SALTA – El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, intentó avanzar con un proyecto de ley que planteaba la baja automática de los afiliados al Instituto Provincial de Salud (IPS) una vez que accedieran a la jubilación. La propuesta implicaba que los trabajadores estatales, al retirarse, dejarían de contar con la obra social provincial y pasarían a depender del PAMI. La iniciativa generó un inmediato rechazo social, y Sáenz no tuvo más opción que retroceder.
El proyecto, lejos de ser ambiguo, era claro en su redacción: el objetivo era regular la baja automática del IPS al momento de acceder a una jubilación o pensión. Esto provocó una ola de indignación entre sindicatos, trabajadores y ciudadanos que vieron en la medida un ajuste encubierto contra un sector especialmente vulnerable.
La reacción fue rápida. Diversos sectores sociales se manifestaron públicamente, lo que obligó al gobierno provincial a salir a “aclarar” la situación. Sáenz aseguró que los jubilados no perderán la cobertura del IPS y que “jamás dependerán del PAMI”. Según su versión, hubo una “mala interpretación” del proyecto.
Sin embargo, esta explicación no convenció. La medida no fue un error ni un malentendido, sino una decisión política que apuntaba a aliviar la crisis financiera del IPS –que acumula una deuda millonaria– recortando derechos. Solo cuando el rechazo fue contundente, el gobernador optó por modificar el rumbo.
Mientras tanto, el IPS sigue intervenido, sin señales claras de recuperación. La deuda con prestadores médicos continúa creciendo y los afiliados sufren cortes de servicios. El gobierno no ha dado respuestas de fondo, más allá de esta marcha atrás forzada.
En conclusión, Gustavo Sáenz intentó imponer un ajuste por la vía legislativa, apuntando contra los jubilados estatales. La presión social logró frenar la medida, pero dejó en evidencia la fragilidad de las garantías sociales en la provincia y el uso oportunista del discurso del “orden” financiero. El gobierno retrocedió, pero la intención quedó clara.
