Como es sabido, el agua es un buen conductor de la electricidad, tanto que en Salta decidieron unificar ambos servicios en una sola factura sólo que al revés -como todo lo que ocurre en esta provincia-, hicieron de la luz un conductor del agua a través de la factura.
Fue una buena idea, hay que reconocerlo, porque en aquellos tiempos cuando este contubernio se consolidó no había medidores de agua y los usuarios pagaban sólo la luz, total el agua seguía fluyendo. Así unificados los servicios, quien no paga podrá bañarse, pero a oscuras.
Cual defensor del pueblo de Salta, el gobernador, Gustavo Sáenz, se rasgó las vestiduras en las redes sociales mostrando la asimetrías entre una factura de CABA y una provincial, y es cierto, excepto, que el mandatario salteño olvidó explicar que la mitad del costo de esa factura està compuesto por impuestos provinciales y el costo del consumo que factura la empresa provincial, Aguas del Norte, en lo que representa una hábil estrategia para cobrarle a los salteños los impuestos a través de la citada empresa del estado.
«Mentime que me gusta»
Es característico del pueblo argentino y particularmente de los norteños mantener una pasividad extrema aún cuando «vienen degollando». La tarifa eléctrica sufrió un incremento promedio del 70% que en los hechos representó para el usuario común un costo casi triplicado y más todavía.
El famoso cuento de la «Audiencia Pública» que es sólo un trámite supuestamente monitoreado por el Ente Regulador de los Servicios Públicos no tuvo ninguna incidencia en el trayecto que medio entre el pedido de las prestadoras y la factura, porque audiencia y todo, los tarifazos se materializaron de manera inclemente. Para más, esta audiencia se realizó en forma virtual, de modo que, si presencial asiste muy poco público, en forma remota menos. ¿Es legal procedimiento? Por supuesto que sí. Ahora…, ¿es moral? Es materia de discusión, más en un gobierno que se precia de ser peronista, pero como ya sabe, este neo peronismo abandonó hace décadas sus axiomas fundamentales como «Donde hay una necesidad nace un derecho», porque en este caso nació la necesidad, pero nadie tuvo derecho al pataleo, por decirlo de manera llana.
Otro tanto ocurrió con el incremento de las tarifas del agua para las cuales Aguas del Norte solicitó más de 330% de aumento. De paso cañazo, a este festival de los aumentos se sumó SAETA con el resultado de que todos saciaron sus apetencias de cobrar más mientras el presupuesto del ciudadano agoniza. A excepción de Edesa, las otras dos tienen pertenencia con el estado provincial. ¿Qué habrá sido de la Justicia Social?
Estos aumentos dejan al descubierto el maniqueísmo dialéctico del gobierno provincial que por un lado realiza el show mediático de pararse de manos ante el presidente, Javier Milei, que invoca a las Fuerzas del Cielo mientras Sáenz hace lo propio con el Señor y la Virgen del Milagro, pero a la hora de la realidad, en Salta hacen lo mismo que en la Nación: no tienen piedad con el usuario.
Algo en la interpretación de la equidad no estaría funcionando ya que, por ejemplo, en el norte de la provincia donde las altas temperaturas asuelan y a pesar de haberse dictado una tarifa diferenciada por «zona cálida», se da la paradoja de que los vecinos pagan las tarifas más caras en uno de los lugares más pobres.
Los sectores más empobrecidos de Salta son los que más sufren esta situación donde los servicios básicos se incrementan según a las empresas se les ocurren mientras los ingresos, de suyo paupérrimos en orden a la situación económica están congelados, lo cual ha puesto en riesgo negocios, arriendos de familia y generando una angustia social que ya se hace notar.
En el caso de Edesa, particularmente, y su correlato con la empresa Aguas del Norte, conviene recordar que hace mucho tiempo -años tal vez- que no han puesto ni un tornillo como inversión, lo cual deriva en un servicio de baja calidad a un alto costo en la proporción.
Aquí es donde el discurso del gobernador, Sáenz, invocando el federalismo para reclamar a la Nación los recortes que sufre la provincia se diluye porque ese concepto de federalismo debiera comenzar por casa, es decir, aplicarse a los municipios del interior cosa que jamás ocurrió en ninguna de las categorías. En Salta no se practica el federalismo respecto del interior provincial, pero sí se lo reclama al orden nacional.
El interior profundo…
Mucho se utiliza en el discurso oficial la expresión «El interior profundo» para poner en valor sobre todo al norte argentino reclamando la reivindicación histórica de su aporte a la formación de la Nación. Y es cierto esto, pero también es verdad que con ese concepto de profundidad ocurre lo mismo que con el federalismo, se exige para la provincia, pero no se aplica para el «interior profundo» de Salta.
Si para muestra basta un botòn, ofrezcamos dos; y uno serìa el caso de los parajes màs alejados donde en el tiempo en que la guerra en el mundo se ve en vivo, esos lugares no tienen ni luz. Por supuesto, mucho menos agua.
En algunos poblados del «interior profundo» del norte salteño o del mismo Valle Calchaquí, si bien se gestionó y obtuvo de la provincia la provisión de agua a través de la excavación de pozos, el problema es que, al no tener electricidad, lógicamente, las bombas no funcionan y la gente sigue en la misma postergación de siempre.
Sin luz no hay progreso y sin agua no hay salud, de hecho, los habitantes del lugar ni siquiera pueden conservar sus alimentos. Si bien una solución alternativa ha sido la instalación de paneles solares, estos tienen una capacidad limitada que con suerte les permite hacer funcionar un televisor, pero el conjunto de los electrodomésticos no se puede.
En algunos casos, el tendido eléctrico transcurre a no más de una decena de kilómetros lo cual necesitaría de una obra pública que acerque la energía hasta esos lugares y según se cuenta esas gestiones se han hecho, aunque desde la provincia les han pedido «un poquito de paciencia». Algunos esperan desde la llegada de los Incas a la zona.
En el norte provincial las condiciones de vida de los lugareños son duras de por sí y la ausencia de un plan de provisión de energía y agua agrava aún más esa situación obligando a racionar el agua que provee la secretaría de Recursos hídricos, parcelando las necesidades según la cantidad de hectáreas de cada productor. Así, la retracción en el servicio la sufren proporcionalmente campos, animales y vecinos. Como se ve, no es muy democrático, federal ni equitativo el sistema que se diga.
Cuando tenès agua, pero no podès tomarla
El problema de los servicios públicos en Salta es bastante más complejo porque no solamente no prestan adecuadamente, cuando se lo hace, sino que además, como en el caso del agua, ocurre que existiendo el recurso no se puede consumir como ocurre en la zona del municipio de San Carlos y aledaños donde la contaminación del líquido vital está contaminado. Un problema que se arrastra desde hace más de una década y que no ve la solución.
Luego de insistentes reclamos que llegaron a reiterados cortes de ruta por parte de los vecinos de la zona de San Lucas, El Barrial y San Carlos, se logró que el gobierno provincial financiara los estudios que concluyeron con un informe del INTI corroborando la presencia de boro y arsénico en el agua.
Hace dos años atrás en el municipio de San Carlos declaró el estado de emergencia hídrica por el plazo de un año. El entonces intendente, declaró tal situación debido a la «crítica situación» que la «contaminación del agua para consumo humano con boro y arsénico» presentaba.
La cuestión tiene historia y se remonta hacia los ’90 cuando un aluvión tapó la toma que conectaba con la vertiente de San Lucas, distante 12 kilómetros de la zona urbana; la empresa responsable, Aguas del Norte, en lugar de rehabilitar el servicio optó por realizar un pozo nuevo para brindar el servicio, pero he aquí que el agua de esos pozos estaba contaminada.
Pese a los reclamos de los vecinos nada se hizo y un informe del año 2016 realizado por la Universidad Nacional de Salta determinó que el agua de la zona tiene 2,48 miligramos de boro por litro, superando lo permitido para consumo humano dictaminado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al boro también se sumó la aparición de arsénico en altos valores.
En el municipio de San Carlos, además de estos problemas, se denuncia que las conexiones domiciliarias carecen de la presión necesaria por lo que los cortes en el suministro son recurrentes debido a fallas en la red de distribución. El estudio del INTI antes referido da cuenta también de que las obras de infraestructura son insuficientes para una zona donde la actividad económica se resuelve en cultivos bajo riego.
Ese mismo informe determinó que «las condiciones hidrogeológicas en la zona que está ubicada arriba del Angosto de San Lucas, son favorables para la construcción de una captación subsuperficial mediante un dren horizontal». Indicó además que «la permeabilidad y el espesor del acuífero del río San Lucas son reducidas, por lo que no hay un aporte de caudal significativo para contar con una gran disponibilidad de recursos hídricos y por esta razón, la recarga de este acuífero está estrechamente vinculada al caudal superficial del río San Lucas», impidiendo abastecer a la comunidad.»
Por otro lado, la concentración de boro presente en el agua «es perjudicial para algunas especies vegetales, lo que impide o dificulta el cultivo de huertas y frutales, que requieren indefectiblemente de la irrigación». Según manifiestan los vecinos, las plantas se secan cuando se las riega con el agua de la red.
En su momento, en el gobierno anterior, se dotó al municipio de una planta de ósmosis inversa, pero los elevados costos operativos de la misma y el exiguo caudal a obtener en el tratamiento han llevado a no ponerla en funcionamiento. A la fecha, la solución alternativa es alquilar el servicio de camión cisterna para la distribución de agua potable, que trae el agua extraída de un pozo ubicado en la planta potabilizadora de Animaná, a unos 10 kilómetros de San Carlos.
En resumen, en los Valles Calchaquíes están volviendo a los servicios de la época colonial, en este caso, el aguatero.
Sí hay alternativas para este problema como sería -según el mismo INTI-, nuevas perforaciones ya que «el reservorio de agua subterránea del río San Antonio posee una recarga abundante y renovable, que permite la perforación de nuevos pozos».
El problema expuesto, con variantes según la zona por supuesto, se resume en la necesidad de obras de infraestructura que nunca se hicieron y que en las actuales condiciones económicas resultan prácticamente imposibles de realizar.
En la Capital, unos se inundan y otros no tienen agua
En la Capital provincial la cuestión del agua tampoco es menor, con ser el asentamiento de casi la mitad de la población de la provincia, en Salta Capital, la falta de obras adecuadas a una ciudad que experimenta un incesante crecimiento demográfico también van atrasadas o directamente no existen.
En una clara actitud demagógica, el intendente, Emiliano Durand, gusta de mostrarse chapoteando en barrios enlagunados, portando niños en brazos, pero sabiendo que el agua bajará y todo quedará como siempre… o peor.
El advenimiento de la Gestión Durand tampoco promete mucho ya que los nombramientos de sus funcionarios están siendo cuestionados por propios y ajenos. Entre los tècnicos de alta performance y de vieja data en la planta municipal existe la queja de que se han nombrado directores de áreas que o bien no son técnicos especializados en el área o «son amigos» del intendente y carecen de todo criterio para tal función. Nadie en ese aspecto, está dispuesto a jugar su puesto tomando decisiones que le corresponden a los directores, luego, de a poco la operatoria municipal se va ralentizando, mientras otros funcionarios van renunciando o son detenidos por la justicia.
En el caso concreto del agua, existen barrios donde la gente se reúne a juntar y proveerse del agua de lluvia de la misma manera que ocurre en los parajes más alejados. Mientras esto ocurre, aquí y allá se encuentran cañerías rotas que vierten aguas servidos generando espacios apropiados para el desarrollo de mosquitos y otras enfermedades.
Esas barriadas que viven en estas condiciones transitan una verdadera emergencia sanitaria que pone en riesgo desde los niños hasta los ancianos, todos que no pueden satisfacer casi ni las más elementales condiciones de higiene y salubridad.
Así, en pleno siglo XXI, esos vecinos hacen cola a diario para recoger en baldes agua de lluvia para uso doméstico mientras los gana el cansancio y la desesperación que muestran en sus cuentas de redes sociales donde le preguntan al intendente: «Y el factor humano, ¿no vale? «..
Hecha la ley, hecha la trampa
La actual situación de emergencia, desastre sanitario sumadas a la ausencia de políticas públicas en este sentido, o de haberlas a la falta de ejecución, lleva a que el usuario vea de saltar el cerco impositivo.
Precisamente, en el caso de la factura de energía eléctrica, sería el caso de que se podría solicitar que se cobren los impuestos por aparte; es decir, lo que corresponde a la empresa Aguas del Norte que es del gobierno y cifra casi la mitad del importe, desdoblando el mismo, así, el usuario pagaría la luz y dejaría los impuestos y el agua «para otro momento».
De esta forma, los usuarios no podrían sufrir cortes de agua ya que la misma está declarada como un derecho humano y un bien común, mientras continuarían utilizando el servicio de energía eléctrica.
Conclusión
Evidentemente la responsabilidad de todo este desastre no se puede adjudicar en su totalidad al gobierno presente de Gustavo Sáenz, pero sì decir que luego de un periodo – incluso dando el beneficio del poco tiempo que significa para tan grande atraso-, que en cuatro años más allà de espasmódicas medidas como acudir al Ejército o plantear soluciones alternativas de corto alcance, no se ha visto voluntad de pensar hacia adelante.
Es un claro problema de falta de política en esta materia, porque claro, estos gobiernos miran hacia los resultados de la próxima elección y sólo se ocupan de lo político, porque lógicamente, plantear el desarrollo de obras a mediano plazo no reditúa electoralmente.
Es una trampa en la que caen ellos mismos ya que la gente mira y ha comenzado a decidir según su realidad como ha quedado demostrado. Así, deberían pensar que cavar una zanja e ir colocando caños, al vecino le genera por lo menos la esperanza de que tendrá el servicio en algún momento. Pero no hacer nada sólo contribuye al alejamiento aún mayor entre ciudadanía y funcionarios. –
