(SALTA).- Por Diego Nofal – El programa Par Político puso al aire el expediente de la causa Federal que se sigue contra Ada Zunino, y los detalles revelados son tan graves como numerosos, según lo que establece la documentación judicial. La abogada Micaela Plaza Amado, denunciante en esta causa, sostuvo que estuvo en la casa de la ex jueza de garantías en varias ocasiones, y en una de ellas se enteró de que su pareja de entonces no era abogado.
Marcelo Fernández había estado ejerciendo la abogacía ilegalmente durante años, siempre bajo el amparo de Ada Zunino, quien no solo conocía su situación sino que además lo protegía activamente. La denunciante relata que Fernández le confesó que la propia magistrada le había facilitado su accionar y lo había integrado a su círculo de confianza.
Uno de los detalles más impactantes que surgió del expediente es la presencia del ex secretario de seguridad Benjamín Cruz en la fiesta que Zunino organizó en su domicilio para celebrar la supuesta recepción de Fernández. Cruz, según consta en la denuncia, está vinculado al asesinato de Darío Monge, lo que agrega una capa de gravedad adicional a este entramado de corrupción y abuso de poder.
De acuerdo con lo que establece el expediente, el ex secretario de seguridad le proporcionaba datos de los detenidos a Fernández para que este pudiera ofrecer sus servicios como abogado en las comisarías y dependencias policiales. Esta práctica revela una conexión perversa entre el ámbito judicial y el área de seguridad, donde la información privilegiada se convertía en un negocio redondo para los implicados.
El expediente también detalla que Plaza Amado fue testigo directa de cómo la ex jueza de garantías dejó libre a un preso a cambio de dinero, un hecho que constituye un delito de cohecho pasivo y un abuso de autoridad de manual. La denunciante sostuvo además que Marcelo Fernández le contó que él personalmente iba a llevar una parte de ese dinero a la actual defensora de la provincia, lo que implica que Zunino no solo aceptaba coimas sino que las exigía activamente.
El abogado Fernández, según el relato de Plaza Amado, era el encargado de recaudar los fondos ilícitos y transferirlos a la magistrada, convirtiéndose en su brazo ejecutor dentro del sistema. La denuncia describe una organización perfectamente estructurada donde cada uno cumplía un rol específico para garantizar la impunidad de todos sus miembros.
En la reunión en casa de Zunino, según consta en el expediente, estuvieron presentes el juez del Tribunal de Impugnación Luciano Martini, el juez de Garantías Ignacio Colombo y el defensor oficial penal Carlos Genovese, todos ellos rodeando a la magistrada.
La presencia de estos jueces en ese evento privado, de acuerdo con lo que establece la denuncia, refuerza la sospecha de que existía una red de complicidades que protegía a Fernández y facilitaba las maniobras ilegales de Zunino. La denunciante Plaza Amado, al descubrir la verdad sobre Fernández y al ser testigo de los hechos de cohecho, decidió presentar su denuncia ante la Justicia Federal.
Sin embargo, el procurador Pedro García Castiella le prohibió hablar en los medios, un intento desesperado por mantener el escándalo bajo la alfombra.
El expediente revela además que Sebastián Martínez, pareja de Ada Zunino, fue acusado de acoso sexual contra Plaza Amado, y habría llegado al Poder Judicial con la ayuda de Antonio Marocco. Martínez, según las declaraciones de un abogado anónimo cuyo testimonio se adjunta a la nota, estuvo preso en el año 2003 o 2004 por un delito relacionado con la prostitución de mujeres.
La carrera meteórica de Martínez en los tribunales, de acuerdo con el expediente, se debió siempre al apoyo incondicional de su pareja Zunino y al respaldo político del vicegobernador Marocco. Este detalle, sumado a la conexión con Benjamín Cruz, dibuja un mapa de corrupción que involucra a las más altas esferas del poder provincial.
La denuncia contra Zunino, una acusación formal de delitos graves
La denuncia contra Ada Zunino no es un conflicto entre abogados ni una disputa personal, sino una acusación formal de delitos graves que incluyen cohecho, corrupción institucional y abuso de autoridad. Los detalles revelados por el expediente y el programa Par Político son tan contundentes que ningún ciudadano de buena fe podría ignorarlos sin sentir indignación.
La defensora general, lejos de dar explicaciones, ha permanecido en silencio mientras su expediente se llena de pruebas en su contra, un silencio que habla más que cualquier declaración. La Justicia Federal tiene la obligación de investigar a fondo cada uno de los hechos denunciados y de citar a declarar a todos los involucrados.
La sociedad salteña merece respuestas claras sobre cómo es posible que una magistrada haya protegido a un falso abogado, haya cobrado coimas y haya compartido su intimidad con un ex funcionario vinculado a un asesinato. El sistema judicial provincial necesita una depuración que comience por la cabeza, y Ada Zunino debería ser separada de su cargo mientras dure la investigación.
La ciudadanía no puede seguir pagando el costo de una justicia corrupta que beneficia a unos pocos poderosos en desmedro de los más vulnerables. Que el expediente haya salido a la luz es un primer paso, pero el camino hacia la verdad será largo y doloroso.
