SALTA – La noticia en Salta se corrió rápidamente. Es que se supo que la Corte Suprema revocó el fallo por el cual Santos Clemente Vera recibió la pena máxima y ordenó que el tribunal de juicio, que lo había absuelto, dicte un nuevo resolutorio. Vera tiene de aliado al padre de una de las víctimas, quien dijo que creía en su inocencia. El crimen de las francesas sacudió al país
Posterior al fallo, La Corte remitió el expediente para el dictado de un nuevo dictamen al tribunal de juicio, que hace casi diez años lo había absuelto por el doble crimen. Por eso, ahora Vera cuenta las horas para volver a la libertad. Su defensa se disponía a presentar ahora mismo el pedido de excarcelación.
En el 2014, Clemente Vera había sido absuelto de todas las acusaciones, pero en el 2016, el Tribunal de Impugnación le dio un revés en la cara y lo condenó a prisión perpetua, condena que cumple hasta el día de hoy. Dicha resolución fue duramente cuestionada por la sociedad de Salta e incluso por Jean Michel Bouvier, padre de Cassandre Bouvier, una de las chicas asesinadas.
Es que la sociedad no pudo acreditar cómo Clemente Vera debía volver a prisión, luego de haber sido absuelto con una serie de pruebas que ayudaron a la Justiciar a determinar su inocencia. Esa misma evidencia fue utilizada en el 2016 para declararlo culpable. La Justicia salteña estuvo en el centro de las críticas tras ese accionar.
Qué dice la resolución
Por otra parte, en la nueva resolución, se puede leer: «se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada”. Los magistrados tuvieron en cuenta el pedido del procurador general de la Nación, Eduardo Casal.
El letrado, en el 2020 había emitido un dictamen en el que opinó que “corresponde hacer lugar a la queja interpuesta” y “declarar parcialmente admisible el recurso extraordinario”. En otro párrafo, cuenta: “No debe verse en el sentido de este pronunciamiento una injerencia indebida de esta Corte en una cuestión de índole local».
«pues en realidad lo que se está decidiendo es que se respete la normativa procesal vigente, dictada por la propia provincia en ejercicio de sus facultades constitucionales”, sostuvo el máximo tribunal.
