SALTA – (Por Pablo Kosiner) – El pasado 9 de Julio, curiosamente, se suscribió el llamado “Pacto de Mayo” entre el presidente de la nación y algunos gobernadores de provincias sobre el cual ya me expresé oportunamente en estas columnas y al cual denominé como un “contrato de adhesión con clausula extorsiva”.
Ello se grafica con un gobierno nacional que está sentado sobre los recursos provinciales para inducir a las provincias a firmar un mal llamado “acuerdo” como condición necesaria para ir, teóricamente, flexibilizando la liberación de esos fondos indebidamente retenidos.
De ese “Pacto” quiero analizar dos cuestiones anunciadas como claves, y que en el camino de su concreción hoy afectan, como también se verá, los intereses de las provincias en la privación y ejecución de fondos que hasta ahora habían sido incluidos en la totalidad de las gestiones nacionales de cualquier signo político.
En primer lugar, un equilibrio fiscal definido como innegociable por el gobierno nos lleva a discutir y en entender si es un fin en sí mismo o es consecuencia de una estrategia de crecimiento. Ejemplo de esto es que el gobierno se pretende adjudicar el crédito de un superávit fiscal falso a partir de la falta de ejecución de políticas públicas esenciales para lograr un desarrollo, afectando en gran medida el financiamiento de las provincias y paralizando programas y acciones necesarias en sus territorios.
Este punto va atado necesariamente a otro objetivo del mencionado “pacto” como lo es la llamada “reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del Producto Bruto Interno”. Aquí cabe el mismo tipo de cuestionamiento del apartado anterior.
Convalidar a ciegas estos aspectos implica avalar del concepto de destrucción paulatina del Estado, reconocido como fin último del presidente en su auto percibido rol de “Topo”, en la medida que una reducción de semejante envergadura del PBI no este respaldada por un crecimiento real de la economía.
Ahora vamos en concreto a ver de que manera el Gobierno Nacional afecta a las provincias en lo cotidiano con la baja y en algunos casos casi nula ejecución de las partidas que las afectan, realizando a continuación un análisis comparativo de la ejecución del primer semestre del 2024 en términos reales con el mismo período del año 2023:
Como punto de partida tenemos que, al momento de presentar la foto en la Casa Histórica de Tucumán, en materia de transferencias del Tesoro Nacional a las provincias y municipios los ajustes son arrasadores en la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios (-99%), y la Asistencia Técnica a Municipios (-93%).
En materia de desarrollo productivo que claramente afecta a la evolución económica de las provincias tenemos que, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca tiene un recorte del 93%, mientras que la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo cae más del 90%. Otros organismos como el INTA e INTI también tiene caídas en su ejecución presupuestaria.
Los casos de los organismos de seguridad cuyas acciones deberían tener impacto de políticas federales en territorios locales (ej. Lucha contra el narcotráfico, trata de personas, contrabando etc.), también tienen marcadas caídas en su ejecución, especialmente las fuerzas federales. Es el caso de la Policía Federal (-25%), Gendarmería Nacional (-24%), Policía de Seguridad Aeroportuaria (-15%) y Prefectura Naval (-24%).
Al analizar la ejecución con un grado mayor de desagregación, es decir por partidas programáticas, se observan caídas en los principales programas de la Seguridad Social, incluyendo algunos críticos como los de atención a la niñez en situación de vulnerabilidad social (Programa 1.000 días) con una caída del 17% en base caja. También se ajustan fuertemente la PUAM, Pensión Universal para el Adulto Mayor, con un ajuste del 48%. Todo ello claramente impacta en habitantes de las provincias con mayor grado de vulnerabilidad.
A todo esto debe agregarse la caída en el Programa de “Comedores Escolares y Merenderos (-79.9%) y en Políticas Alimentarias (-25%) en plena etapa de recesión económica y frente al crecimiento de las tasas de pobreza y desempleo.
En materia educativa se observa fuertes caídas en la ejecución de partidas sensibles como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (-96% en la ejecución base caja), el Programa Conectar Igualdad (-88%) y el programa de Infraestructura y Equipamiento de la Secretaría de Educación (-98%).
En materia de salud existen programas críticos que están virtualmente paralizados por falta de fondos. Son los casos de “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica” (-50%), “Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra” (-75%), Atención Sanitaria en el Territorio (-96%), y el Fortalecimiento del Sistema Público de Salud (-72%). Los programas de prevención de enfermedades no transmisibles, endémicas y patologías específicas sufren recortes de entre el 65% y el 73%.
Tanto en materia educativa como de salud en muchos casos para no generar un impacto irreversible parte de esos programas terminan siendo atendido con presupuesto de las provincias.
Para finalizar de manera contundente, en materia de obra pública, el escenario es de una paralización casi total de las partidas presupuestarias, con caídas cercanas al 100% en programas como Apoyo para Infraestructura en Municipios, Obras de Seguridad en Rutas Nacionales, y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica. Además del desfinanciamiento de los programas de Agua Potable (-53,9%), Viviendas (-68.33%), y de la Secretaría de Obras Públicas (-97%1).
Todo este análisis está enmarcado en un gobierno nacional que nunca cumplió la obligación de remitir su proyecto de presupuesto 2024 al Congreso Nacional con lo cual hoy está gobernando con la ejecución del presupuesto 2023 agregando los mayores ingresos producto de una inflación acumulada ya en el primer semestre de un 79,8%. Ello le permite al presidente Milei y a su equipo económico un nivel de discrecionalidad en la administración que no le pone límites al nivel de desfinanciamiento de las provincias.
