SALTA (Diego Nofal).- Llegó el día. Las críticas empezaron a doler más de lo que se esperaba. El camino de Gustavo Sáenz se bifurcó dando solo dos opciones, empezar a gobernar mejor o perseguir a todos aquellos que cuestionen su gestión. Mal aconsejado o por ineptitud propia eligió el sendero de moda, el que comparten los kirchneristas y los libertarios, dos movimientos en los que el mandatario se afilia sin ponerse colorado. Es más, sin ponerse ni rosa clarito. Para este fin usó a la Fiscalía de Ciberdelitos, a cargo de Sofía Cornejo Solá.
En este país, del kirchnerismo a esta parte, hemos decidido tapar el sol con las manos. El gran mérito de los abogados, economistas y militares que han gobernado este país, fue convencer a la gente que los periodistas, que jamás tuvieron a cargo los destinos institucionales de nuestra Patria, son los responsables de todos nuestros males. En esa falaz corriente decidió apuntarse nuestro gobernador. El enemigo elegido es El Intra, un medio moderadamente crítico, que decidió contar las cosas que se hicieron mal o bien en esta gestión, de manera objetiva y sin faltar a la verdad.
Algunos podrán decir que El Intra es opositor por falta de pauta, pero no es así. El grupo El Intransigente recibe cerca de 12 millones de pesos. Aún así el gobierno decidió atacar a nuestro medio imputado a su director, con una acusación rayana a lo ridículo. Impulsada por una fiscal que es prima política de uno de los principales asesores del mandatario. La imputación es por Intimidación Pública, es decir que según la fiscal la información difundida por El Intra, puede generar una conmoción social. A raíz de la ley 26.551 sancionada en el año 2009, no se puede imputar a un periodista por el delito de calumnias e injurias, sobre todo cuando publiquen algo que es de interés público y el artículo no sea asertivo.
La Fiscalía de Ciberdelitos no pudo sostener la causa
En el 2008 la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que las opiniones «no pueden ser objeto de sanción, más aún cuando se trata de un juicio de valor sobre un acto oficial de un funcionario público en el desempeño de su cargo». Por eso es que la fiscal Sofía Cornejo, hizo una curiosa interpretación del artículo 211 del Código Penal e imputó al director de El Intra y, con eso, busca amedrentar a todos los que ejercemos con seriedad el periodismo de investigación.
De acuerdo con la fiscal, este medio que siempre se caracterizó por enfrentar sin tapujos, ni medias tintas al poder, fue responsable de la difusión de dos videos virales anónimos. Para llegar a esta imputación la titular de la Fiscalía de Ciberdelitos, tomó como ciertas las declaraciones de un creador de contenidos que jamás trabajó en el diario. Que hizo una prueba, cómo muchos periodistas y filmaker lo hacen mensualmente en nuestro medio. Su trabajo no le gustó a los responsables de esa selección y nunca formó parte de El Intra diario.
Presiones
De acuerdo a lo que señalaron calificadas fuentes, los funcionarios judiciales ejercieron presión sobre los imputados en la causa. Según trascendió, Juan Capisano fue amedrentado para cambiar de representantes legales. Luego, de acuerdo con las fuentes, se le hizo un pedido “explícito”. Para que sus declaraciones fueran funcionales a lo que del Grand Bourg necesitaba escuchar. En ese marco se señaló, sin pruebas materiales, que el director del grupo El Intransigente era supuestamente el responsable de guionar e indicar dónde subir videos contra el Gobierno.
El grupo El Intransigente jamás difundió videos virales anónimos, cada nota que hemos publicado denunciando a este y otros gobiernos llevaron nuestro sello o el nombre y apellido de los periodistas que lo escribieron. Nuestras redes sociales están claramente identificadas. Denunciamos a Juan Carlos Romero y él contestó con una dura editorial en su diario acusando a un periodista de ser un “puntero político”. Denunciamos un acuerdo Urtubey – Olmedo previo a unas elecciones y nunca escondimos la mano que lanzó la piedra.
Imputarnos por generar agitación social, por las verdades que publicamos es, como mínimo, exagerado. Por respeto a la investidura de la fiscal prefiero no volver a usar la palabra “ridículo”. Pero sobre todo acusarnos de difundir anónimamente información. Es un insulto a la historia de un grupo de medios que, hace 17 años tiene como principio que “la verdad debe contarse entera, siempre”. Seguiremos investigando la participación de personas vinculadas al Poder Judicial por la presión para denunciar al director de El Intra.
