sALTA – (Por Pablo Kosiner) – En la reciente visita del ministro de Justicia de la Nación Dr. Mariano Cúneo Libarona a las Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación, el funcionario expresó: “Se acabó sólo el género, nosotros vamos por otros valores, nosotros vamos por la familia. La familia es el centro de la sociedad y la educación. Los valores familiares tradicionales son el amor, la unión, el trabajo, el estudio, la igualdad ante la ley. Promover los símbolos patrióticos, respetar y honrar a nuestros próceres. Esto resulta central para la armonía y la cohesión social. Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales, que no se alinean con la biología, son inventos subjetivos”.
El hecho de que estas afirmaciones provengan de uno de los máximos funcionarios del gobierno nacional, con competencia en la materia y en el marco de una audiencia ante una Comisión del Parlamento Nacional hace inferir que es esa la posición y el pensamiento oficial del gobierno al respecto. Cuestión que por lo menos asusta, aunque no sorprende.
La postura del presidente de Argentina, Javier Milei y de sus funcionarios, en contra de las políticas de identidad de género no es la primera vez que ha generado un intenso debate. Este enfoque es preocupante por varias razones, especialmente en un mundo cada vez más consciente de la importancia de la inclusión y el respeto a la diversidad.
En primer lugar, la identidad de género es una cuestión fundamental de derechos humanos. Negar la existencia o validez de las identidades transgénero o no binarias es un acto de discriminación que contradice los principios básicos de igualdad y dignidad humana reconocidos y protegidos hoy a nivel global. Las políticas de identidad de género no son simples «modas» o «caprichos», sino un reconocimiento de la realidad vivida por millones de personas en todo el mundo. Ignorar o rechazar esta realidad contribuye a perpetuar la marginalización y el sufrimiento de estas comunidades.
Además, la postura del ministro Cúneo Libarona y el gobierno podría tener consecuencias graves para la salud mental y física de las personas transgénero. Diversos estudios han demostrado que la falta de aceptación y el estigma social son factores que contribuyen significativamente a tasas alarmantemente altas de depresión, ansiedad y suicidio en la comunidad afectada. Las políticas que validan y protegen las identidades de género no solo son justas, sino que también salvan vidas. La resistencia a estas políticas, como la manifestada reiteradamente y por diferentes vías por el gobierno, pone en peligro la salud y el bienestar de una parte vulnerable de la población.
Otro aspecto preocupante es el impacto que esta postura podría tener en la educación y en la formación de las futuras generaciones. Las políticas de identidad de género en el ámbito educativo tienen como objetivo fomentar un ambiente inclusivo donde todos los estudiantes puedan desarrollarse plenamente sin miedo al acoso o a la discriminación. Al oponerse a estas políticas, se corre el riesgo de reforzar prejuicios y estereotipos dañinos, en lugar de promover la empatía y el respeto por las diferencias.
En un momento en el que muchos países están avanzando hacia una mayor inclusión y reconocimiento de los derechos de las personas trans, la postura del Gobierno nacional representa un retroceso preocupante. En lugar de liderar con compasión y comprensión, su enfoque podría reforzar la intolerancia y el rechazo.
Aquí debemos destacar que Argentina ha construido una política pública reconocida como de avanzada en el contexto internacional, a la cual nos referiremos más adelante, con un conjunto de normas que al estar vigentes son de cumplimiento obligatorio para todos los poderes públicos y los funcionarios que los componen están obligados a cumplir.
Argentina es un país pionero en la legislación sobre derechos de identidad de género, con un marco legal que protege y promueve estos derechos: Ley de Identidad de Género (Ley 26.743, 2012); Ley de Matrimonio Igualitario (Ley 26.618, 2010); Ley de Educación Sexual Integral (Ley 26.150, 2006); Ley de Reproducción Medicamente Asistida (Ley 26.862, 2013); Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Ley 26.485, 2009; Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans (Ley 27.636, 2021) y Decreto 721/2020; Ley 27.148 de Acceso Justo al Hábitat (2015); Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744, modificada por la Ley 26.844 en 2013); Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061, 2005; Ley Antidiscriminatoria (Ley 23.592, 1988).
Estas leyes y normativas complementan el marco legal que protege y promueve la identidad de géneros en diferentes aspectos y frente a distintas circunstancias y los derechos de las personas trans en Argentina y refuerzan la importancia de la inclusión y la no discriminación.
En resumen, oponerse a las políticas de identidad de género no solo es una posición moralmente cuestionable, sino que también es legalmente inaceptable porque forman parte del sistema normativo vigente en nuestro país. La omisión del ajustarse a las leyes es un acto que puede tener graves consecuencias para la salud y el bienestar de una parte significativa de la sociedad y además dar lugar a la promoción de un juicio políticamente sancionatorio.
La historia juzgará a aquellos que eligen el camino de la exclusión en lugar del de la inclusión. Es fundamental que los líderes se guíen por principios de igualdad, respeto y dignidad para todos, independientemente de su identidad de género.
