Por Matilde Serra
Todo indica que la despedida del año 2023 en muchos hogares será con lágrimas, pero no de emoción sino de angustia y limitaciones en muchos hogares…, excepto al parecer, en aquellos donde el recorte cuando mucho será del pasto de sus casas de country, porque la dureza de la crisis pasará por otro lado.
La jura de ministros y la casi media centena de secretarios fue una muestra clara y precisa de que la austeridad no es un concepto que se inscriba en el diccionario saencista; por el contrario, al menos en lo político en Salta no habrá reforma ni achique del Estado, y no sólo eso, sino que hubo reciclado y hasta exhumación de cadáveres políticos que vuelven a la función publica.
En el fondo de todo esto campea una cuestión ética, de lo que se llama «ética pública», una palabra absolutamente desconocida para quienes no tienen recato alguno en utilizar sus cuentas de redes sociales para presumir no sólo de que siguen en la función pública, sino que además presumen de sus próximos destinos vacacionales, en gran parte en el exterior del país.
Es evidente que en la clase política de Salta no existe ningún pudor y actúan al margen de todo recato exhibiendo sus cargos como quien conquista un botín, ausentes del costo político que le provocan a su propio benefactor, el gobernador Sáenz. Porque en el imaginario colectivo, quien es quien, poco o nada importa si total no conocen a casi nadie, para el común «son los funcionarios de Sáenz», y estos hacen impúdica gala de que viven en el metaverso, es decir, fuera de la realidad.
Mientras esperan su tiempo para efectuar su «check-in» en el aeropuerto, los funcionarios saencistas pasan las horas de la tarde asoleándose en la pileta de un hotel cinco estrellas ubicado detrás del Monumento a Güemes, fotografiándose con sus «drink» en la mano o emulando delfines en la azulina laguna de cemento. Apenas cuadras más abajo de este fasto, salteños agobiados por el calor vuelven al trabajo amontonados en colectivos pensando cómo harán dentro de poco si el boleto les sube a más de $500 como ha solicitado SAETA. De hecho, algún trascendido que circula por las redes le adjudica al gobernador Sáenz haber autorizado ya una suba a $510.
Entre esos privilegiados se cuentan algunos ministros, uno de los cuales -el de Seguridad-, que debiera estar más bien calentando sus neuronas para ver cómo implementa el protocolo antimotines que el ministerio de Seguridad de la Nación ya dio a conocer, pues habrá de saber el Dr. Marcelo Ramón Domínguez, que los índices de pobreza se hermanan necesariamente con los de delincuencia, porque según un analista consultado, hoy en Salta la preocupación y el pesimismo por el futuro inmediato que manifiestan los salteños ya supera un 50% y va en ascenso.
En efecto, una medición realizada en la primera semana del nuevo gobierno de Javier Milei, indica que el ciudadano promedio está convencido de que el ajuste lo pagarán los de abajo, ánimo al que contribuyen estos funcionarios mostrándose cuales ciudadanos de una Suiza imaginaria.
Si la palabra que define al momento es crisis, el gabinete con el que parte hacia su segundo mandato, Gustavo Sáenz, está lejos de reflejar esta situación. Precisamente, uno de los enojos que se pudo notar de boca de incluso funcionarios es la incorporación del exintendente, Mario René Mimessi, quien muy suelto de cuerpo prestó el «Si, juro», mientras las llamas del municipio de Tartagal le chamuscaban los bordes de la Biblia. A la par -como ya se supo consignar- la designación de Cristina Fiore en Educación, un ministerio clave para iniciar una reforma si es que se la quisiera realizar, también sigue causando escozor. Pero como alguien dijo «Lo que designa el Uno, no se discute». Al menos de frente, claro.
El problema será la inmediata transferencia de necesidades de los ciudadanos al Estado en materia de seguridad, salud y educación, precisamente. El planteo es claro y la realidad contundente, ante el brutal achique de los presupuestos familiares y la suba de los costos de prestación de esos servicios, los que hasta ahora podían pagar una vigilancia privada o un sistema de alarmas pasarán a depender del colmado Servicio 911; más allá, las familias que hacían estudiar a sus hijos en colegios privados deberán trasladarlos a la escuela pública y lo mismo en el sistema de salud donde asistirse en un sanatorio será imposible por lo que los hospitales públicos verán incrementadas las demandas. La pregunta del millón es entonces: ¿Está preparado el Estado para tamaña migración de ciudadanos demandando esos servicios?
A priori y sólo de observar la realidad la respuesta sería que no, porque en estos momentos, en las salitas de los barrios cada vez hay menos médicos para atender y por ejemplo, con el brote de salmonella ha ocurrido que los enfermeros no pueden ni siquiera aplicar un placebo sin indicación médica y con razón, pero se dan los casos en que no hay médico ni placebo.
Al ritmo de tortuga con que se han llevado adelante las refacciones en las escuelas de la Capital y ni qué decir del interior durante la gestión de Matías Cánepa, no hay espacio físico para albergar a una cantidad de alumnos cuyo volumen hoy ni siquiera puede ser calculado. El caso testigo es la escuela «Dr. Indalecio Gómez» que ya ingresa en su tercer año de obras con los alumnos tomando clases en un edificio alquilado donde están todos amontonados. ¿Y el resto?
Luego, ¿En este gabinete de segundo mandato, hay alguien pensando cómo manejar la crisis de los servicios públicos? La intervención de dos ministros en el directorio de Aguas del Norte no sirvió para nada efectivo a juzgar por los resultados y su presidente, Ignacio «Nacho» Jarzùn, prefiere hacer sociales gran parte de las mañanas en lugar de atender las urgencias que se acumulan en su despacho, como las zonas pauperizadas del interior o del mismo centro y macrocentro de la Capital que siguen padeciendo la falta de agua.
Por supuesto, alineado con la política de ajuste nacional, el gobernador Sáenz, instruyó a que se tomaran medidas de restricción de gastos las que fueron anunciadas por el ahora superministro, Sergio Camacho.
El severo ajuste en Salta pivotea prácticamente sobre las clásicas áreas que en otras oportunidades de crisis económicas anteriores fueron afectadas como la suspensión durante seis meses de licitaciones para nuevas obras públicas, lo cual pone de suyo en riesgo el trabajo de miles de salteños del área de la construcción.
También se promoverán los retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas en la administración pública, excepto las del elenco estable oficialista. Como se ve, siempre el ajuste apunta hacia abajo.
Uno de los temas más urticantes donde ya se plantea la pregunta sobre si la norma será general, es la suspensión de la pauta publicitaria por 180 días a los medios de prensa, pero en esta Salta de los acuerdos no está claro el alcance efectivo de la palabra «todos».
Los que más negras se las verán serán los municipios que tampoco recibirán por seis meses los desembolsos de ayuda financiera, donde un caso en particular es el del municipio de Cafayate que quedó asolado y enfrenta en el mes de febrero la realización de la tradicional Serenata a Cafayate que cumple 50 años, donde los cachet de los artistas que la nueva intendenta quiere ver (Abel Pintos, Galleguillo y el eterno Chaqueño Palavecino), sumarían la friolera de alrededor de 150 millones de pesos, más gastos de comitiva de cada uno. Eso sin pensar en los millones que cuesta el escenario, el sonido y demás. Sin ayuda del gobierno, la Serenata es pensar en los peces de colores. ¿Se privará Sáenz de subir a escenario a cantar la «Zamba de mi Esperanza»? Porque esperanza es lo único que les estaría quedando a los intendentes.
Entre el fragor y el discurso
El gobernador de Salta le reclama al presidente, Javier Milei, falta de diálogo y lanza una frase equívoca: “Lamentablemente, pareciera que el presidente tiene más claro qué hacer con los piquetes que con la inflación”, dicha claro, cuando todavía no había en el horizonte la posibilidad de concentraciones masivas en Salta como la que anuncia la izquierda vernácula para Salta el día 20 de diciembre. Al frente y organizador de esa marcha vuelve el ya cano, Claudio Ariel del Pla, mítico subversivo de la palabra. ¿Tolerará Sáenz que las huestes de rojos le corten las arterias principales? ¿O deberá tragarse sus propias palabras?
No son tiempos de definiciones tan contundentes sino de elaborar premisas que favorezcan el diálogo; si ya el ajuste a la «casta» no está presente en Salta, habrá que ver si el protocolo anti-piquete se aplica, justamente, en la provincia que fue pionera en materia de legislar el control social de las protestas.
A todo este revuelto político se le agrega la falta de un Presupuesto aprobado, y así como la Nación piensa prorrogar el del año 2023 por lo menos unos seis meses más, en Salta harán lo mismo, situación que le conviene al gobierno local porque le permitiría manejarse más o menos con los mismos recursos, léase, mantener a toda la corporación de allegados y amigos.
Por fin, aquella idea barajada hace algunos meses que imaginaba una moneda local -un bono- como paliativo a una situación que ya se veía venir ha sido descabezada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien advirtió a los gobernadores de que se abstengan de tal idea porque «No hay que gastar más de lo que se tiene», o sea, vivan con lo que hay.
Varias crisis habrá superado Gustavo Sàenz, pero nunca ninguna como esta, porque aquí no sólo existe un problema de índole macroeconómico severo, sino que además se ha puesto en marcha un nuevo modelo político que choca con un concepto cultural, se puede decir, aquel que sentó que la política no es para todos sino para un grupo, una casta, que parte y reparte el poder -o los tres Poderes- en Salta.
Entonces, mientras los de abajo ya están pagando el ajuste salvaje, en los niveles políticos la vida sigue igual o mejor, lo cual no condice con un espíritu democrático ni mucho menos peronista, porque como ya lo decía Eva Perón: «El funcionario que se sirve de su puesto no es peronista sino un oligarca». Luego, ¿Cómo desmontar a esa oligarquía gobernante desde hace décadas?
El descontento social en Salta viene fermentando desde hace largo tiempo atrás y las elecciones últimas lo han dejado claro, un dato que la clase gobernante-dirigente de Salta no supo o no quiso ver. Ese descontento ahora se está potenciando por la brutalidad del ajuste. Entonces, por lo menos debiera haber el recato de conservar las formas, porque de lo contrarios, ese pueblo peronista salteño y el no peronista también, pueden terminar haciendo realidad aquellas palabras del Líder, de Perón, cuando dijo: «Los pueblos marcharán con los dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de los dirigentes».
