SALTA (Pablo Kosiner).- Recientemente, el ex diputado nacional por Salta, Alfredo Olmedo, afirmó en este mismo medio que “con el voto electrónico está hipotecada la democracia”. Tal declaración, además de inexacta, demuestra un profundo desconocimiento sobre el sistema electoral vigente en nuestra provincia o, en su defecto, una intencionalidad deliberada de desinformar.
En Salta no rige el “voto electrónico” como se lo conoce en otros países. Lo que aquí se implementa desde 2009 es el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), una modalidad mixta que combina tecnología con soporte físico en papel. Este sistema ha sido auditado, mejorado y aplicado en múltiples elecciones provinciales y municipales desde el año 2009 a la fecha con absoluta transparencia, sin que se haya registrado jamás una sola irregularidad comprobada ni impugnación con sustento técnico o jurídico. Lejos de hipotecar la democracia, la BUE ha contribuido a fortalecerla, modernizando el proceso electoral, facilitando el acceso al sufragio y reduciendo las prácticas clientelares.
Tal es así que más allá de los dos gobernadores elegidos bajo este sistema, Juan Manuel Urtubey y Gustavo Sáenz, se han generado victorias de diferentes sectores políticos: el Partido Obrero en la ciudad de Salta en el 2013, la intendenta Betina Romero en Salta en el 2019, o intendentes opositores al oficialismo municipal de turno como Franco Hernández del Partido para la Victoria en la ciudad de Tartagal en el 2023, o Baltazar Lara Gros de Unidos por Salta en la ciudad de Oran el mismo año. Ello sin tener en cuenta que en el año 2010 por un referéndum en la localidad de Nazareno la comunidad cambio aplicando la BUE el destino de una obra pública en un esquema de gestión participativa.
Quienes pretendan cuestionar este sistema deben hacerlo con argumentos, evidencias y propuestas superadoras. De lo contrario, se incurre en un acto de irresponsabilidad que solo busca sembrar desconfianza sobre los mecanismos institucionales, lo cual —paradójicamente— sí erosiona la democracia.
Ahora bien, si de peligros reales se trata, la democracia argentina hoy está efectivamente hipotecada, pero no por el uso de tecnología electoral, sino por las prácticas autoritarias del presidente Javier Milei, a quien el propio Olmedo apoya sin reservas y cuya autocracia coloca al borde de la ruptura nuestro “contrato social”
Desde el 10 de diciembre, el gobierno nacional ha dado múltiples señales de desprecio por el orden constitucional:
- La designación de jueces de la Corte Suprema por decreto, violando el procedimiento que exige acuerdo del Senado.
- El DNU 70/2023, que reformó más de 300 leyes sin pasar por el Congreso, transformando una herramienta excepcional en norma de gobierno.
- Los reiterados vetos a leyes sancionadas por amplia mayoría, como la de financiamiento universitario o la movilidad jubilatoria, debilitando el rol del Parlamento.
- La agresión constante al Congreso, la prensa, los gobernadores y cualquier actor que disienta, reemplazando el debate democrático por la descalificación sistemática.
- El discurso de asunción dado de espaldas al Congreso Nacional, símbolo contundente de su desdén institucional.
- La negativa a habilitar una investigación legislativa sobre la estafa financiera del caso $Libra, pese a las serias implicancias públicas que presenta.
- El intento de avanzar con una nueva Ley de Coparticipación Federal sin intervención de las legislaturas provinciales, contrariando expresamente el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional, que establece que se trata de una “ley convenio”.
A todo ello se suma un hecho especialmente grave: el presidente Milei gobierna desde su asunción con un presupuesto prorrogado del año 2023, sin haber impulsado hasta ahora la aprobación de uno propio. Esta situación, además de inédita, atenta contra el control republicano del gasto público, le permite manejar discrecionalmente recursos excedentes y genera una profunda incertidumbre para las provincias, que no tienen previsibilidad sobre obras, programas ni transferencias no automáticas. La reiterada prórroga del presupuesto vigente —sin ni siquiera haber incluido un nuevo proyecto en la convocatoria a sesiones extraordinarias— demuestra una clara vocación por evitar los controles parlamentarios y gobernar sin reglas claras.
En paralelo, el presidente ha mostrado una agenda nacional casi nula. Salvo contadas excepciones, ha optado por priorizar sus viajes personales, foros ideológicos y compromisos protocolares en Estados Unidos por encima de la presencia territorial en las provincias argentinas. No ha visitado el norte grande, ni ha encabezado reuniones con gobernadores, ni ha impulsado ninguna política con mirada federal. Es el primer presidente de la democracia moderna argentina que muestra semejante ninguneo a las provincias que dice gobernar.
Por todo esto, sorprende que quienes se manifiestan preocupados por la salud de la democracia centren sus críticas en un sistema electoral que ha funcionado de manera ejemplar durante 15 años en Salta, que podrá debatirse o ser perfeccionado, y no en las decisiones concretas que están afectando severamente la división de poderes, el federalismo, la institucionalidad y la transparencia en la Argentina actual.
