SALTA (Redacción) – De acuerdo a la información recabada por FM 105.5, Radio Metro, una concejal del PRO reconoció que su marido usurpó tierras con fines comerciales. Se trata nada más y nada menos que del secretario del Concejo Municipal de la Ciudad de Orán. Por esta misma razón, el intendente Baltasar Lara Gros anticipó que participarán por «noticia criminis».
Fue nada más y nada menos que Carolina Guantay, concejal del PRO, quien confirmó las sospechas. Todo fue un mar de contradicciones desde el inicio ya que primero negó el delito, pero luego lo terminó confirmando y quemando a su propio marido. «A ver para, para, ahora que me acuerdo mi esposo tiene unos terrenos en el kilómetro 34 (al lado de finca Carmelita)» en Orán.
La mujer fue más a fondo y ratificó que efectivamente su cónyuge habría cometido el delito de usurpación. Lo que agrava la situación es que esas tierras las usan para la siembra y comercialización de verduras. Es decir, lejos está de cumplirse la finalidad familiar del mismo. Se aclara que el terreno se encuentra en el límite de Orán, exclusivamente en zonas de fronteras.
Por lo tanto, José Ortega, quien es el representante legal de la Municipalidad, aclaró que con el reconocimiento de Guantay del «delito de apropiación» adquieren las herramientas necesarias para hacer los reclamos correspondientes. «El municipio va a actuar por noticia criminis. No podemos validar que un trabajador público avale la apropiación», resumió el funcionario de Orán.
Otra polémica en contra de Guantay
Todo esto se suma a que Guantay había evitado que la empresa Crucero TOUR S.R.L. tuviera que pagar una tasa municipal. De acuerdo a la información aportada por el Puesto de Control Comercial de Rentas Municipales, el dueño de un colectivo que realizaba compras amenazó con llamar a alguien del Concejo. Fue donde apareció la concejala, quien pidió explicaciones por el cobro de $24.000 a la compañía.
Por el contrario, el personal municipal aclaró que se trataba del cobro por el «no uso de una plataforma de pasajeros». El mismo está fijado en la ordenanza municipal 2308/23, artículo 148 Inciso B. Bajo el histórico discurso del «robo», la concejal evitó que las arcas municipales puedan cobrar por la prestación de servicios. «salió el año pasado y recién ahora quieren que se realice el pago”, sintetizó. «Es trucha, ya que no tiene la firma del intendente ni de nadie», resumió Guantay.
