Por Diego Nofal, Coordinador de Multimedia y Contenido de El Intra – Gustavo Sáenz mandó, esta semana, un mensaje a cualquier periodista que ose a salirse del libreto oficial. Quedó claro que está dispuesto a meter preso a cualquiera que no reproduzca la información que sale de la usina comunicacional que dirige Nicolás Demitrópulos.
Para comenzar esta reflexión es menester hablar de las redes sociales. Sí, es un tema que a todos nos tiene algo cansados y bastante confundidos. Las redes sociales son, en este momento histórico, la principal usina de difusión de noticias falsas, ataques anónimos y, casi siempre, de carácter íntimo y personal.
Nos preguntamos ¿Siempre fue así? Pues no, a través de Twitter se gestó la primavera árabe. En ese momento la red del pajarito fue fundamental para la caída de un régimen cruel que sometía a la población siria. Pero, un día, los empresarios comenzaron a darse cuenta del potencial que tenían estas redes para influenciar a la gente.
Antecedentes
En 2016 un escándalo involucró a Mark Zuckerberg y a Facebook, la red social con mayor cantidad de usuarios en el mundo. Cambridge Analytica se robó los datos del 15% de los usuarios de Estados Unidos, gracias a una aplicación asociada a esa red y los usó en la campaña de Donald Trump. Luego se supo que un grupo de moderadores, en Facebook, se encargaban de filtrar algunas notas que aparecían en los feeds de temas más leídos.
Ese solo es el antecedente. Todo terminó de desmadrarse con la compra de Twitter por parte de Elon Musk y con la aparición de la red asiática Tik Tok. Miles de trolls anónimos se lanzaron a las redes sociales. La aparición de los agresores anónimos hizo entrar en crisis a la red del empresario sudafricano, tanto así que decenas de medios de comunicación cerraron sus cuentas en X y se mudaron a BlueSky, una red que se parece bastante a Twitter en sus inicios.
Ahora, hechas estás aclaraciones, lo que pasa en Salta trasciende el problema de la falta de control en redes sociales. La necesidad de Gustavo Sáenz de digitar a la opinión pública lo llevó a cometer actos de censura y persecución de carácter dictatorial. So pretexto de parar con la “usina de fake news” mandó a demorar y encausar a productores televisivos y a jóvenes laburantes.
Las acusaciones que se ciernen sobre los jóvenes que fueron demorados y sufrieron allanamientos, secuestro de elementos personales, entre otras violaciones flagrantes a varios principios constitucionales, son calumnias e injurias. Dos delitos que no tienen pena de cárcel. En el Código Penal se estableció apenas una multa, para aquellos que cometan estas faltas. Además se considera una ofensa tan leve que el acusado puede librarse de cualquier pena, simplemente retractándose y pidiendo disculpas. En la fiscalía, que trabaja bajo las órdenes directas de Gustavo Sáenz, le agregaron el delito de “intimidación pública”, una acusación imposible de probar o sostener.
Libertad de expresión
Entonces, por qué movilizar la estructura de seguridad y judicial para buscar a dos acusados de delitos menores. Por qué utilizar policías, jueces y abogados para enfrentar a dos creadores de contenidos. Por qué desperdiciar recursos públicos en algo menor, dentro de una provincia que tiene barrios enteros destruidos por el consumo de Paco.
La respuesta es muy simple, durante los interrogatorios se instó a los tres acusados a señalar a opositores al régimen del Gobernador. Les ofrecieron “safar del quilombo”, si acusaban a un diputado nacional y a un empresario de medios de ser los dueños de la usina de videos, que no hacen otra cosa que reproducir información que ya está en los medios de comunicación.
Luego de coaccionar a los acusados y direccionar sus declaraciones con amenazas y ofertas de libertad inmediata, desde el gobierno utilizaron el ejército de medios que se sostiene por prebendas empresariales o pauta oficial, para difundir que los responsables de estos vídeos, que condensan y resumen información pública, eran políticos y empresarios opositores al régimen del mandatario provincial.
Censura
Está avanzada fascista e ilegal, solo demuestra que Sáenz tiene terror a la comunicación independiente, a qué alguien, lejos del radar de la pauta que silencia a los medios locales, pueda generar información le aterra al Gobernador. Estos allanamientos fueron una señal para todos los que se atrevan a informar sin que el emperador de la información local, Nicolás Demitropulos, les dé la venia.
Tenemos malas noticias para Gustavo y Nicolás, en Salta ya se intentó censurar, más de una vez a la prensa. Yo sufrí en carne propia la persecución de Juan Carlos Romero. En aquel momento recibí la solidaridad de decenas de colegas, colegas que ahora parecen haber perdido el espíritu solidario o que han decidido no hablar porque tienen el buche lleno de las “verdades” que les dicta el emperador Demitropulos.