SALTA – De manera sorpresiva, y como si se revolviera el baúl sin saber qué, el Ministerio Público Fiscal dio a conocer la decisión de reactivar la causa de Salta Forestal, lo que llamó mucho la atención y despertó varias suspicacias, sobretodo de orden político.
La novedad fue comunicada por el fiscal penal Daniel Alejandro Escalante, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, la misma que había dispuesto, en 2019, el archivo de la causa, la que tenía como eje principal la relación del estado provincial con la empresa Eco Desarrollo Salta, en el marco del polo productivo “Salta Forestal”
Según explicó, la decisión de reabrir la causa penal responde a la incorporación de nuevos elementos de prueba que sugieren la existencia de hechos que requieren ser investigados en un mayor contexto, sin mencionar en específico cuáles son algunos de esas nuevas pistas.
Cabe recordar, en abril de 2019, la fiscalía de Delitos Económicos Complejos había dispuesto el archivo de las actuaciones, lo cual fue ratificado en octubre de 2020 por la Fiscalía de Impugnación competente, en vista de un acuerdo transaccional entre la Fiscalía de Estado y la firma Eco Desarrollo Salta S.A., vinculada a la familia del ex diputado nacional, Alfredo Olmedo.
Ahora, sin embargo y tras la aparición de nuevos datos surgidos en diversos medios, el fiscal Escalante consideró necesario ampliar el contexto de los hechos a valorar, pues existirían aspectos susceptibles de análisis relacionados con la concesión de terrenos de Salta Forestal, indicado como “concesión de la explotación y ejecución de un proyecto integral” en particular la de 230 mil hectáreas con un amplio diferimiento del pago de impuestos, entre otros elementos.
Ratificó que el caso involucra a la firma Eco Desarrollo Salta y está vinculado con acuerdos previos a la privatización de Salta Forestal, que fueron formalizados durante el gobierno provincial a fines de la década de 1990, o sea, bajo el mandato del ex gobernador, Juan Carlos Romero.
La investigación reactivada, según reveló, pretende revisar la legalidad de los acuerdos firmados, entre otros aspectos incluyendo el posible incumplimiento de las condiciones contractuales denunciado en diversos ámbitos, y la relación entre el gobierno provincial y los titulares de la empresa en cuestión.
“Que existe una íntima vinculación de la nueva A.V. N° 54/24 UDEC y de la A.P. N° 331/17 OOYD (Denuncia Penal del Sr. C.D.P.), de las que se develan circunstancias que obligan retrotraer la investigación a los inicios de la decisión administrativa publica, que podría llegar a ostentar relevancia en el fuero penal, imponiendo la necesidad de reabrir la investigación.”, consideró el fiscal.
Agregó que “el organismo acusador público, en su oportunidad, se limitó a un análisis parcial, en una época referida en espacio y tiempo. Pero como tal se destacó, surge el deber de examinar el Hecho incorporando indicios más vastos, que exceden los parámetros considerados en el pasado; que incluya a Salta Forestal y la firma ECO Desarrollo Salta S.A., de cuyos titulares resultaría mencionada la familia Olmedo. No debe obviarse el análisis de nuevos integrantes posteriores. La génesis y su eventual concesión con efectos permanentes, develan otro aspecto a analizar consistente en el cumplimiento o incumplimiento de las exigencias contractuales.”.
Destacó que la reapertura, aunque parezca, no responde a una decisión caprichosa ni de urgencia política, “sino que la toma de conocimiento de aspectos relevantes y adyacentes a lo que habría acontecido en la concesión cuestionada, genera un planteo e hipótesis fiscal de investigación diferente y con nuevas circunstancias”, consigna en su decreto de reapertura el representante del M.P.F. de fecha 23 de octubre pasado.
Reafirmó que, en línea con la legislación y la doctrina penal, se continuará con la investigación hasta esclarecer los hechos conforme a los principios de justicia y transparencia, buscando la verdad en este complejo caso que involucra el patrimonio del Estado provincial.
Trasfondo
En este contexto, no hay que olvidar que el médico veterinario, ex presidente de la Sociedad Rural Salteña, ex candidato a diputado provincial por el PRO, y socio de la Inmobiliaria MDay, Ignacio Lupión, fue designado este lunes en la presidencia del directorio de la Sociedad Anónima Salta Forestal, de donde habrían salido las nuevas pruebas.
Lupión llegó para cubrir la vacancia que se generó tras el fallecimiento, el 29 de agosto último, de Marcelino Sierra, el anterior titular en Salta Forestal, creada en 1974, en el gobierno de Miguel Ragone (desaparecido por el terrorismo de Estado el 11 de marzo de 1976), con el objetivo llevar a cabo un manejo integral de bosques de parte del Estado salteño, pero finalmente quedó en manos de privados que apostaron al monocultivo y al desmonte.
Actualmente, y pese a la existencia de la ley 7623, que en 2010 dispuso la obligatoriedad del pago de un canon a la provincia, dado que son tierras fiscales, se pudo saber que Olmedo Agropecuaria, uno de los grupos económicos que explotó las más de 300 mil hectáreas de Salta Forestal, se retiró con un presunto doble beneficio: nunca pagó canon alguno y vendió sus derechos de concesión de las tierras. “Es de mi papá”, repitió siempre el ex diputado nacional y ahora militante mileista cada vez que se le recuerda la vinculación de las tierras con el crecimiento de la empresa Ecodesarrollo encabezada por Alfredo Olmedo padre.
Salta Forestal, cabe recordar, fue creada por el gobierno nacional y la provincia con el objeto de realizar un aprovechamiento “integral” y “racional” de los bosques y suministrar carbón, durmientes y postes a empresas del Estado, pero en 1982 la provincia se quedó a cargo de las 338.331 hectáreas que están en el departamento Anta, en el sur provincial.
En 1993, durante el gobierno de Augusto Ulloa (que fuera antes interventor federal de la dictadura militar), se promulgó la Ley Nº 6.727, que declaró a Salta Forestal SA “sujeta a privatización”. Fue el gobierno del actual senador nacional Romero el que adjudicó la concesión de las tierras (que tenía y tiene aún a pequeños productores viviendo y produciendo adentro) a la empresa Ecodesarrollo SA (constituida por Olmedo Agropecuaria SA y Cervera Agropecuaria SA, hoy Cresud SACIF).
En 2010, en tanto, se sancionó finalmente la ley 7623, que establece el cobro de los cánones a todas empresas que exploten inmuebles del Estado provincial. Luego, tras una seguidilla de litigios, la provincia logró recuperar 81.819 hectáreas en 2017 pero en calidad de cobro de cánones nunca pagados. Además, recuperó otras 30 mil hectáreas.
En medio de este litigio, la familia Olmedo decidió abrirse del grupo y vender sus derechos de concesión a Anta del Plata. En la transacción original, la concesión de las tierras fue por 64 años. Aunque se conoce que hubo algún pago por parte del grupo que quedó en manos de Cresud, no existen informes oficiales que indiquen la cantidad de dinero que ingresó a la provincia desde la sanción de la ley, que establece que se debe pagar el 10 por ciento de la totalidad de la cosecha.
