SALTA – (Por Matilde Serra) Con aquella expresión de chango recién iniciado y de buenas intenciones, todavía se puede recordar cuando el entonces candidato a intendente de la Capital, Emiliano Durand, decía en la campaña que había que bajar los impuestos para crecer e incluso eliminarlos. Hombre avecinado a las cuestiones ambientales este Durand, el cambio climático debe haberle afectado la memoria porque apenas asumió sacudió a los salteños con un incremento del 400% en los impuestos municipales.
Pero la cosa no terminó allí, ahora, nuevamente los salteños amanecen con la noticia de que la gestión de Emiliano Durand prepara otro golpe al bolsillo ciudadano. El anuncio de un nuevo aumento de impuestos y una recategorización inmobiliaria parece ser la receta repetida de un gobierno municipal que, lejos de gestionar con eficiencia, opta por el camino más fácil: recaudar a costa de los contribuyentes.
Este es el enésimo ajuste fiscal que cae sobre una ciudad cuya clase media está ya asfixiada por las subas continuas. Cada año, el relato de que «los impuestos no alcanzan para cubrir el gasto público» se renueva, y cada año la misma solución aparece en escena: incrementar las tasas sin ofrecer mejoras proporcionales en los servicios públicos. Es el círculo vicioso del ajuste sin resultado. El problema es antes ese cuento se sucedía cada año, tal vez, ahora, en menos de un año, las tasas e impuestos municipales se suceden con demasiada y cercana frecuencia.
¿Qué esconde la recategorización inmobiliaria?
Detrás de la fachada técnica y administrativa que rodea a la recategorización inmobiliaria, muchos advierten una maniobra para profundizar la recaudación fiscal en un sector que ya ha sido exprimido. En lugar de considerar las disparidades socioeconómicas y el contexto inflacionario del país, el municipio se enfoca en ajustar el valor de las propiedades para así justificar aumentos desmedidos en los tributos.
El argumento de «modernizar» el sistema de recaudación y actualizar los valores catastrales parece desentonar con la realidad de los ciudadanos que ven cómo el poder adquisitivo se desmorona y los salarios no alcanzan para cubrir lo básico. Mientras el municipio recategoriza, lo único que cambia es el monto de las boletas, y no precisamente a la baja.
La recaudación: ¿para qué?
Uno de los puntos más críticos es la falta de transparencia sobre el destino de la recaudación. En teoría, los fondos deberían ser destinados a mejoras en infraestructura, servicios y calidad de vida para los vecinos. Sin embargo, las promesas de obras públicas de impacto y de mejoras significativas se diluyen en el tiempo, mientras los pozos en las calles siguen presentes y los servicios básicos, como la recolección de basura, continúan con falencias.
El problema, entonces, no es solo que los impuestos suban, sino que los ciudadanos no ven reflejados estos incrementos en mejoras tangibles. La falta de una visión de ciudad a largo plazo, de proyectos sostenibles que vayan más allá de los ajustes fiscales, muestra una administración que se limita a subsistir día a día, a base de pedir más a los contribuyentes sin dar nada a cambio.
El malestar ciudadano
Las quejas en las redes sociales y en las conversaciones cotidianas entre vecinos son claras. Hay un hartazgo creciente en la población salteña. La sensación es que el municipio está cada vez más desconectado de la realidad del ciudadano promedio. Se habla mucho desde el oficialismo de «hacer sacrificios», pero parece que el sacrificio siempre lo hacen los mismos: los que deben pagar impuestos cada vez más altos.
La falta de participación ciudadana en la toma de decisiones, sumada a un Concejo Deliberante que parece funcionar como una mera extensión del Ejecutivo municipal, o bien tiene preocupaciones más bien farandulescas, ha generado un ambiente de descreimiento en las instituciones locales. ¿Los concejales no se elegían para defender al pueblo?
Emiliano Durand ha demostrado ser hábil en mantener el discurso de «la eficiencia y la modernización», pero a la hora de los hechos, la única modernización visible es la del aumento de impuestos y tasas. Mientras tanto, la calidad de vida de los salteños sigue en decadencia, y los cuestionamientos sobre la transparencia y la administración de los fondos públicos se multiplican.
¿Cuántos aumentos más soportará la ciudadanía antes de que el malestar se transforme en un reclamo más organizado y profundo? Las respuestas a esa pregunta aún están por verse, pero lo que es seguro es que esta nueva embestida fiscal no hará más que profundizar la brecha entre la administración municipal y la población que, cada vez más, siente que sus impuestos no retornan en forma de bienestar.
