SALTA (Pablo Kosiner).- Durante el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el presidente Javier Milei pronunció una frase que, lejos de reforzar la histórica posición argentina sobre la soberanía en el Atlántico Sur, revela una preocupante ignorancia —o una peligrosa concesión— respecto a los principios jurídicos que sustentan nuestra legítima reclamación sobre las Islas Malvinas: “Queremos ser potencia para que ellos prefieran ser argentinos.”
Esta afirmación no es sólo desafortunada: es profundamente errónea en términos jurídicos, históricos y políticos. Porque parte de un presupuesto falso —que la voluntad de los actuales habitantes de las islas puede determinar la soberanía— y omite el argumento central de la posición argentina sostenida ininterrumpidamente desde 1833: el principio de autodeterminación de los pueblos no es aplicable al caso Malvinas.
La reivindicación argentina sobre las islas no se basa en el deseo de “seducir” a una población para que nos elija. Se fundamenta en derechos históricos, geográficos y jurídicos reconocidos por la comunidad internacional, y en el hecho esencial de que las Islas Malvinas fueron usurpadas ilegítimamente por el Reino Unido en 1833, expulsando por la fuerza a las autoridades argentinas allí establecidas. Desde entonces, nuestro país ha protestado ininterrumpidamente por esta ocupación y ha reclamado la reanudación de negociaciones bilaterales de soberanía, tal como lo reconocen múltiples resoluciones de la ONU.
La Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada en 1965, fue el primer reconocimiento internacional de que el conflicto entre Argentina y el Reino Unido por las Malvinas debe resolverse mediante negociaciones bilaterales, teniendo en cuenta los “intereses” de los habitantes de las islas, pero no su “voluntad” o autodeterminación. Lo mismo fue ratificado por resoluciones posteriores como la 3160, la 31/49 y otras más, que nunca reconocieron a los habitantes de las Malvinas como un “pueblo colonizado” con derecho a la libre determinación.
Y esto no es menor. Los actuales habitantes de las islas no son un pueblo originario colonizado, sino una población implantada por la potencia colonial después de haber desalojado a la población argentina. Esa distinción es clave en el derecho internacional y constituye el pilar sobre el cual se edifica la posición argentina. El principio de integridad territorial, en este caso, prevalece sobre la autodeterminación.
Este principio también está incorporado en la Constitución Nacional, reformada en 1994. El texto actual, en su Disposición Transitoria Primera, afirma: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, (…) y reafirma el objetivo de recuperar dichos territorios respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme al derecho internacional.” No hay aquí ninguna invitación a que “prefieran” ser argentinos: hay una exigencia de restitución territorial en el marco de la legalidad internacional.
El Reino Unido, desde hace años, ha intentado utilizar el principio de autodeterminación para eludir el mandato de la ONU de sentarse a negociar. Que sea el presidente argentino quien, voluntaria o involuntariamente, adopte ese discurso, es un retroceso preocupante. Más aún cuando esa postura legitima de facto la política británica de consolidación de la ocupación colonial, transformando el debate de soberanía en una cuestión sentimental o de marketing nacional.
Ser “una potencia” no nos devolverá Malvinas si renunciamos a los fundamentos jurídicos que sostienen nuestro reclamo. Porque, al sugerir que la soberanía puede depender de la simpatía o preferencia de una población implantada, el presidente Milei erosiona el núcleo mismo de nuestra estrategia diplomática y jurídica ante la comunidad internacional.
En lugar de avanzar en una política de Estado sostenida, que fortalezca nuestra posición en foros multilaterales, que refuerce el reclamo desde la educación, la cultura y la diplomacia, el presidente opta por una frase efectista que, más que convocar a la unidad nacional, siembra dudas sobre nuestro compromiso con una causa que es sagrada para millones de argentinos.
Las Malvinas no se negocian en base a simpatías. Se defienden con convicción, memoria, derecho y soberanía. Y el primer deber del presidente de la Nación es no olvidarlo.
