SALTA (Redacción) – Daniel Hoyos, rector de la Universidad Nacional de Salta, dio un informe específico sobre la situación de la Casa de Estudio. En este marco, le pidió a los diputados salteños que apoyen la Ley de Financiamiento Universitario y además confesó que el dinero que reciben por ahora de Nación es sólo para los sueldos, no para pagar los servicios básicos.
La situación de las universidad nacionales es realmente desoladora y genera preocupación su sostenibilidad para el resto del año. En el Anfiteatro K de la UNSA brindó una conferencia para compartir datos presupuestarios. Hoyos estuvo acompañado por el vicerrector, Nicolás Innamorato, para explicar juntos la situación de la Universidad.
En primer lugar, el rector universitario le pidió a los legisladores que apoyen la Ley de Financiamiento Educativo. La misma fue trabajada e impulsada por todas las universidades, gremios y diversos actores del sector universitario. Hoyos también formó parte de la reunión que se realizó el lunes con la Comisión de Educación. Allí se acordó la necesidad de una nueva legislación.
A su vez, manifestó que no está seguro de que el presidente de la comisión acompañe a este proyecto. Pero más allá de eso, «es muy importante que hablemos todos y los diputados nacionales le den el apoyo a esta ley«, expresó Hoyos. «Nos garantiza el financiamiento por el resto del año y es importante», remarcó el rector.
El tiempo límite es hasta mitad de año
Con el dinero que cuenta la UNSa por ahora, el tiempo máximo de sostenimiento es hasta junio o julio. «El tema es preocupante«, remarcó Innamorato, por otro lado. Con esta situación puntual, «no hay forma de planificar ni de hacer ninguna proyección”. El vicerrector explicó que trabajan con el Consejo Interuniversitario para avanzar con diferentes medidas y que el Gobierno reaccione.
Sin tapujos en la lengua, aseguró que la gestión libertaria son los «responsables directos de que las universidades nacionales hoy no tengan el financiamiento adecuado». Por último, reconoció que los salarios pueden seguir pagando sin inconveniente, pero con los 100 millones de pesos mensuales se terminaría por «desfinanciar nuestros gastos operativos o de funcionamiento».
