SALTA (Diego Nofal).- Las elecciones legislativas del 11 de mayo en Salta no solo definen bancas, sino también prioridades. Y en esta carrera por el poder, el Gobierno provincial ha optado por una estrategia clara: esconder bajo la alfombra a quienes puedan manchar su imagen. Entre ellos, destaca el caso de Verónica Saicha, ex secretaria de Justicia, cuya abrupta renuncia hace semanas dejó más preguntas que respuestas. Hoy, gracias a una investigación de El Intra Salta, sabemos que detrás de su salida habría un escándalo que el oficialismo quiere silenciar, Saicha habría sido sorprendida robando en un local comercial de San Lorenzo.
El dato no es menor. Verónica Saicha no era cualquier funcionaria; ocupaba un cargo clave en la administración de justicia, un área donde la ética debería ser intocable. Sin embargo, tras su renuncia, se supo que había tomado licencia en la Cámara de Diputados provincial, donde tiene un escaño, y que planeaba retomar sus funciones después de «enfriar» el escándalo. Pero el Gobierno calculó mal: la difusión pública del supuesto hurto obligó a sacarla de circulación. No por moral, sino por estrategia. Ahora, su regreso a la Legislatura está «congelado» hasta después de las elecciones.
Un delito público, una justicia invisible (¿O inservible?) que beneficia a Verónica Saicha
Lo más grave no es solo el presunto acto de corrupción, sino la inacción de quienes deben investigarlo. Pese a que el caso fue expuesto, no hay rastros de una investigación judicial seria. ¿Existe una denuncia policial? ¿Hubo testigos? ¿Algún funcionario del Gobierno Saicha intentó encubrirla? Estas preguntas flotan en el aire, mientras el jefe de fiscales de la provincia, Pedro García Castiella, parece más preocupado por proteger al Gobierno que por hacer su trabajo.
No es casualidad. Con elecciones en puerta, cualquier investigación que salpique al oficialismo se convierte en un riesgo. Y Castiella, en lugar de actuar con independencia, aparenta ser el guardián de los intereses partidarios. ¿Dónde queda el principio de igualdad ante la ley? Si una ex funcionaria de alto rango es acusada de robo, la Justicia debe actuar con la misma contundencia que lo haría con cualquier ciudadano. Pero en Salta, la vara parece moverse según conveniencias.
¿Volverá Saicha después del 11 de mayo?
El silencio del Gobierno y la lentitud deliberada de la Justicia alimentan una sospecha: todo esto es un paréntesis electoral. Una vez que pase la votación, ¿volverá Verónica Saicha a su banca como si nada hubiera pasado? La ciudadanía tiene derecho a saber si quienes legislan —y en su caso, quienes administran justicia— están comprometidos con la ley o con el poder.
El oficialismo apuesta a que el tiempo borre el escándalo. Pero los votantes no deben olvidar: cuando un Gobierno esconde a sus funcionarios, no lo hace por pudor, sino por miedo. Miedo a que la verdad reste votos. Miedo a que la Justicia, por fin, les alcance.
