Hace unos días la situación en Coronel Juan Solá (Morillo), alarmó a su comunidad tras la detención domiciliaria del intendente Atta Miguel Gerala, acusado de participar en el robo y robo de rieles del ramal C-25. Este escándalo ha generado una crisis institucional, pero desde el Gobierno de Salta, Ricardo Villada ha descartado intervenir directamente en el municipio, aunque la Legislatura haya solicitado un proyecto para intervenir en el municipio.
El ministro de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, Ricardo Villada dialogó con un medio local donde ha descartado, por ahora, la intervención provincial en el municipio, priorizando auditorías y manteniendo contacto con el Concejo Deliberante local. Sin embargo, esta postura parece insuficiente ante la gravedad de los hechos y la necesidad de restablecer la confianza en las instituciones municipales.
La licencia de 30 días solicitada por Gerala, que culmina el 5 de diciembre, no debiera ser una excusa para dilatar decisiones cruciales. Es por eso que el gobierno provincial intervino en municipios como Aguaray, Salvador Mazza y Aguas Blancas cuando la situación lo ameritaba, pero su inacción actual podría interpretarse como una falta de compromiso con la transparencia y la legalidad en Morillo.
El gobierno provincial habría adoptado una postura firme frente a las denuncias de corrupción y crimen organizado, buscando detener el crecimiento de la narco criminalidad y recuperar la credibilidad de las instituciones locales, pero todavía, no hubo una ocupación propia y efectiva para salvaguardar el bienestar de la comunidad y la integridad de las instituciones.
El ministro Ricardo Villada destacó la importancia de trabajar de manera conjunta con el gobierno nacional para fortalecer la seguridad en las áreas más vulnerables del norte salteño. Subrayó que el gobernador Gustavo Sáenz ya había solicitado acciones más contundentes en gestiones anteriores, señalando la necesidad urgente de mayor presencia y apoyo en esta región estratégica.
Villada reconoció que actualmente se percibe un respaldo más significativo por parte del gobierno nacional y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. «Es esencial actuar con la misma firmeza que se aplica en lugares como Rosario, pero adaptándonos a los desafíos únicos de esta zona fronteriza con Bolivia, donde el impacto de la narco criminalidad ha sido especialmente grave», afirmó, resaltando la urgencia de enfrentar este flagelo en la región.
