La semana pasada advertíamos en esta columna las graves dificultades que podrían desencadenarse en las provincias de no resolverse el desfinanciamiento generado por la disminución de recursos coparticipables producto de los cambios generados en el impuesto a las ganancias y en la devolución del IVA a productos de la canasta básica, sumado al congelamiento de las transferencias directas.
Hoy debemos agregar dos hechos puntuales, el desfinanciamiento de las políticas de discapacidad y el riesgo de desempleo en la obra pública en el marco de una poco clara y nada sistemática relación entre el estado nacional y las provincias.
En estas horas se conoció que gobierno Nacional interrumpió el pago a prestadores del programa Incluir Salud, cuyos beneficiarios son personas con discapacidad y que perciben pensiones no contributivas. Estamos hablando concretamente de población que no tienen ningún tipo de cobertura médica y necesita del Estado para poder llevar adelante sus tratamientos.
Funcionarios de diversas provincias manifestaron que Nación interrumpió los desembolsos para las prestaciones que contrata en forma directa pero que administran las jurisdicciones locales. En concreto estamos hablando de más de 500.000 argentinos y argentina que se verán privados de medicamentos de bajo y alto costo; traslados; diálisis; oxigeno; acompañantes terapéuticos; cuidadores domiciliarios; enfermería domiciliaria; pañales y tratamientos para la hemofilia entre otras cosas. Salta estaría afectada en 50.000 beneficiarios según fuentes nacionales.
Por otra parte, el presidente de la Cámara Salteña de la Construcción advirtió la falta de dialogo del gobierno nacional con el sector y la falta de certeza respecto el destino de alrededor de 100 obras públicas financiadas con fondos nacionales que podrían a llegar a afectar a 10.000 trabajadores del sector en el caso de no garantizarse la continuidad, sin contar los puestos de trabajo indirectos que el sector genera y teniendo en cuenta que la gran mayoría son Pymes.
Frente a esta realidad concreta, de carne y hueso, de familiares de personas con discapacidad que deberán recurrir a acciones judiciales de amparo para que el Estado les garantice sus prestaciones o familias de trabajadores que enfrentan incertidumbre sobre sus ingresos cotidianos, la política de palacio debate la “suma del poder público” en una ley que pretende aprobarse de un plumazo o un DNU que busca reformar a “todo o nada” más de 360 leyes o sea gran parte del sistema jurídico nacional.
Sería hora que quienes tienen la responsabilidad de gestionar y demonizaron al Estado pongan en marcha una agenda concreta de temas que afectan al común de los argentinos, que prioricen además las dificultades cada vez más crecientes para el acceso a los alimentos. Ojo a esto último, el mercado sólo no acomoda las cosas en favor de la gente.
