SALTA – (Por Matilde Serra)- Desde hace unos años a esta parte, lamentablemente, la provincia de Salta ocupa titulares nacionales, no por sus logros sino por sus escándalos. Cuando no fueron crímenes espantosos, resultaron en escándalos políticos, pero el último reportaje que tuvo trascendencia pone las cosas en blanco sobre negro.
Deslucida metáfora si se quiere, para significar que “la blanca”, sería más apropiado decirlo en un lenguaje vulgar, está precipitando una llovizna sobre lo negro, entendiéndose esto último como ese espacio donde juegan sus intereses individuos relacionados con el hampa, pero cuyos chispazos han comenzado a tocar lugares sensibles del poder.
En ciudades tan apacibles como Salta, donde se camina a paso cansino y se piensa antes de hablar, la velocidad del progreso es prácticamente imperceptible y aunque las cosas suceden, como en todo lugar que viene a marcha lenta, muchas cosas se pierden en los corrillos caseros o en los cafés “donde van los que tienen perdida la fe”, porque “De eso no se hablar”.
De un tiempo a esta parte, alguien decidió encender la mecha de fuegos artificiales mediáticos, diseminando por las redes videos donde se ataca indiscriminadamente a todo el que ha pasado por el poder, al que está en el poder, o simplemente, tuvo relación con el poder. En un tiempo donde los medios de comunicación tienen más prestigio que la justicia misma, cualquier ataque clandestino como estos basta para echar al lodo la honra de cualquiera y con el acusado la de toda la familia.
Por supuesto, no hay fiscales atentos a tratar como “notitia criminis” estos procedimientos y entonces la gallina se despluma contra el viento gratuitamente generando calumnias de las cuales no se vuelve. Total, para la próxima elección, ya todo se olvidó.
Sin embargo, ahora es diferente por dos motivos. El primero, porque las calumnias anónimas en forma de videos con fotografías montadas se multiplican en el universo de las redes y el mismo video se vuelve a lanzar una y otra vez, hasta hacer realidad aquello que señala: “Miente, miente, que algo queda”.
Pero estos procedimientos literalmente subversivos adquieren un rango más notable y preocupante cuando lo que se dice tiene nombre y apellido, tanto de parte de quien denuncia, como de los denunciados. Es el caso del último video lanzado al ruedo -y para peor no de manera clandestina, sino en un medio reconocido-, donde un oscuro personaje que terminara sus días asesinado al mejor estilo mafioso -Darío Monges-, se muestra con un capo narco -Palavecino-, dialogando sobre algún entuerto que tiene tintes de conversación desesperada por parte del luego finado.
Hasta ahí, pudo ser parte de este modo insano de hacer política, de no ser porque en ese video se mencionan nombres ligados a la entraña misma del poder gobernante en Salta. De hecho, se menciona, aunque de manera tangencial, al propio gobernador de la provincia. No escapa al criterio más elemental que el tono en que el malogrado Monges, se refiere al gobernador Sáenz, mueve a pensar en cierta proximidad con la situación, que conviene aclararlo muy bien, no se relaciona con el narcotráfico, sino con manejo de influencias.
El problema, sí, es el contexto: un capo narco y un facilitador de influencias y quizás de tráfico. El nombre del ex secretario de seguridad, Benjamín Cruz, señalado como una pieza clave en el contubernio que relataba Monges, es sugestivo; de hecho, ya le ha valido al dicho ex funcionario, hoy en la Municipalidad de la Capital, una imputación por tráfico de influencias.
Tampoco es cosa menor que talle en la conversación el nombre de, Daniel Moreno, entonces – ahora sigue-, intendente del municipio de Vaqueros y en ese momento, presidente del Foro de Intendentes, de reconocida y pública cercanía con el gobernador, Gustavo Sáenz. Cabe recordar que a la muerte de Monges, el dicho Moreno, como su hermano, Mario, entonces diputado, trataron de despegarse de la relación con el occiso, pero la evidencia de testigos que vieron siempre a Monges, visitar asiduamente en cada semana el despacho de Daniel Moreno, que dicho sea de paso, está imputado en una causa por abuso sexual, desmiente que el mismo era persona de su estricta confianza. Incluso más, habría tenido un AP (Agrupamiento Político) otorgado por el diputado, Mario Moreno.
Según parece, y como suele decirse que para muestra basta un botón, el segmento del video publicado, ya salpica lo suficiente hasta un diputado nacional, pero según mentas, otras partes del mismo video -dicen- serían bastantes más sustanciosas.
Los problemas estructurales
Esta situación planteada, hasta ahora, pareciera ser sólo la punta del iceberg de una escalada que podría ir bastante más allá, concebida y operada por alguien que tendría intereses creados al margen de la política, pero para quien, o quienes, mantener en vilo al sistema político, representaría su extraña forma de hacer -precisamente-, política.
En la volteada, para decirlo de una manera vulgar y llana, cae el accionar de la Policía de la provincia, en particular lo que atañe al espacio geográfico que cubre la Unidad Regional Nro. 4, con asiento en Tartagal, una zona caliente si las hay. Es de conocimiento público de todo salteño que, en esa geografía, el tráfico de drogas, las conexiones políticas, los casos judiciales y la economía del narcotráfico, forman una madeja que se enreda cada vez más. Prueba de ello, son los jueces destituidos por estar involucrados en coimas, o por mirar para otro lado.
Recientemente, y ha sido otra de las causas que han puesto a Salta en las portadas nacionales, ha ocurrido la destitución del intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo «Conejo» Martínez, acusado de entorpecer la investigación del homicidio de su hermano, César «Oreja» Martínez; hecho que llevó a la intervención del municipio y la caída de otro juez.
Nada más que en lo que va del año 2024, en la provincia de Salta se han registrado varios casos en los que vehículos como camionetas policiales, unidades de bomberos y ambulancias fueron utilizados para transportar drogas.
En efecto; el 10 de julio de este año, efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron una camioneta de la Policía de Salta que transportaba más de 400 kilos de cocaína. El vehículo oficial fue detenido en la Ruta Nacional 34, en Aguaray, y se encontraron ocho cajas con 400 paquetes de cocaína en su interior. Dos agentes fueron detenidos y un tercero se dio a la fuga. El 18 de marzo de 2024: En un operativo conjunto entre la Policía de Salta y Gendarmería Nacional, se detuvo una camioneta de bomberos voluntarios que transportaba 314 kilos de cocaína. El vehículo simulaba llevar encomiendas, pero en realidad ocultaba la droga en 12 cajas.
Más recientemente, el 14 de octubre de 2024, una partida de gendarmes del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” detuvieron una camioneta que se dirigía desde Salta hacia Buenos Aires, transportando más de 83 kilos de cocaína. El operativo se realizó en la Ruta Provincial N° 92.
Como para que ningún servicio público de Salta quede fuera del reparto, el 27 de agosto de 2024, en el puesto de control El Portezuelo, en Catamarca, fue detenida una ambulancia que había salido de Salta, transportando 54 kilos de cocaína. En el operativo fueron detenidas tres personas. El 9 de abril, también de este año, Gendarmería Nacional secuestró 134 kilos de cocaína en una ambulancia que viajaba desde Salta hacia la Ciudad de Buenos Aires. El vehículo simulaba trasladar a una mujer en grave estado de salud, pero un error en la documentación delató a la banda.
Hasta una camioneta de los Bomberos Voluntarios fue detenida por Gendarmería Nacional con 314 kilos de cocaína. Todos estos casos reflejan una tendencia preocupante en la utilización de vehículos oficiales y de emergencia para el transporte de drogas en la región.
La pregunta siguiente, entonces, es inevitable: ¿Se puede utilizar un vehículo oficial para transportar droga sin que un superior se entere?
La respuesta afirmativa sería la más grave, siempre que estaría delatando la complicidad de cúpulas dentro de las Fuerzas de Seguridad; la respuesta negativa, lleva a la conclusión de que existe un completo descontrol en la conducción de las áreas más sensibles de la sociedad.
No se conocen estadísticas oficiales, pero bastaría realizar un seguimiento a través de las páginas de noticias como para armar un cuadro consistente que lleve a la conclusión de que el narcotráfico ya ha impactado no sólo a las zonas fronterizas, sino también a las ciudades más importantes, incluso, a la propia Capital de Salta, donde se ha detectado un aumento en la venta y consumo de drogas en barrios periféricos. En áreas como las ciudades del norte, especialmente, Orán, también se han convertido en zonas de disputa entre bandas locales, lo que ha generado un aumento de la violencia y los homicidios. Como suele decirse, esto es una realidad, no un relato.
En suma, el video de referencia echa un manto de sospecha que induce a pensar que el narcotráfico tendría infiltraciones en las estructuras de poder, desde las Fuerzas de Seguridad, servicios públicos, hasta el ámbito político. Claro es que esas menciones a personajes del poder en boca de delincuentes no constituyen acusaciones formales, pero generan un creciente rumor de que ciertos sectores políticos podrían estar involucrados en la protección de narcotraficantes o beneficiándose del tráfico de drogas, lo cual resulta alarmante.
El hecho es que parecería que el narcotráfico en Salta se ha convertido en una amenaza real para la seguridad, la estabilidad social y las instituciones democráticas. La geografía de la provincia, sumada a la sospecha de corrupción en las Fuerzas de Seguridad y la posible connivencia de sectores del poder político, ha facilitado la expansión de este fenómeno.
Por último, es menester reconocer que el Estado ha incrementado la presencia de fuerzas de seguridad y ha lanzado operaciones para combatir el narcotráfico, pero la verdad más objetiva dice que la región necesita una respuesta más integral, que no sólo aborde la seguridad, sino también las dimensiones económicas y sociales de un problema que ya se ha convertido en un flagelo que se advierte, tanto en las calles como en las aulas de los establecimientos escolares. –
