SALTA – Por Pablo Kosiner – El 2024 será recordado como un año de tensiones crecientes en Argentina, en gran medida alimentadas desde el más alto nivel de poder. La llegada de Javier Milei a la Presidencia, lejos de inaugurar una etapa de transformación pacífica, ha estado marcada por un preocupante aumento de la violencia verbal. Particularmente dirigida contra quienes piensan diferente, periodistas críticos y comunidades históricamente marginadas.
No es solo una cuestión de formas. El lenguaje tiene un poder performativo: construye realidades, refuerza prejuicios y habilita comportamientos. En este contexto, las expresiones despectivas, que en otros tiempos habrían provocado un repudio unánime, han encontrado eco en un sector de la sociedad. El uso del término «mogólico» como insulto, pronunciado sin tapujos por el propio presidente en su momento, no solo refuerza estigmas hacia las personas con discapacidad, sino que marco lo que luego sería el camino de normalizar una retórica excluyente y degradante.
Agravios
Lo mismo ocurre con la palabra «puto», convertida en herramienta de agresión frecuente entre reconocidos referentes de sus seguidores, y cuya carga homofóbica agrava aún más un clima de intolerancia hacia las diversidades. Siendo el propio presidente quien manifestó aborrecer las políticas públicas de género y diversidad.
Este patrón de agresividad no se limita al discurso casual. Los periodistas críticos han sido señalados públicamente como enemigos o cómplices de un supuesto «sistema corrupto» llamándolos “ensobrados” o “basura”. Esta estrategia, además de poner en riesgo la libertad de prensa, genera un efecto escalofriante en quienes intentan ejercer su labor con independencia. Más grave aún, este lenguaje polarizador mina las bases del diálogo democrático, indispensable para cualquier sociedad que aspire a la convivencia.
La agresión sistemática a quienes disienten —ya sea por razones políticas, identitarias o profesionales— no es un fenómeno aislado. Es el síntoma de un liderazgo que parece encontrar en la confrontación constante su forma de legitimarse. Pero, a largo plazo, estas prácticas tienen un costo devastador: la ruptura del contrato social.
Violencia desmedida
Ese contrato, que subyace a toda convivencia democrática, se basa en la aceptación de un marco común donde las diferencias se procesan a través del respeto mutuo y las instituciones. Cuando desde el poder se habilita y legitima el lenguaje del desprecio, se corroe ese marco y se abre paso a la fragmentación social. No se trata solo de un problema moral o discursivo, sino de una amenaza directa a la estabilidad de la nación.
De cara al 2025, el desafío trasciende el análisis económico. La verdadera reconstrucción pasa por defender ese contrato social de integración, que reconoce y respeta a todas las personas como iguales en dignidad y derechos. Es imperativo recuperar el lenguaje como herramienta de encuentro y no de división, y promover liderazgos que enfrenten los conflictos sin recurrir a la violencia verbal como recurso.
En este contexto, todos los sectores de la sociedad tienen un rol que jugar. Desde la política hasta los medios de comunicación, pasando por las escuelas y las familias, el llamado es a redoblar esfuerzos para reconstruir un sentido de comunidad basado en el respeto y la empatía. Argentina no puede permitirse un camino de odio que amenaza con desmoronar lo poco que nos queda como vínculo colectivo.
El desafío no es menor, pero la historia ha demostrado que los argentinos podemos superar nuestras divisiones más profundas cuando entendemos que nuestra fortaleza radica en la diversidad y el diálogo. Es hora de que lo recordemos, y el 2025 es una nueva oportunidad.
