SALTA – (Diego Nofal).- El litio, apodado el «oro blanco», se ha convertido en el mineral más codiciado del siglo XXI. Es el corazón de la transición energética global, clave para baterías de autos eléctricos y dispositivos tecnológicos. Argentina, como cuarto productor mundial, está en el centro de esta carrera. Sin embargo, en Salta, una de las provincias más ricas en este recurso, la historia es distinta: la abundancia no se traduce en desarrollo, y la pobreza alcanza al 41,2% de su población. ¿Por qué un territorio con tanto potencial sigue estancado en la desigualdad?
Salta alberga parte del «Triángulo del Litio», una zona compartida con Chile y Bolivia que concentra el 60% de las reservas mundiales. A pesar de ello, la provincia no ha logrado capitalizar este privilegio geológico. Mientras países como Australia o Chile avanzan en industrialización y empleo vinculado al mineral, Salta apenas cuenta con un proyecto activo: Eramine, empresa que produce carbonato de litio pero cuyos beneficios no han permeado en la sociedad. Los puestos de trabajo generados son escasos, y las regalías, de apenas un 3%, son insuficientes para transformar la economía local.
El contraste con Jujuy, provincia vecina, es revelador. Allí, las regalías son del 3% y la provincia cobra otro jugoso 8,5%, es casi cuatro veces más de lo que recibimos acá y aun así operan dos proyectos mineros. Los inversores parecen dispuestos a aceptar mayores cargas fiscales si encuentran certidumbre jurídica y estabilidad institucional. En Salta, en cambio, la mezcla de volatilidad política, persecución a periodistas y una oposición debilitada genera desconfianza. Las empresas no temen perder margen de ganancia; temen perderlo todo en un entorno impredecible.
La sombra de la inestabilidad de Gustavo Sáenz
Uno de los mayores obstáculos para Salta es su clima de negocios, erosionado por decisiones políticas erráticas. Los cambios de rumbo en regulaciones, los discursos confrontativos hacia el sector privado y la falta de transparencia ahuyentan a inversores. Ejemplo de ello es la ausencia de una estrategia clara para impulsar una empresa estatal de litio, algo que podría darle mayor control sobre el recurso, pero que requiere planificación y consensos que hoy no existen.
Además, la persecución a voces disidentes, periodistas, organizaciones sociales y opositores, no solo daña la democracia, sino que proyecta una imagen de autoritarismo incompatible con los estándares internacionales. Las corporaciones, especialmente las extranjeras, priorizan entornos donde el Estado de derecho funcione y los conflictos se resuelvan en tribunales, no mediante represión.
Regalías bajas, oportunidades perdidas en Salta
El modelo actual de regalías en Salta es otro eslabón débil. Retener solo el 3% de las ganancias por un recurso no renovable es una concesión desproporcionada. Jujuy, con su 8,5% local y su 3% nacional, demuestra que es posible negociar sin espantar a los inversores. La diferencia radica en cómo se gestiona lo recaudado: en provincias con instituciones sólidas, los fondos se invierten en infraestructura, educación y diversificación productiva, creando un círculo virtuoso. En Salta, ni siquiera ese 3% parece traducirse en mejoras tangibles.
Pero el problema no es solo el porcentaje, sino la estructura fiscal. Países como Bolivia aplican impuestos adicionales a las ganancias extraordinarias del litio, asegurando que el auge de precios globales beneficie al Estado. Salta, en cambio, mantiene un esquema rígido y desactualizado, que ignora las fluctuaciones del mercado.
La experiencia de Eramine ilustra por qué la minería de litio no reduce la pobreza por sí sola. Aunque la empresa exporta, su impacto local es mínimo: emplea a pocos cientos de personas en una provincia de 1,5 millones, y sus proveedores suelen ser empresas radicadas en Buenos Aires o el exterior. Sin políticas para fomentar cadenas de valor locales, desde la fabricación de baterías hasta la formación técnica, el litio sale en bruto, y con él se van los sueños de desarrollo.
Este fenómeno no es exclusivo de Salta; es un problema nacional. Argentina exporta el 100% de su litio como materia prima, sin agregar valor. Mientras Chile avanza en plantas de cátodos y Australia en investigación tecnológica, aquí seguimos anclados en un modelo extractivista del siglo XX.
Salta necesita urgentemente un pacto político que trascienda gobiernos de turno. La clase dirigente debe acordar una ley de litio consensuada, con reglas claras, regalías justas y metas de industrialización. Segundo, es vital fortalecer las instituciones: sin un Poder Judicial independiente y una prensa libre, no habrá confianza. Tercero, replicar el enfoque de Jujuy: atraer inversiones ofreciendo estabilidad, no solo ventajas fiscales.
Pero el cambio también depende de Nación. Argentina requiere una política federal de litio que coordine a las provincias, evite la competencia desleal entre ellas y promueva la industrialización. Además, es clave revisar el Código de Minería, que data de 1993 y no contempla los desafíos ambientales y sociales actuales.
Más allá del «oro blanco»
El litio no salvará a Salta si antes no se salva a sí misma. La provincia tiene una oportunidad histórica, pero esta exige mirar más allá de la renta fácil. Se necesita audacia para negociar con las multinacionales, voluntad para incluir a las comunidades y humildad para aprender de quienes ya están logrando resultados, como Jujuy. El recurso está ahí, bajo el suelo salteño. Lo que falta es construir, sobre la tierra, un proyecto que convierta la riqueza mineral en progreso real. Mientras eso no ocurra, el litio será solo otro testigo mudo de la desigualdad que no cesa.
