SALTA (Pablo Kosiner).- Días pasados en el marco de “Expograno 2025”, el presidente Javier Milei se definió a sí mismo como un «provocador» en relación con sus adversarios políticos y, lejos de ver esto como un problema, manifestó que «le encanta» asumir esa posición. Más allá de la anécdota, esta actitud no es una simple estrategia comunicacional, sino que encierra riesgos profundos para la convivencia democrática y el ejercicio del poder. Desde la ciencia política, diversos autores han analizado los efectos de la polarización, la confrontación permanente y la erosión de las normas democráticas cuando los líderes adoptan la provocación como estilo de gobierno.
Uno de los principales riesgos de esta estrategia es su capacidad de fomentar una espiral de violencia política. En su obra «On Violence» (1970), Hannah Arendt argumenta que la violencia y el discurso provocador pueden ser síntomas de la pérdida de autoridad legítima. Cuando los líderes recurren a la provocación sistemática, socavan los canales institucionales del diálogo y promueven la lógica del conflicto en lugar de la deliberación política. Esto es particularmente preocupante en sociedades con una historia de inestabilidad institucional, como la Argentina.
Además, en «How Democracies Die» (2018), Steven Levitsky y Daniel Ziblatt advierten que una de las señales de erosión democrática es la demonización sistemática del adversario político. Según los autores, cuando los líderes presentan a sus opositores no solo como rivales, sino como enemigos, contribuyen a la radicalización del discurso público, lo que puede justificar medidas excepcionales y autoritarias en nombre de la «defensa» del pueblo contra sus supuestos enemigos.
Ernesto Laclau, en «La razón populista» (2005), explica cómo la confrontación discursiva puede ser un mecanismo para construir identidades políticas fuertes, pero advierte que cuando esta se basa exclusivamente en la negación del otro, el debate democrático se empobrece y se favorece la consolidación de liderazgos personalistas y autoritarios. En el caso de Milei, su insistencia en la provocación no parece responder a una estrategia de construcción de hegemonía política a través del consenso, sino a una lógica de confrontación constante que deslegitima cualquier intento de oposición.
El problema central de gobernar desde la provocación es que se destruyen los incentivos para el diálogo y el acuerdo. Giovanni Sartori, en «La democracia en 30 lecciones» (2008), subraya que la democracia no es solo un sistema de mayorías, sino un régimen de negociación y reconocimiento del adversario. Sin estos elementos, el gobierno se convierte en una arena de imposiciones en lugar de un espacio de construcción colectiva de políticas públicas.
Otro aspecto crucial es la relación entre la provocación y la legitimación de la violencia política. Chantal Mouffe, en «El retorno de lo político» (1993), plantea que la política democrática debe permitir la expresión de antagonismos, pero advierte que cuando el conflicto no se canaliza dentro de instituciones que regulen la disputa, puede derivar en formas de violencia y exclusión. En este sentido, un líder que hace de la provocación su sello personal corre el riesgo de habilitar la radicalización de su base de apoyo y la persecución de sus adversarios.
Argentina ha vivido experiencias históricas que muestran los peligros de la polarización extrema con el resultado de una dinámica donde los adversarios no solo discutían ideas, sino que se veían mutuamente como enemigos irreconciliables. En un contexto de crisis económica y descontento social, la estrategia de la provocación sistemática solo puede contribuir a la fragmentación de la sociedad y al debilitamiento del Estado de derecho.
Lejos de fortalecer la democracia, el uso permanente de la provocación mina los pilares sobre los que se sostiene el sistema político. Un líder puede desafiar a sus adversarios, puede tener una retórica firme e incluso puede apelar a la confrontación en ciertos momentos, pero si la provocación se convierte en el eje de su estrategia, los riesgos para la institucionalidad y la paz social son demasiado altos. La historia y la teoría política advierten sobre estos peligros. Ignorar estas advertencias puede costarnos caro como sociedad.
