La clase gobernante, mal llamada «clase política», porque para ser política debiera
atender a las exigencias de la sociedad, tal la etimología del término, está tan vacía y vaciada de contenido que suele utilizar términos como «Sistema», «Democracia» y «República» sin tener clara conciencia sobre lo que se está refiriendo.
Decir, por ejemplo, República, es predicar de los más altos estándares
cívicos y políticos, representa haber asumido nada menos que el respeto irrestricto
a los términos de la Constitución Nacional y Provincial, ajustarse al sistema de Leyes y cumplir con los mandatos que emergen de ese plexo jurídico,
algo que ya no se observa en los llamados gobernantes.
La misión de gobernar está confundida por los supuestos representantes del pueblo ya que en el estado actual de cosas no representan a los ciudadanos sino a intereses de poder de grupos o propios porque no se comprende de otra manera
que se hayan formado dos clases sociales a partir de esta situación; una nueva clase enriquecida que goza de privilegios y otra formada por una mayoría
pauperizada que sobrevive al límite de lo exigen las mínimas condiciones de sustentabilidad.
Se escucha hablar a estas personas que ocupan puestos en todos los Poderes del Estado de «República», de principios republicanos, pero son frases que suenan con algún eco propio de un espacio vacío carente de la solidez del respeto a los
mismos. Se ha perdido la virtud política.
Para comprender esto último conviene recordar que el sistema republicano se basa, según la doctrina de la separación de poderes elaborada por el Barón de Montesquieu en Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, que exige la independencia de Poderes y el cumplimiento del rol de cada uno, caso contrario, el sistema republicano -la «República»-, cruje, se deteriora y se corrompe.
Y en esa corrupción del sistema se atenta contra la calidad de vida de los ciudadanos. Esto no es menor ya que al degradarse las Instituciones republicanas
las garantías y derechos de los ciudadanos se ponen en riesgo y se extiende
el peligro de ser gobernados por una dictadura encubierta de democracia.
Ese límite peligroso al que se está llegando ya quedó demostrado en Salta en las últimas elecciones donde ni el gobernador ni los intendentes alcanzaron niveles siquiera dignos de aceptación por parte de la ciudadanía. En el caso del gobernador,
Gustavo Sáenz, cuyos publicistas aplaudieron que había obtenido un 45%, estudiados los porcentajes en realidad el caudal de votos más firme oscila los 30 puntos.
En el resto de la provincia ocurrió lo mismo con los intendentes que ninguno alcanzó ni siquiera esos 30 puntos, lo cual revela que un promedio del 70% de la ciudadanía la figura o la propuesta de los votados no los convence o no los quiere. Esta situación alerta sobre una creciente debilidad del sistema democrático en Salta ya que impone gobiernos locales y el provincial de forma legal pero carente de legitimidad.
La creciente ausencia de votantes instruye sobre el desinterés que las figuras políticas causan en el electorado lo cual es peligroso porque al tener la representación ciudadana tan ultrajada, así se abren caminos a la tentación de imponer pensamientos autocráticos. Precisamente, esos comportamientos
voluntaristas ya se han visto en Salta cuando desde la propia Cámara de Diputados
se propuso regular el derecho de protesta acicateado desde el oficialismo y proponerlo en una sesión sobre tablas en lo que algunos medios calificaron de
haberlo «metido a hurtadillas».
Esa regulación de las protestas encubría un protocolo para limitar el derecho a protestar garantizado por la Constitución Nacional en todo el territorio
provincial. Desde el oficialismo se intento con este proyecto encorsetar
las protestas en un tiempo donde el conflicto docente se había desmadrado a
causa de la inacción e incapacidad del ministro de Educación, Matías Cánepa.
Una de las autoras de este engendro era precisamente la diputada, Cristina Fiore, alistada en un bloque llamado «Confluir» (¿?) y que paradójicamente ahora
está nominada como la persona que reemplazaría en los próximos días al dicho Cánepa que sería premiado con un ostracismo áureo en la Corte de Justicia.
Para otra de las autoras, la diputada, Socorro Villamayor, la iniciativa tenía como fin último garantizar «la paz social», en un momento de tensión social precisamente,
por lo que aquello desnudó que el querer último del Ejecutivo provincial habría sido buscar la paz, pero de los cementerios.
Fracasado el intento de avasallar el derecho a la protesta, sobrevino otro arresto más en busca de conculcar derechos constitucionales como fue la propuesta que recibió media sanción en Diputados de una llamada «Ley Bozal» o «Ley Mordaza» que buscaba hegemonizar el pensamiento poniendo límites a la prensa, incluso, proponiendo la canallada de amenazar a los periodistas con prisión por expresar sus opiniones.
Esa fantochada buscaba penalizar a «quien difundiera noticias falsas» y el discurso oficial señalaba que se pretendía evitar las «Fake News», pero debe el ciudadano despierto preguntarse entonces ¿Qué es una «Fake News»? La esencia del periodismo no sólo es informar sino formar opinión pública a través de hipótesis en modo potencial lo cual no es una aseveración. Esto para decir que esa ley tipificaba conductas de manera peligrosamente subjetiva, tanto como lo era aquel tipo que tuviera una vigencia de más de un siglo que autorizaba a la policía a detener al que estaba en la vía pública «como vago y mal entretenido», una maniobra utilizada por aquellos gobiernos conservadores y dictatoriales de la època de la «Década Infame» y el «Fraude Patriótico». En la historia las coincidencias no existen, como se ve.
La decadencia mental de los funcionarios es tan peligrosa como absurda cuando se deterioran las Instituciones democráticas, como lo marca el ejemplo del diputado, Víctor Lamberto, auto percibido como «periodista» que voto sin miramientos aquel proyecto que condicionaba y amenaza a sus pares, sin pensar que mañana, cuando termine su mandato volverá a la profesión de los medios y él mismo podría ser víctima de su propia torpeza. Para agravar aún más su artera maniobra, Lamberto, declararía que votó la «Ley Mordaza» ¡Sin haberla leído! ¿Cuántas leyes habrá votado Lamberto y muchos otros diputados sin haberlas leído?
El escándalo con esta ley fue tal que hasta la Sociedad Interamericana de Prensa se pronunció en contra denunciando esta maniobra.
Estos ejemplos dicen del deterioro en el Poder Legislativo, pero más grave son los errores que se cometen en el Ejecutivo, por ejemplo, mandando a votar este tipo de «leyes», las que luego de aprobadas y cuando la opinión pública y los medios de comunicación hacen tronar su desagrado obligan al propio gobernador, Gustavo Sáenz, a declarar que serán vetadas. Esto no es serio.
La República no puede estar sometida al juego de prueba y error por parte de los funcionarios porque entonces se pone el peligro el principio de ciudadanía. Nada menos.
La falta de una regencia sólida en materia política en Salta alcanzó su pináculo cuando el gobernador, Gustavo Sáenz, a pesar de su condición de abogado, se sumó a un concierto de gobernadores que pedían incrementar el número de jueces de la Corte Suprema a 25 miembros «para darle un carácter más federal», lo cual colisionaba con el espíritu del Artículo 99 de la Constitución Nacional que señala que dicho Alto Tribunal estará compuesta por «cinco ministros nombrados por el Presidente de la Nación, con acuerdo del Senado de la Nación con mayoría especial de dos tercios de sus miembros presentes…».
A ningún ciudadano medianamente lúcido se le escapaba que la intención del oficialismo nacional era subordinar a la Corte Suprema al poder político para poder operar sus jugadas con total tranquilidad cosa que la mayoría de los cinco miembros no le permitían. Tentar ampliar el número de magistrados de la Corte Suprema entrañaba un grave mensaje que delataba la intención de socavar la solidez de las Instituciones.
Para los constitucionalistas serios, aquel intento buscaba que nada menos la cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema de la Nación, quedase subordinada a los caprichos del poder político, de donde asociarse a esa movida hablaba de la poca seriedad republicana de Sáenz.
El argumento esgrimido por el gobernador Sáenz en ese momento fue «lo lindo que sería que Salta tuviera un representante salteño en la Corte Suprema» como el máximo Tribunal de Justicia fuese un apéndice de la Cámara de Diputados o Senadores de la Nación. La intención evidenciaba una clara codicia de obtener la suma del poder, instinto propio de los dictadores el cual repugna con la salud institucional de una democracia.
La aventura de los 25 miembros constituía un claro ataque al principio fundamental del equilibrio de Poderes en una República.
Ese argumento del federalismo también resultaba un eufemismo porque el federalismo se obtiene con decisiones políticas fuertes en lo local al estilo de un Roberto Romero que pensó el país pero desde la provincia, llegando en su celo a la amenaza de segregar a la provincia de la Nación si triunfaba el alzamiento militar de Semana Santa en tiempos del presidente, Raúl Alfonsín. ¡Eso era una muestra de federalismo!
El Poder Judicial cumple el rol de equilibrar a los otros dos y en Salta, parece existir una vocación o al menos una tentación del Ejecutivo por «meter mano» en los sillones de los jueces nombrando magistrados del «entorno», lo cual desde la praxis político en este tiempo de cambios tan dinámicos no tendría mucho sentido porque nada asegura que un gobierno vaya más allá de su tiempo de mandato.
De hecho, el de Gustavo Sáenz no podría atravesar la línea de tiempo del año 2027 porque por su propia autoría en la Reforma constitucional última se limitó el tiempo a dos mandatos, excepción hecha claro, de que la Corte de Justicia local hiciera alguna «interpretación» favorable a una continuidad, lo cual no estaría bien para un demócrata.
Otra sustancia que hace a la institucionalidad democrática es la comunicación. Estos de Salta, desde el Ejecutivo provincial hasta los municipios, carecen de comunicación política y social. Confunden prensa y propaganda con lo que dispone la Constitución Nacional en su articulado donde garantiza el principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública.
En Salta, ese principio pareciera estar vulnerado toda vez que el gobernador Sàenz no recibe a todos los medios en igualdad de condiciones. No todos los programas, ni medios gràficos -ya papel, ya virtuales- o periodistas son tratados con la misma igualdad, equidad e inclusiòn que pregona el Artìculo 16 de la Constituciòn Nacional, que impone que «todos son iguales ante la ley».
El gobernador salteño pareciera tener una preferencia o debilidad por un solo periodista y su medio cuyo alcance es muy limitado en estos tiempos de tanta difusiòn comunicacional dejando a los demàs medios sin la palabra oficial.
No existe tampoco en Salta un vocero oficial y por el contrario pareciera existir un règimen de hijos y entenados que gozan de la cercanìa del pensamiento y de la palabra oficial.
La institucionalidad republicana se construye básicamente sobre la información, sobre la transparencia a través de la comunicación de los actos de gobierno. Eso genera el sano debate en la sociedad que luego se transforma -eventualmente- en artículos periodísticos que marcan el ritmo de la época o llegan incluso a convertirse en proyectos de leyes.
Pero una democracia vacía de contenido comunicacional, con un mandatario selectivo a la hora de hacer declaraciones o formular primicias, es un sistema acotado, atomizado y que no promueve la formación de opinión pública que se difiere de la opinión publicada, que parece ser el estilo que el Ejecutivo salteño prefiere.
Así como no es bueno que el hombre esté solo, según señala la Biblia, tampoco es bueno que un gobierno esté solo, sin comunicación que promueva la participación ciudadana, porque sin la presencia, sin la oralidad y sin la opinión de los electores, un gobierno, aunque elegido en las urnas puede llegar a convertirse en una dictadura de una minoría, lo cual pone en riesgo a la República.-
