SALTA – (Por Pablo Kosiner) El gobierno del presidente Javier Milei anunció recientemente que recurrirá nuevamente a una herramienta que se ha convertido en su modus operandi: el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), esta vez para la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, esta decisión no solo es cuestionable desde el punto de vista político, sino que directamente atenta contra la legalidad vigente en Argentina, al incumplir la Ley 27.612, que establece que cualquier acuerdo con el FMI debe ser aprobado por el Congreso Nacional.
El presidente Javier Milei ha hecho del DNU un instrumento de gobierno permanente, en una práctica sistemática que vacía de contenido el sistema republicano y desvirtúa la división de poderes. No se trata de un caso aislado, sino de una metodología que se repite: evitar el debate legislativo y decidir por decreto sobre cuestiones de enorme trascendencia para el país. En este caso, la maniobra es particularmente grave porque se trata de compromisos que afectan la soberanía económica de la Argentina.
Javier Milei y la violación a la Ley 27.612
La Ley 27.612, sancionada en 2021, establece con claridad que los acuerdos con el FMI deben ser ratificados por el Congreso con una ley expresa. No es una formalidad menor. Esta norma responde a la necesidad de dotar de mayor transparencia y consenso a decisiones que pueden condicionar la política económica del país por años, como ya ocurrió en múltiples ocasiones a lo largo de nuestra historia. Es un mecanismo de control democrático para evitar que los compromisos financieros sean asumidos unilateralmente por el Poder Ejecutivo sin la debida discusión y aprobación de los representantes del pueblo.
Javier Milei, con su prédica libertaria pero su práctica autoritaria, decidió ignorar esta obligación legal. Argumenta la «urgencia» y la «necesidad», cuando en realidad su decisión es política: evitar los controles institucionales y evitar que se exponga a debate la naturaleza del acuerdo con el FMI y sus consecuencias. Pero “su” urgencia no puede ser la excusa para eludir la ley. Si el Gobierno necesitaba renegociar con rapidez, debía convocar al Congreso a sesiones extraordinarias o buscar mecanismos para que la discusión se diera en el marco de la legalidad vigente.
Este nuevo atropello no solo genera un precedente peligroso en términos institucionales, sino que también mina la confianza en la estabilidad de las reglas de juego. La violación sistemática a la Constitución Nacional, hoy lamentablemente naturalizada por diferentes sectores, acrecienta riesgos de que este Gobierno recurrirá nuevamente a decretos para otros temas trascendentales, como reformas económicas, laborales o previsionales. ¿Qué valor tienen las leyes si pueden ser ignoradas a discreción del Ejecutivo?
El peligro de gobernar por decreto
Además, esta decisión de Javier Milei deja al Congreso en un lugar de absoluta irrelevancia y somete a la política económica del país a decisiones inconsultas que favorecen a los intereses de los organismos financieros internacionales antes que a los intereses de los ciudadanos. El FMI, históricamente, ha impuesto condiciones que han profundizado los problemas estructurales de Argentina, y un acuerdo cerrado a espaldas del Congreso solo refuerza la falta de transparencia en la relación del país con el organismo.
El peligro de gobernar por decreto es claro: se debilita el sistema democrático, se excluye la deliberación política y se consolida un modelo de concentración del poder que, lejos de fortalecer la institucionalidad, la erosiona. La renegociación con el FMI es un tema de Estado que debe ser tratado con la seriedad y el respeto a la ley que merece. Lo que hoy se presenta como una «solución rápida» terminará siendo un problema mayor si se consolidan estas prácticas de gobierno que desprecian la Constitución y la división de poderes.
Es responsabilidad del Congreso, de la oposición y de la sociedad en su conjunto exigir el respeto a la Ley 27.612. No se trata solo de una formalidad, sino de la defensa de la institucionalidad y de la democracia misma. La Argentina ya ha vivido demasiadas crisis institucionales como para permitir que una vez más el Ejecutivo decida pasar por encima de las reglas establecidas. No se puede construir un país serio si se ignoran las leyes cuando no resultan convenientes para el gobierno de turno.
