SALTA – Por Matilde Serra – Pese a mostrarse como una justicia de vanguardia por ser los primeros en estrenar el sistema acusatorio, los jueces federales de Salta no dan la talla con el reclamo de una sociedad que está harta de ver como el martillo nunca cae igual para todos.
En un año para el olvido, la justicia federal de Salta demostró que no tiene que envidiarles a sus pares de la provincia, pues son capaces de estar a la par e incluso superarlos a la hora de dictar resoluciones tan bochornosas y totalmente alejadas de los que esperan los ciudadanos de un poder que creían independiente.
En su rosario, los jueces federales tienen ya en su haber las absoluciones de la ex directora de PAMI local, Verónica Molina; los empleados Diego Albornoz y Gustavo Gerónimo; el exdirector de la ANSeS Salta, Marcos Vera, y de Fernando Ruarte, exconcejal por el partido La Victoria.
El fallo que limpió de culpa y cargo a los ex funcionaros de La Cámpora fue dictado el 30 de mayo pasado por el Tribunal Oral Federal 2, integrado por Domingo Batule, Abelardo Basbus y Gabriela Catalano. Pese a las claras evidencias, la decisión de favorecer a los dirigentes camporistas estaba echada, no por nada, otro juez amigo intervino e impidió que la fiscalía fuera a debate con todas las pruebas reunidas.
Pero no contento con este fallo, que naturalizó la corrupción estatal, este mismo tribunal, el 7 de junio, volvió a protagonizar otro incidente escandaloso al absolver a los comandantes de Gendarmería Nacional que habían sido llevado a juicio por la muerte de 43 gendarmes el 14 de diciembre de 2015, en un trágico accidente ocurrido en Rosario de la Frontera.
El mismo tribunal oral 2, con Batule como presidente, Marta Snopek y Alejandra Cataldi, absolvieron al comandante Juan Carlos Germán, que era responsable de Logística para cuando ocurrió el siniestro vial; al comandante principal Juan Carlos Bordón, jefe de Personal; al comandante mayor Elio Rafael Méndez, jefe del Destacamento; y al comandante principal Ramón Antonio Maidana, segundo en el mando. Ese día volaron sillas contra la oficina del juez Batule en la planta alta del tribunal, entre otros desmanes.
Otro papelón
Ahora, sus pares del Tribunal Oral 1, tomaron la posta con otro fallo escandaloso, como el dictado el 18 de septiembre pasado, al absolver al empresario Matías Huergo, Aníbal Anaquín, Gerardo Romero, Héctor Silva, Mimessi Sormani, Juan Llanos, Rubén Romero, Francisco Antonio Guzmán Garriga y Oscar Matías Esliman.
Todos estaban acusados de conformar una asociación ilícita tributaria, causa que fue iniciada el 13 de noviembre de 2017 por el fiscal Ricardo Toranzos, quien vio truncada su investigación por la decisión del juez, Julio Bavio, quien, sin ninguna necesidad, decidió dividir la causa y pasar la parte más grosa a la provincia, lo que fue interpretado como la primera intromisión de la política.
Nuevamente las acusaciones en contra de Huergo y su banda no tenían parangón, sin embargo, dicen que la política es el arte de lograr lo imposible. Y así sucedió, esta vez, de la mano de los jueces Marta Lilian Snopek y Mario Marcelo Juárez Almaráz, quienes se aliaron y derrotaron en la votación al juez Federico Díaz, quien había mantenido su postura de juzgar al empresario.
La llave para blanquear a los acusados, valga la ironía, provino del decreto 608, por medio del cual el Gobierno Nacional reglamentó la Ley de Blanqueo. Fue allí, donde se incluyó la letra chica, pues el presidente de la Nación, Javier Milei, en su campaña por llenar de dólares el Banco Central para liberar el cepo, decidió incluir, entre los beneficios a los que se avengan al blanqueo la exención penal para los que estén acusados de asociación ilícita.
Hecha la Ley, hecha la trampa, pues al seguir el camino de migajas, la defensa de Huergo no tardó en reclamar que su cliente se avino a la Ley del Blanqueo, por lo tanto, reclamo la extinción de la causa penal seguida en su contra. No podía haber sido mejor, pues de esta manera, los acusados se fueron libres de culpa y cargo y, encima, se le allanó el camino para que blanquear el dinero mal habido.
Estaba claro que el decreto de reglamentación no cumplía con los requisitos de la Ley de Blanqueo, la que, en ninguno de los artículos, contempla beneficiar a los acusados de asociación ilícita, razón por la cual el fiscal Carlos Martín Amad pidió la inconstitucionalidad de dicho decreto, criterio que también adoptó el juez Díaz, aunque no fue suficiente.
Así las cosas, Huergo y compañía festejan, pero no porque son inocentes, sino por una ley hecha a medida de la corrupción. Con estos fallos, entre otros tantos, la credibilidad de los jueces federales, tanto de los tribunales de juicio como de las salas de la Cámara Federal de Apelaciones, cayó por el piso.
