darse a la fuga con facilidad, posibilidad que se ve potenciada por la cercanía con la frontera con Bolivia.
Además de este riesgo procesal, la fiscalía agregó otro inconveniente. Se trata de un posible entorpecimiento de la tarea investigativa, en la que podría incurrir a través de distintas intervenciones, como llamados intimidantes a posibles testigos del caso.
En este punto, resaltaron que aún se llevan adelante medidas procesales, las que están dirigidas a despejar dudas respecto a la posible participación de otras personas en el robo de la beba del hospital, hecho ocurrido el 14 de julio pasado.
La sustracción de la beba, que luego apareció abandonada en una casa deshabitada en un barrio de esa misma ciudad, fue noticia nacional, pues el robo no ocurrió en una vivienda, sino de un organismo público, lo que generó una gran inseguridad, máxime si se tiene en cuenta que el establecimiento cuenta con seguridad privada.
Por otra parte, los fiscales señalaron que la acusación no se trata de un hecho menor, sino de gran trascendencia y de un delito poco usual, con un fuerte impacto en la sociedad, la que espera una respuesta ágil y segura por parte de la justicia.
La apelación planteada, según fuentes judiciales, será girada ahora al Tribunal de Impugnación, fuero encargado de analizar esta clase de recursos, lo que podría hacerse a través de una audiencia oral, o bien, por resolución escrita, cualquiera de las dos opciones, se espera que la decisión sea lo más pronto posible.
Para la fiscalía, Pérez es la principal y, por ahora, único responsable del robo de la beba, hija de una pareja, también perteneciente a una comunidad originaria, y como prueba de ello, pidieron la detención de la acusada, lo que se concretó el 20 de julio pasado.
Pruebas
Como principal prueba de la detención, los fiscales presentaron un video, en el que volcaron distintas imágenes de cámaras de video, tanto públicas como privadas, de los alrededores del hospital, grabación en la que se ve a una mujer que sale con la criatura oculta debajo de sus ropas.
La participación de Pérez, sin embargo, no está muy clara, situación que generó ciertos cuestionamientos sobre la tarea de los fiscales. Al respecto, el abogado Rambert Ríos, representante de la familia de la beba, puso en dudas que la mujer detenida sea la responsable del robo de la beba.
Sobre el planteo que derivo en el arresto domiciliario, presentado por las defensoras oficiales, Lorena Babicz y Natalia Pagani solicitaron al Juzgado de Garantías N° 2 que se otorgue el beneficio de prisión domiciliaria a Andrea Pérez.
Cabot, Rafael Medina y Lorena Martínez habían solicitado al juez interviniente que se mantenga la prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación de la causa.
El juez Mariscal Astigueta, sin embargo, decidió optar por el recurso presentado por las defensoras oficiales amparado en la carencia de antecedentes penales de la acusada y en el arraigo de Pérez en su comunidad originaria, lo que es argumentó para considerar que la acusada no se dará a la fuga.
En virtud de ello, Pérez continuará con prisión preventiva, pero en su comunidad, quienes defienden la teoría que la acusada no perpetró el robo. Hasta el momento la acusada pese a las pruebas producidas por la UFI, no prestó testimonio al respecto.
Mariscal Astigueta rechazó el pedido de prisión preventiva y decidió que la joven originaria siga en calidad de detenida, pero en su comunidad.
«La encausada tiene muy fuerte arraigo ya que claramente pertenece a una comunidad originaria y tiene lazos de por vida con ella, lo que dificulta que la abandone lo que se ve también reforzado por los dichos de sus progenitores y el referente comunitario (Antonio) Cavana”, afirmó el juez.
Al otorgarle la medida sustitutiva y rechazar la prisión preventiva, el juez tuvo en cuenta que la joven wichi carece de «todo tipo de antecedentes condenatorios, declaraciones de rebeldía o pedidos de capturas, análisis que ha sido directamente omitido por la UFI». Y agregó, en relación a la interpretación de los fiscales, que la joven detenida «no se arrepintió» de sus actos.
“No pesa ninguna obligación de colaborar con la investigación de quien reviste la calidad de imputado por causa penal so pena de violarse las garantías de la autoincriminación ya que nadie está obligado a declarar en su contra y dicho accionar implicaría el reconocimiento de la autoría del hecho, lo que de ninguna manera la señora Pérez está obligada a realizar. Son los investigadores quienes, utilizando las herramientas que les brinda el poderoso Estado, deben obtener los datos probatorios para sostener su autoría sin esperar colaboración por parte de la acusada”, afirmó el magistrado.
